Juristas extranjeros se reúnen con la líder social Milagro Sala
Está con prisión domiciliaria desde enero de 2016.
Una delegación de prestigiosos juristas internacionales se encuentra en Argentina donde tiene previstas varias reuniones para conocer el estado de los Derechos Humanos y visitarán a la líder social Milagro Sala, presa hace más de dos años.
Integran la comitiva los expertos Barbara Louis Jackman; Frederika María Rotter; Francisco Eladio Ramirez Cuellar; Mora Garzón, Astrid Mayerly y Thomas Egan, provenientes de Canadá, Colombia y Estados Unidos, quienes la víspera se reunieron con los abogados de Sala para conocer sobre las irregularidades del Poder Judicial en su caso.
De visita en la provincia de Jujuy, donde la líder y también parlamentaria del Mercosur se encuentra detenida desde enero de 2016, los juristas tienen pre- visto visitarla en la prisión domiciliaria del Barrio de El Carmen, custodiada por la Gendarmería Nacional.
También conocerán a las presas y presos políticos de la Tupac Amaru, organización que lidera Sala, en los penales de Gorriti y Alto Comedero. Durante su estadía, los expertos tienen previsto el martes realizar en Buenos Aires una rueda de prensa para informar la situación relevada durante su recorrido por Jujuy. Una vez finalizada se llevará a cabo una mesa redonda sobre las violaciones al Estado de Derecho en Argentina y Latinoamérica.
En el conversatorio, además de los cinco letrados, estarán presentes Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Sala; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales; Eduardo Tavani Secretario de Relaciones Institucionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y miembro del Comité por la Libertad de Milagro.
La delegación se reunirá además con los Organismos de Derechos Humanos y visitarán el Parque de la Memoria y el excentro de tortura durante la dictadura militar (1976-1983) ESMA. Sala fue encarcelada en enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.
A esa causa le añadieron durante los meses siguientes otras como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas y también se le acusa de ser autora de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Asimismo, se le imputó en otro expediente como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.
Posteriormente fue traslada a prisión domiciliaria por un mes hasta que la Cámara de Apelaciones revocó esa medida para la dirigente social, quien fue otra vez trasladada a la cárcel por la fuerza y sin notificación previa el 14 de octubre pasado. Finalmente, y por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mandato de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 15 de diciembre fue trasladada a una vivienda para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial que la mantiene en prisión preventiva desde hace 24 meses.