A 45 años de la jornada más oscura en la historia política del Uruguay

Hoy se cumplen 45 años también del inicio de la huelga general contra la dictadura.

Hoy día la mayoría de los crímenes de la dictadura uruguaya y de la región todavía siguen impunes y muchos de los familiares o expresos políticos, siguen sin obtener respuestas de parte de la Justicia.

Las decisiones tomadas en los últimos años por la Suprema Corte de Justicia frenaron algunos de los casos que se estaban investigando y solo unos pocos represores recibieron condena en notoria omisión a la legislación internacional vigente sobre los crímenes de lesa humanidad o a sentencias internacionalmente reconocidas como la sentencia del caso Gelman de la Corte Interamericana de DDHH.

Sumado a ello, en los últimos meses se registraron preocupantes revelaciones, como las que surgieron de la Comisión Investigadora de Espionaje en Democracia, que constató que hubo una línea de continuidad durante los primeros años de gobierno democrático.

En el mismo tener se han constatado amenazas, a comienzos del año pasado, del autodenominado“Comando Barneix”a trece personas vinculadas a los derechos humanos, a las que se les advirtió que por cada nuevo procesamiento serían asesinados tres personas de la lista.

"El suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista", advirtió el comunicado.

La amenaza enviada por email alcanzó a la exfiscal, vinculada a históricas causas de DDHH, Mirtha Guianze, a la ex vicecanciller Belela Herrera; a los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; al activista brasileño Jair Kirshke y al jurista francés Louis Joinet, además del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El affaire de los archivos Castigiloni también puso al descubierto el espionaje ilegal y descontrolado durante décadas contra sindicatos, figuras políticas y DDHH, por parte de los aparatos de inteligencia militares.

Otra situación que provocó alarma fue el sugestivo robo y la amenaza que sufrió el equipo de antropólogos que realizaba la búsqueda de restos de desaparecidos y que causó alarma y preocupación entre las autoridades. El hecho ocurrió en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y tomó relevancia al conocerse que personas desconocidas ingresaron a la oficina del equipo forense, sin forzar las cerraduras y sin que sonaran las alarmas, y se apropiaron del disco duro de la computadora y de otro material archivado. La investigación judicial no arribó a ningún resultado.

A esto se suma la decisión de la Suprema Corte que en su sentencia del pasado 4 de diciembre de 2017, por mayoría reiteró el argumento de que“los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad”. Así, por segunda vez en el mismo año, este tribunal declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831, que impiden computar plazo alguno de prescripción para los llamados “delitos de terrorismo de estado” cometidos en Uruguay hasta el 1º de marzo de 1985.

La decisión de la SCJ fue condenada por organismos internacionales como Amnistía Internacional que reiteró una vez más que los crímenes cometidos en Uruguay durante el gobierno militar son imprescriptibles, “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es estado parte.

Es de señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ya refrendado esta postura en el caso Gelman contra Uruguay, afirmando que las “graves violaciones de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas” son crímenes imprescriptibles.

Distintos referentes sociales y políticos consultados por LA REPÚBLICA en las últimas semanas analizaron la situación de los derechos humanos y los últimos episodios que registrados en el país.

Mirtha Guianze

“No se ha investigado absolutamente nada sobre el Comando Barneix, la investigación ha sido indiferente ante este asunto. Incluso, cuando hablé con el funcionario encargado de investigar el tema y le pregunté si no iban a relacionarlo con el archivo Castiglioni, me dijo que no sabía quién era Castiglioni, y que no tenía idea. Me llamó la atención que Inteligencia no relacionara los asuntos entre sí, como lo que pasó en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). Me dijo que no iban a relacionar nada. Si Inteligencia no relaciona un caso con otro, y no busca coincidencias, la investigación no tiene mucho futuro”. No es un asunto aislado, sino que se vincula con otros episodios que han sucedido y que pueden volver a suceder: el robo del GIAF, algunos comunicados y las declaraciones de los militares. “Sin embargo, aparentemente no han tenido ningún eco en las autoridades. Por tanto, lo medular es preguntarse si vamos a dejar que estas personas se manejen en la impunidad. No se ha dado la importancia que esto tiene como síntoma de que hay personas que lo organizan, que pueden amenazar impunemente y hacer declaraciones públicas en términos que no son acordes con la democracia. Hay que tomar medidas, pero son las autoridades las que tienen que hacerlo”.

“Con respecto al robo de Humanidades, no se sabe en qué estado está la investigación. Los expedientes están en presumario, no se tiene información y creo que no ha pasado absolutamente más nada. Por tanto, son investigaciones frustradas que le producen a uno una especie de desencanto”, declaró Mirtha Guianze a LA REPÚBLICA.

Juan Raúl Ferreira

“Durante los primeros 5 años de democracia hubo actos institucionales de la dictadura que se seguían haciendo, candidatos a la Presidencia presos y también proscriptos. Entonces ¿se puede hablar de democracia? El propio presidente de la época dice que no estaba enterado que la Policía, que tiene que estar bajo de su mandato, realizaba tareas de espionaje. Por tanto, la democracia era a medias, ya que el presidente ejercía el gobierno pero el poder de la dictadura no se había desmantelado”.“No era que estaban los buenos por un lado y los ma-