8 de 12 IM blancas tienen denuncias por irregularidades
Durante el año pasado el caso más resonante ha sido el de Bascou. Sin embargo, no es el único. Incluso en algunos de ellos la Justicia y la JUTEP han tenido que expedirse. En todos los casos el Frente Amplio realizó las denuncias correspondientes. Alguna
El 2017 fue un año plagado de denuncias sobre irregularidades en las Intendencias del interior. El caso más resonante fue el de Agustín Bascou. Sin embargo, no ha sido el único. En términos generales, 8 de 12 intendencias blancas tienen denuncias por irregularidades. Ante esta situación, durante todos estos meses LA REPÚBLICA ha sacado diversos informes sobre las denuncias que impulsa el Frente Amplio (FA) y que incluso, en algunos de esos casos, hasta la Justicia y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) han tenido que expedirse.
Lo cierto es que existe un debate subyacente en estos hechos: ¿Qué está pasando con las intendencias del interior? ¿Son demasiado autónomas y se deja demasiado margen de maniobra a los intendentes? ¿Existen demasiadas diferencias entre la normativa nacional y la departamental?
Según el FA, todas estas preguntas se responden de modo afirmativo. Incluso Carlos Susaye, edil de Soriano, no dudó en declararle a LA REPÚBLICA hace unos meses que “lo que está sucediendo en Soriano puede estar ocurriendo en otros departamentos. Hace muchos años que está el Partido Nacional (PN) en la Intendencia y fue el que estableció una forma de gobernar que se basa en el clientelismo, en el amiguismo y en no realizar licitaciones. A nivel nacional, son estrategias históricas del PN que lo han mantenido en el poder en varios departamentos. Esto también explica por qué en las nacionales el FA tiene una victoria contundente y en las departamentales cambia la situación totalmente”.
1) Artigas: A Caram lo acusan de nepotismo y que sacó a 400 frenteamplistas de la intendencia
Al intendente de este departamento, Pablo Caram, lo acusan de nepotismo, ya que creó un cargo que antes no existía para designar a su sobrina Valentina Dos Santos como directora general, nombró a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social. Ante esta situación, hace unos meses LA REPÚBLICA entrevistó al diputado frenteamplista por Artigas, Silvio Rios, y a Leonardo Dos Santos, presidente del FA en dicho departamento.
“Asignan sin consulta o sin licitación, por ejemplo.Y hay un caso que es claro: cuando comenzó este gobierno blanco, 400 compañeros frenteamplistas se fueron a la calle porque fueron expulsados de la Intendencia. Por tanto, no hay respeto por la necesidad y dignidad de trabajo que sienten las personas; muchos quedaron sin nada y salieron al mercado para sobrevivir”, afirmó Ríos.
“Ya es momento de proponer medidas para regular estos asuntos. Es un problema muy grave para la política uruguaya, porque para respetar la voluntad ciudadana, tenemos que tener reglas claras de ingresos por concursos y por capacitación. Todos estos hechos van en contra del proceso de profundización de la democracia y lamentablemente en Artigas el clientelismo es muy fuerte”, reflexionó Dos Santos.
Por su parte, el intendente afirmó que “los cargos en la Intendencia son de confianza, no nos apartamos para nada de la Ley”e incluso aseguró que no va a remover de los cargos a sus familiares, a pesar de la exhortación que publicó la Jutep.
2) Cerro Largo: Denuncian “abuso de poder, enriquecimiento ilícito y conjunción del interés público con el privado”
El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, recibió 15 denuncias penales durante el período de su anterior mandato, las cuales aún no han sido resueltas por la Justicia. Incluso Pedro Saravia, quien denunció 10 irregularidades mientras ocupaba el cargo de intendente cuando Botana hacía campaña política, declaró a LA REPÚBLICA que encontró algunos “procedimientos que aparentemente favorecieron a particulares en connivencia con algún jerarca municipal. Esto podría considerarse un abuso de poder, eventualmente un enriquecimiento ilícito y la conjunción del interés público con el privado”.
