ONU acusa a fuerzas de seguridad del Congo de crímenes de guerra
Asesinatos, violaciones y esclavitud sexual.
Expertos de la ONU que investigaron las atrocidades cometidas desde 2016 contra poblaciones civiles en la región de Kasai, en República Democrática del Congo, acusaron a las fuerzas de seguridad y a las milicias locales de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
“Es urgente establecer una política de desarme de las milicias y un proceso de reconciliación para evitar una nueva ola de violencia y permitir el retorno de desplazados y refugiados”, dijeron los investigadores de la ONU, que recibieron un mandato de un año en junio de 2017 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La región de Kasai, en República Democrática del Congo, fue escenario entre 2016 y 2017 de un violento conflicto originado tras la muerte del jefe local Kamuina Nsapu, el 12 de agosto de 2016. Los enfrentamientos entre las milicias Kamuina Nsapu y las fuerzas de seguridad, respaldadas según el informe por las milicias Bana Mura, dejaron más de 3.000 muertos y 1,4 millones de desplazados.
Según los investigadores de la ONU, que pudieron conocer la situación sobre el te- rreno, “algunos de los abusos cometidos por las fuerzas de defensa y de seguridad, por las milicias Bana Mura y por la milicia Kamuina Nsapu constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, así como violaciones y vulneraciones de los derechos humanos”. Según el informe, los ataques llevados a cabo por las fuerzas de seguridad y defensa, la milicia Kamuina Nsapu y las milicias Bana Mura “se cometieron contra poblaciones civiles de forma generalizada o sistemática y siguiendo la política de un Estado o una organización cuyo fin era dicho ataque”. Estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad según los expertos, que citan asesinatos, violaciones, reducción a la esclavitud, sobre todo sexual, persecuciones y otros actos inhumanos. Pero lamentan que “subsiste un problema muy grave de impunidad a la luz de la amplitud y la gravedad de los crímenes”. Su informe debe presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos el 3 de julio.