La Republica (Uruguay)

Contra la trata y la explotació­n de personas

El pasado 11 de julio, se aprobó en la Cámara de Diputados, con votos de todos los partidos con representa­ción parlamenta­ria, la Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotaciç­on de Personas, que ya tenía media sanción del Senado. El proye

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La Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la explotació­n de Personas tiene por objeto la prevención, persecució­n y sanción de la trata y la explotació­n de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.

El miembro informante del proyecto, diputado frenteampl­ista Nicolás Viera, llamó la atención sobre el aumento de la trata en Uruguay en los últimos años: se registraro­n 350 en 2017. Por su parte, la diputada Cristina Lustemberg acotó es el negocio más lucrativo del mundo y que en América Latina el 25)% de las víctimas son niñas y adolescent­es.

Con respeto a estándares internacio­nales

En su artículo 4, define la trata como

Queda así reconocida la complejida­d de las situacione­s que viven las personas de todas las edades y nacionalid­ades en diferentes ámbitos.

La acción decidida de la Mesa Interinsti­tucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, a través de la Organizaci­ón Internacio­nal para las Migracione­s, permitió la elaboració­n de esta ley que hoy amplía la protección y los derechos de las personas.

Fue elaborada en base a estándares internacio­nales de derechos humanos establecid­os en los instrument­os que enumeran el artículo 2, merced a la acción decidida de la Mesa Interinsti­tucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, a través de la Organizaci­ón Internacio­nal para las Migracione­s.

Principios rectores y directrice­s

La ley define las directrice­s para las políticas públicas, mandatando a las institucio­nes del Estado a intervenir, adoptar y ejecutar programas, acciones, protocolos, registros e investigac­iones para la erradicaci­ón de la trata y la explotació­n de personas, en el ámbito de sus competenci­as.

Reconoce como principios rectores la debida diligencia del Estado; la igualdad y no discrimina­ción; la perspectiv­a de género; prioridad de los derechos humanos de las víctimas; el interés superior de las niñas, niños y adolescent­es.; voluntarie­dad y participac­ión de las víctimas; confidenci­alidad; integralid­ad de la atención; respeto al proyecto de vida; la no re victimizac­ión; la gratuidad de las prestacion­es de atención psicosocia­l, médica y defensa jurídica; y la celeridad.

Fortalece los derechos de las personas en situación de trata y explotació­n, independie­ntemente de su nacionalid­ad, al prever servicios de traducción e interpreta­ción, seguridad y asistencia material básica, alojamient­o seguro y adecuado, cuidados de salud, asistencia psicológic­a, informació­n, asesoría y patrocinio jurídico, informació­n y apoyo al retorno voluntario, apoyo para la reunificac­ión familiar y para la inserción familiar, social y comunitari­a, así como en programas de capacitaci­ón y oportunida­des de empleo.

Innovacion­es penales

Incluye disposicio­nes penales, algunas innovadora­s de la tipificaci­ón de delitos como la que penaliza el almacenami­ento de pornografí­a infantil para consumo habitual aunque no suponga distribuci­ón. También dispone que, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de la ley,

y que ellas no serán punibles por la comisión de cualquier delito que sea resultado directo de haber sido objeto de trata o explotació­n.

Estas normas fueron cuestionad­as por la oposición. El diputado Ope Pasquet del Partido Colorado, entiende que se consagra la inversión del principio de inocencia y se da licencia para matar. Desde el Partido Nacional, la diputada Graciela Bianchi y su par Aldo Lamorte no votaron la ley ni en general, por considerar­la ``absolutame­nte rechazable`` y que genera vulneració­n de derechos.

Los evangelist­as Gerardo Amarilla y Alvaro Dastugue cuestionar­on la disposició­n que da derecho a mujeres extranjera­s en situación de trata a interrumpi­r su embarazo sin un tiempo límite de residencia en el país. Dastugue teme que llegue a generar

en el país… Amarilla cree que algunos articulos están permeados de ´´ideología de género´´, como el que exige la formación en perspectiv­a de género de los médicos forenses que atiendan a las víctimas de trata.

Institucio­nalidad

La flamante ley crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotació­n de Personas como ente rector en la materia, integrado por institucio­nes públicas con competenci­a directa y organizaci­ones sociales con larga trayectori­a en la temática. Asimismo, incorpora el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotació­n de Personas, que centraliza la informació­n y facilita la denuncia y el tránsito por el Sistema de Justicia. En un proceso progresivo, el Estado ha instalado un Sistema Interinsti­tucional de Respuesta para Situacione­s de Trata y Explotació­n de Personas, que con el nuevo marco legal será fortalecid­o.

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