Asimismo, el edil frenteamplista Dardo Pérez señaló a LA REPÚBLICA hace unos meses que la bancada del FA llevó adelante una interpelación porque se echó a 300 funcionarios de la Intendencia -algunos con 20 años de antigüedad-.“Uno de los argumentos que esbozaron fue que dichas personas no bailaban la música que tocaba el intendente. El intendente planteó que no era persecución sino que algunos no calzaban sus puntos. Esto quiere decir que está muy arraigado en Cerro Largo el clientelismo político. Entran a dedo.Así funciona la Intendencia de Cerro Largo”.
3) Treinta y Tres: FA señala inequidad en el tratamiento de los contribuyentes e ilegalidad en algunos actos administrativos
La bancada frenteamplista en Treinta y Tres propuso ante la Junta Departamental la realización de una comisión investigadora para analizar el accionar de la comuna, especialmente los actos de apariencia ilícita en el cobro de los tributos municipa-
les. Según “Búsqueda”, la Justicia procesó a tres funcionarias por perdonar deudas a decenas de contribuyentes, lo que alertó al FA ya que podrían haber más implicados. Sin embargo, el pedido no prosperó por la negativa del PN.
Ante esta situación, LA REPÚBLICA habló con Nancy Viera, edila por el Frente Amplio en el departamento olimareño. “Todo surgió por la denuncia penal de un contribuyente que le cobraban por fuera de la Intendencia. Lo que nosotros señalamos es la mala gestión de la comuna y la falta de control en la recaudación tanto de contribución inmobiliaria como de semoviente. Además, sospechamos que esa falta de control podría darse en base a un clientelismo político”, declaró.
“Esa falta de control que podemos constatar generaría grandes pérdidas para las arcas de la comuna.Todo eso surge de la investigación administrativa que hizo la propia Intendencia en un período muy corto que va desde febrero a setiembre de este año, pero que implica una pérdida de 9 millones de pesos”, agregó.
4) Lavalleja: Afirman que existe nepotismo y“compras en negro”
La primera irregularidad que se señaló en este departamento es que la intendenta, Adriana Peña nombró a su hermano como director de prensa y quiso subir el salario tanto de su pareja como el de otros directores hasta un 107%. La presión mediática hizo que Néstor Gerardo Peña Hernández -el hermano de la intendenta- renunciara al cargo. Según “El Observador”, en su carta de renuncia, escribió que no tenía la intención de "generar un estado de conmoción frente a la opinión del organismo". Aseguró que "la ética siempre ha regido nuestra vida". Sostuvo que desempeñó su trabajo con "eficiencia y asiduidad”.
Por otro lado, hace unos días la intendenta perdió un juicio por "difamación e injurias", que denunció ante el periodista José Ramírez y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja y excandidato a intendente por ese departamento, Tomás Casas.
El tema del programa fueron "las compras en negro" que realizó Peña de balastro para caminería rural y ladrillos artesanales. En líneas generales, la intendenta admitió en su momento que es de práctica habitual, desde hace muchos años.
5) Maldonado: “Falta de transparencia”, ingresos “a dedo”, “nepotismo” y “entrega de viviendas sociales a los empresarios”
Los ediles frenteamplistas Eduardo Antonini y Leonardo Delgado declararon a LA REPÚBLICA que a la administración blanca le“falta transparencia”, realiza ingresos de funcionarios “a dedo”, tiene “nepotismo” y “entrega viviendas de carácter social a los empresarios”.
Según Antoni, en Maldonado hay una serie de irregularidades “muy grandes” que el FA ha denunciado. Explicó que algunas han llegado incluso a la Justicia, debido a que el pedido de acceso a la información pública que ellos han realizado les ha sido negado por la comuna.
Sostuvo que la compra de las cámaras de videovigilancia es uno de los casos que viene denunciando el FA, ya que se realizó de forma “secreta”, es decir sin otorgar licitación, y significó el valor de más de 20 millones de dólares por la cantidad de 1200 cámaras de seguridad. Pero esto no es el único aspecto irregular, según Antonini. Explicó que significó una compra “misteriosamente costosa”, ya que cuando el Ministerio del Interior adquiere cámaras de seguridad, las compra a un tercio del precio que se pagó en Maldonado.
