El Frente Amplio denuncia que se está ante “una persecución judicial contra Lula Da Silva”
La Mesa Política del Frente Amplio emitió un comunicado ante una nueva “ofensiva judicial” en Brasil contra el ex Presidente Lula. Ante un fallo favorable al Habeas Corpus interpuesto a los efectos de garantizar los derechos políticos del ex Presidente para ser candidato y poder realizar campaña electoral, “se desencadenó una nueva ofensiva judicial y de la Policía Federal contra el expresidente”, indica la resolución.
El fallo dictado por el Juez Rogelio Favreto, juez de turno del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región suspendía la ejecución provisoria de la pena.
El juez Favreto en su fundamento de liberación sostuvo que la ilegal e inconstitucional pena impuesta al ex Presidente Lula, no puede castigar sus derechos políticos, y no puede restringir el derecho a los actos inherentes a la condición de precandidato al cargo de Presidente. Sosteniendo que “la ruptura de la igualdad entre los precandidatos sería suprimir la propia participación popular de los comicios”.
“Una vez que le fue concedida la libertad por el Juez de Favreto y liberada la orden de ponerlo en libertad en forma inmediata, el juez Sergio Moro, de licencia en Portugal, comunicó a la Policía Federal que no fuera liberado y que se consultara a otro Juez en este caso Joao Pedro Gebrán Netto, del mismo rango que quien había dictado el fallo favorable al Habeas Corpus. Gebrán Netto que no estaba de turno ordenó no liberar a Lula, aduciendo que correspondería a él que fue el relator del proceso que condenó a
Lula a doce años y un mes, a analizar el despacho”. El Juez Rogerio Favretto volvió a ordenar la liberación de Lula en el entendido que estando en funciones su orden no podía ser revocada por otro Juez, y que exigía una instancia colegiada que tomara dicha resolución de revocación de su fallo.
Ante estos sucesos la Mesa Política del Frente Amplio reafirma una vez más “que se está ante una persecución judicial contra el ex presidente Lula no sólo para evitar que sea candidato, sino para impedir que realice campaña electoral”.
“Que el hecho que, estando de licencia fuera del país el Juez Sergio Moro y dilatando el cumplimiento de la orden judicial por parte de la Policía Federal, no se concretara su excarcelación y a pedido de Moro, se procediera a consultar al Juez del Tribunal de Revisión Federal que dictó el rechazo de la apelación ante el fallo en primera instancia, expresa la connivencia entre actores judiciales y de la Policía Federal de Curitiba”, expresa la resolución que además resalta que “esto es continuidad del accionar de las elites de poder (empresarial y mediática) de Brasil, que en connivencia con actores del Poder Judicial, de la Policía Federal y del Ministerio Público, llevan adelante para impedir la participación del ex presidente Lula en la campaña electoral y llevar adelante un plan que pretende castigar desde el punto de vista económico y social a los sectores populares y someter la soberanía a los grandes intereses transnacionales.
Como ha quedado planteado por cientos de juristas a nivel del propio Brasil y a nivel internacional, la utilización de la Justicia con fines políticos pone en cuestión el Estado de Derecho en el vecino país”.
Por paz en Colombia
La Mesa Política se pronuncio además sobre “los asesinatos de más de 300 líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y desmovilizados en Colombia y a más de 50 desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)”.
“Esta situación se ha visto agravada, luego de las recientes elecciones presidenciales, en tanto se han sumado los asesinatos de coordinadores regionales de la campaña presidencial del candidato opositor Gustavo Petro”, indica en su declaración, afirmando que ante estos hechos considera que “el fracaso del proceso de paz no sólo afectará al hermano pueblo de Colombia sino que afectará al conjunto de la región”.
Además apunta al gobierno colombiano que debe “garantizar la desarticulación de todas las bandas paramilitares y proteger la vida de representantes políticos y sociales. Debe asimismo garantizar el ejercicio libre de la actividad política y social”.