Objeción de conciencia: una dura barrera para el aborto legal

Li liá nAbracinsk as, d ir ectoraMY SU, ofreció datos de un estudio que se aplicó en nueve departamentos del país, en el que alega que algunos centros de salud tienen “el 100% de objetores de conciencia”.

L a falta de información sobre el servicio, objeción de conciencia, déficit de profesionales y servicios que no funcionan todos los días, son algunos de los obstáculos que enfrenta la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la actualidad, así lo dio a conocer a LA REPÚBLICA Lilián Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), basada en el informe que realizó el Observatorio Nacional en Género, Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay durante el 2017.

En este estudio se destacan logros y desafíos del funcionamiento de los servicios legales del aborto en el país y también se identifican las barreras que obstaculizan la cobertura y acceso para todas las mujeres que lo requieran, ya que la ley, promulgada en 2012, sostiene que para aplicarlo sólo basta con la voluntad plena de la mujer en el período de las 12 semanas del embarazo. Las que incurran a prácticas clandestinas serán penadas por la ley.

Según cifras aportadas por el MSP, 34 mil 589 interrupciones legales de embarazo (IVE) se realizaron entre 2013 y 1016 en todo el país. Entre 6 y 8% de las mujeres que iniciaron la atención por IVE desistieron de abortar durante las etapas del proceso impuesto por la ley, quiere decir que la mayoría no revirtió su decisión.

“El alto porcentaje de los profesionales de la ginecología objetores de conciencia en IVE es un obstáculo para que las mujeres accedan a los servicios legales de aborto”.

¿En qué sectores del país cree que hace falta conocimiento de la ley y los servicios?

En general, los proveedores de salud y el MSP no difunden información sobre los servicios de aborto, por lo tanto, hay mujeres que desconocen la disponibilidad de estos, no los utilizan, llegan por el boca a boca, y no tener información adecuada puede poner a las mujeres en riesgo y fuera de la cobertura de la ley.

¿Hay temor a la sanción o a que no se sepa el motivo de la consulta?

El estigma por el aborto es la sanción moral y el prejuicio que sufren las mujeres que lo practican y los profesionales que lo realizan. En el litoral del país, en especial en los departamentos con niveles altos de objeción de conciencia, el estigma se convirtió en un obstáculo en el proceso legal de la interrupción. No es casual que en Soriano una jueza haya impedido la realización de un aborto a una mujer que cumplía los requisitos legales. El miedo a la sanción o a que no se preserve la confidencialidad en los centros de salud, es uno de los motivos expresados por las entrevistadas para no recurrir a los servicios legales.

¿En todos los departamentos cuentan con los equipos para hacer la práctica de la IVE?

En cinco de los departamentos monitoreados los equipos IVE solo funcionan en las capitales departamentales (Salto, Paysandú, Rivera, Florida y Río Negro), las mujeres que viven en las localidades deben trasladarse para acceder a la atención y no sólo deben recorrer largas distancias sino que también deben enfrentarse con que algunos centros de salud tienen el 100% de objetores de conciencia.

¿Y cuáles son las situaciones que afrontan algunas mujeres del interior que no cuentan con el servicio en su localidad?

Primero, deben salir a las capitales departamentales y tienen problemas para resolver el cuidado de sus familias por ausentarse algún tiempo del hogar; además de la pérdida de tiempo del trabajo remunerado. La mayoría vive la experiencia en soledad por no contar con recursos para gastos de acompañante. La necesidad de explicar los motivos de su ausencia puede generar rechazo.Y finalmente la falta de recursos para afrontar todos los gastos que todo ello implica.

¿Hay vacío de profesionales para el funcionamiento de los servicios?

La ley sólo habilita a profesionales de la ginecología a realizar IVE 3, lo que restringe la cantidad de especialistas que podrían intervenir en esta etapa. Por otra parte, 98,8% de las interrupciones se hacen con medicamentos, en otros países con aborto legal, la receta del medicamento la indican otros profesionales debidamente capacitados. Entonces, en algunas localidades no hay suficientes especialistas de las distintas disciplinas requeridas para integrar los equipos y no es posible cubrir todos los horarios de atención.

MYSU detectó que en el interior hay un déficit de profesionales en trabajo social y psicología, además, la capacitación en salud sexual y reproductiva a equipos y funcionarios es insuficiente, así como escasa sensibilización para el resto del personal que se relaciona con las usuarias que transitan el embarazo no deseado.

La objeción de conciencia es una barrera difícil de derribar. ¿Qué opinión le merece a esta realidad?

El alto porcentaje de los profesionales de la ginecología objetores de conciencia en IVE es un obstáculo para que las mujeres accedan a los servicios legales de aborto. MYSU encontró que la objeción de conciencia supera el 60%, en seis de 10 de los departamentos monitoreados. Los principales objetores se encuentran en el litoral (Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano) y la zona noreste (Rivera y Cerro Largo). También se detectaron localidades con 100% de objetores como Mercedes (Soriano), Young (Río Negro) y Castillos (Rocha), esta situación perjudica a las mujeres del interior, en especial a las que residen en el medio rural porque son las más vulnerables.

También está el tema del control post aborto ¿Se está cumpliendo la medicación de anticonceptivos?

Según cifras del MSP casi un tercio de las mujeres que hacen IVE 3 no llega a IVE 4, es decir, no se controlan en el post aborto y no se les asesora en anticoncepción. En 2016, de todas las mujeres que fueron a IVE 4, el 84% salió con un método anticonceptivo.

¿Hay casos de mujeres que no estén contempladas en la ley?

Si. La población inmigrante con menos de un año en el país. Si requieren practicarse un aborto lo hacen de manera clandestina. Lo que es injusto, discriminatorio y no se adecua a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo a nivel internacional y regional.

¿Frente a todo el panorama, qué propone MYSU para mejorar el cumplimiento de la ley?

Que se garanticen los recursos para asegurar los equipos y disponer de los insumos que brinden mejor atención a las féminas en los plazos que habilita la ley. Fortalecer el sistema de rendición de cuentas con el fin de conocer datos públicos para monitorear y evaluar la respuesta ante la práctica del aborto. Mejorar la promoción de una política integral de salud sexual y reproductiva. Difundir los servicios de aborto para que las mujeres no incurran en prácticas inseguras y desarrollar mecanismos de recepción de denuncias para corregir la ausencia de servicio o mala calidad de atención e incumplimiento de la norma.