Por último, señaló que en el presupuesto -que fue votado en la Junta Departamental con los votos del Partido Nacional ya que era mayoría- el intendente se reserva el 30% de los funcionarios que ingresen para elegirlos personalmente.
6) San José: Denuncian cifras rojas y la existencia de “cargos de confianza, horas extras y viáticos sin rendiciones de cuentas”
Hace unos meses, la Junta Departamental de San José desenmascaró una situación incómoda para el intendente José Luis Falero, quien ha perdido el apoyo de sus compañeros de partido: Alianza Nacional (AN) y el Frente Amplio (FA) votaron una moción en la que se“se censura la forma en que se han gestionado los recursos públicos”por parte del intendente.
En la moción apoyada por AN y por el FA se afirma que“la Intendencia ha incurrido en el sexto año consecutivo de déficit”, que se constata una disminución de lo ejecutado en obras y que el rubro que más ha crecido es el de recursos humanos, debido a que se han creado“más cargos de confianza, horas extras y viáticos sin rendiciones de cuentas”.
Cabe recordar que las arcas de la Intendencia josefina presentan un déficit acumulado de -742 millones de pesos y que en estos años se pagaron 83 millones de horas extras y 33 millones de pesos sin viáticos sin Rendición, según lo que afirma el informe elaborado por el dirigente del Frente Líber Seregni, Pablo Urreta.
7) Colonia: Señalan conjunción del interés público con el privado y nombramientos a “dedo”
El edil y coordinador de la Bancada del FA en Colonia, José Luis Pittamiglio declaró a LA REPÚBLICA que están denunciando las siguientes irregularidades: la conjunción del interés público con el privado por parte del primer suplente de Moreira, Napoleón Guardiol y la existencia de nombramientos a “dedo”.
Según Pittamiglio, Guardiol sigue siendo el director de una empresa grande de remates y ventas de terrenos en Colonia mientras también es el director de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Intendencia. “Nos parece que no corresponden esos dos cargos, da la impresión que está de los dos lados del mostrador. En definitiva, tiene que intervenir en la venta de terrenos y fraccionamientos y por otro lado es quien también los vende”.
Otra irregularidad denunciada por el FA refiere a un hotel que se incendió en Colonia del Sacramento el año pasado, el cual pertenece a un ex dirigente del PN, Ricardo Planchón. Según Pittamiglio, dicho hotel está en muy “malas condiciones”, prácticamente “sin habilitación alguna” y al incendiarse saltó el tema de que estaba“colgado” a la electricidad, ya que carecía de conexión oficial.“No estaba ni siquiera habilitado como pensión y la contribución es mínima si tenemos en cuenta que está ubicado en la misma rambla de la ciudad”.
8) Soriano: Se señala que Bascou permitió que la comuna comprara combustible en sus estaciones de servicio
En el último año Agustín Bascou, intendente de Soriano, se ha visto envuelto en una serie de denuncias que hacían peligrar su permanencia en el cargo. Cabe recordar que durante el año pasado fue duramente cuestionado porque permitió que su comuna comprara combustible en las estaciones de servicio que eran de su propiedad. Esta irregularidad fue planteada en la Junta Departamental, la JUTEP e incluso fue presentada ante la Justicia.
Además, desde el PN se analizó en dos ocasiones la posibilidad de sancionarlo, aunque en ambas instancias el resultado fue el mismo: le aplicaron la mínima sanción (la de apercibimiento). En términos generales, ante todas estas situaciones, Bascou siguió con su promesa, realizada en noviembre del año pasado: permanecer en el cargo.
Alba Bonino, edila por el FA en Soriano, declaró a LA REPÚBLICA a pesar de que el intendente recibió el informe “lapidario y contundente de JUTEP, “el PN ha hecho caso omiso. En términos generales, ha habido una campaña de ocultamiento aunque las pruebas están a la vista. Creemos que esto no le hace bien ni al PN ni al sistema político en pos de la transparencia, que en estos tiempos es un tema que está en crisis”.