Abominables secuelas de la impunidad

La constatación de la existencia de espionaje militar en el período de la posdictadura, constituye un inequívoco testimonio de la impunidad con la cual actuaron los uniformados durante los gobiernos de los partidos tradicionales. En efecto, no resulta creíble en modo alguno que los servicios de inteligencia heredados de la dictadura actuaran por su cuenta sin que mediara una orden de alguna jerarquía política. En ese contexto, son absolutamente indigeribles las declaraciones del ex presidente Julio María Sanguinetti, pronunciadas a la salida de su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la existencia de actividades de espionaje a partir de 1985. Las afirmaciones del ex mandatario colisionan radicalmente con todo atisbo de verosimilitud, cuando admite lo que antes negó: la existencia de operativos de vigilancia militar a partidos políticos, sindicatos y hasta a organizaciones religiosas. Si bien es sabido que Sanguinetti es un personaje sinuoso y ambiguo que juega permanentemente con la verdad, es evidente que no se puede confirmar la existencia de actividades de inteligencia militar en democracia y a la vez afirmar que las jerarquías políticas no tenían relación alguna con esas prácticas clandestinas. Esa actitud, que está en sintonía con sus posturas políticas históricas, constituye ciertamente toda una contradicción que desafía las más elementales reglas de la lógica. Incluso, se rasgó las vestiduras afirmando que “en lo personal, puedo decir que también fui víctima de episodios de este tipo. Así como en el año 1997 le volaron el auto al diputado Cores, a mí me volaron el estudio y esa era gente vinculada a funcionarios de espionaje”. Empero, desde el Frente Amplio se acusa a Sanguinetti de convalidar esas tareas encubiertas, recordando la buena relación existente entre el mandatario colorado y uno de los personajes más connotados de la dictadura: el general Hugo Medina. Como se recordará, Medina, que era comandante en jefe del Ejército cuando asumió el primer gobierno democrático luego de la larga noche autoritaria, fue designado en 1987 como Ministro de Defensa Nacional por el propio Sanguinetti. Medina fue una figura clave del cuestionado Pacto del Club Naval, que derivó en elecciones nacionales con ciudadanos proscriptos, presos políticos y organizaciones partidarias prohibidas, luego de once años de despotismo. Incluso, en 1986 el militar desafió abiertamente al Poder Judicial siendo comandante en Jefe del Ejército, cuando guardó en una caja fuerte las citaciones judiciales a los militares represores. Esta actitud, que en su momento fue interpretada como una suerte de golpe de Estado técnico y de abierta insubordinación, resultó clave para el proceso de elaboración y ulterior sanción de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848, que perdonó los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Obviamente, la norma fue votada en masa por el oficialismo representado por entonces por el Partido Colorado, y por sus socios de la mayoría del Partido Nacional. Las secuelas de este cuerpo normativo- que es flagrantemente inconstitucional y ha sido incluso condenado por los organismos de derechos humanos de la comunidad internacional- permanecen vigentes en el presente. La derogación o anulación de la ley -que ha sido defendida a rajatabla y sin pruritos por la derecha durante treinta y dos largos años- fue desestimada en sendas consultas populares concretadas en 1989 y 2009. Aunque el 27 de octubre de 2011 el Parlamento Nacional aprobó con los votos del Frente Amplio la ley Nº 18.831 que perforó la impunidad al declarar que los delitos perpetrados durante la dictadura eran de lesa humanidad, la Supremo Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Pese a que esa decisión no frenó del todo los juicios contra los represores y actualmente hay una fiscalía a cuyo cargo está el diligenciamiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, más de trescientas causas permanecen estancadas en los estrados judiciales, según lo denunciado por el Observatorio Luz Ibarbouru. Esta recopilación -que es obviamente un crucial fragmento de historia recientees parte del relato de la impunidad originado por la innegable connivencia entre el poder político y el poder militar fraguada con la sanción de la impresentable Ley de Caducidad. Resulta obvio que el extinto ex ministro general Hugo Medina - hombre de confianza de Julio María Sanguinetti en tanto ocupó la titularidad de la Secretaría de Defensa Nacional durante su primer gobierno- fue uno de los grandes arquitectos de este deleznable proceso de atentado a la democracia. Como las Fuerzas Armadas salieron fortalecidas de esa pulseada en la cual el poder político claudicó por acción u omisión, no es extraño que haya sobrevivido intacto buena parte del aparato represivo de la dictadura. “Hoy pudimos comprobar y demostrar la existencia de espionaje sistemático en democracia. Espionaje, no como hechos aislados en alguna dependencia del Estado, sino que ordenado por quien fuera comandante del Ejército en 1985”, declaró el diputado frenteamplista e integrante de la comisión investigadora Luis Puig, en directa alusión a Medina. Incluso, el ex director de inteligencia militar Óscar Otero confirmó, en el ámbito de la comisión investigadora parlamentaria, que la recopilación de información de partidos políticos y organizaciones sociales era“una costumbre” que sobrevivió a la propia dictadura. Evidentemente, luego de este y otros testimonios, Julio María Sanguinetti no tuvo otra alternativa que admitir la existencia de espionaje en democracia, aunque deslindó toda responsabilidad jerárquica en esas actividades. ¿Por qué nadie ordenó el desmantelamiento de esos servicios de inteligencia militar durante los tres gobiernos colorados y el gobierno nacionalista de la posdictadura? Obviamente, si los gobiernos de la época conocían la existencia de ese aparato de espionaje y lo dejaron operar a su antojo, existió una actitud de prescindencia o bien de soterrada complicidad del poder político con el poder militar, que garantizó, por ejemplo, la impunidad de los delitos de lesa humanidad durante más de veinte años. Todo parece indicar que, por lo menos en el decurso de dos décadas, vivimos en una suerte de democracia tutelada que impidió también el desmantelamiento de otros privilegios de la casta militar, como, por ejemplo, el escandaloso régimen de pasividades que aun rige para los retirados del personal castrense. En definitiva, la confirmación de la prosecución del espionaje militar en tiempos de plena vigencia del estado de derecho, constituye otra de las abominables secuelas de la impunidad.