La recurrente intromisión imperialista
Con inocultables resabios de la guerra fría, el imperialismo norteamericano sigue incurriendo, en pleno tercer milenio, en nuevas modalidades de penetración e injerencia en América Latina y en particular en Uruguay.
En el marco del gobierno del inefable y ultra-derechista Donald Trump -que parece un mandatario de una república bananera- y lanzando amenazas contra los países que osan desafiar su prepotencia, los Estados Unidos se sienten con derecho a perpetrar nuevos actos de incalificable intromisión en los asuntos internos de naciones soberanas.
Ahora, a su habitual dialéctica belicista la potencia del Norte suma añejas estrategias de agresión verbal e intimidación, para satisfacer su recurrente patología conspirativa y preservar sus aviesos apetitos neocolonialistas a escala global.
Un reciente informe del Departamento de Estado norteamericano sobre el “clima de inversión” en nuestro Uruguay, corrobora la arraigada vocación imperial de los yanquis, que viola el principio de no intervención consagrado por la carta de la Organización de las Naciones Unidas.
El lenguaje empleado confirma la clara sintonía entre el reaccionario gobierno norteamericano, el empresariado uruguayo y, por supuesto, la derecha vernácula aliada al gran capital.
Del reporte del Departamento de Estado se infiere que la política interna del gobierno frenteamplista no es del agrado de los gendarmes de la Casa Blanca, quienes, naturalmente, pregonan el más rabioso neoliberalismo y el libertinaje de mercado.
El documento -que analiza también la realidad de otros países y está obviamente contaminado de subjetividades y de falacias- fustiga, sin cortapisas, las regulaciones aplica- das por el gobierno uruguayo y los diversos mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores.
Al respecto, advierte que en Uruguay “los representantes del sector privado señalan que la estrecha relación de los sindicatos con el gobierno significa que los Consejos de Salarios tripartitos frecuentemente incrementan los salarios sin tomar suficientemente en cuenta la capacidad de las empresas para absorberlos”.
Esto es literalmente mentira, en tanto las últimas dos rondas de negociación colectiva concluyeron con bastante más de un 80% de acuerdos entre las partes, con o sin intervención de la representación gubernamental. En casi todos los casos, el desacuerdo fue la excepción y no la regla.
Por supuesto, parecería inverosímil que los empresarios acordaran con sus trabajadoras mejoras e incrementos salariales que excedieran sus posibilidades y comprometieran sus economías.
El informe recuerda que Uruguay se colocó en el puesto 76 entre 176 países analizados para el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, pero que, en el subíndice de relaciones laborales, se ubicó 121 entre 137.
El ranking anual es elaborado por Instituto World Economic Forum, que mide diversas variables de interés para la clase dominante que detenta la propiedad del capital.
Para estos auténticos profetas y voceros del sistema hegemónico de acumulación, toda restricción a la operativa del mercado es inconveniente y contraria a las reglas del neoliberalismo.
En otro orden, los autores del análisis señalan que “muchos inversionistas estadounidenses y regionales han mostrado preocupación, porque los sindicatos uruguayos pueden ocupar lugares de trabajo y de esa manera parar la operativa con pocas repercusiones”.
“Los sindicatos se hacen sentir y los conflictos laborales pueden escalar rápidamente con huelgas que afectan la productividad”, agrega explícitamente el reporte.
Resulta insólito que se critique la actividad sindical, que es naturalmente inherente a todo sistema democrático que se precie de tal. Tal vez el imperio añore los tiempos de la dictadura, cuando las organizaciones gremiales estaban prohibidas por ley y los empresarios se enriquecían a costa de la fuerza de trabajo.
En este caso, el Departamento de Estado trasunta una absoluta falta de respeto a los legítimos derechos de los trabajadores uruguayos, quienes demuestran permanentemente su intrínseca madurez anteponiendo el diálogo al conflicto.
En efecto, contrariamente a lo que afirman las cámaras empresariales que han elevado una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, los conflictos largos y las ocupaciones de los lugares de trabajo son mínimas.
Para el movimiento sindical, se trata siempre de una medida de lucha extrema, que se aplica en la hipótesis de flagrante intransigencia patronal o cuando está en riesgo la fuente de trabajo, por la inminencia de cierre o lock out patronal.
Normalmente, las diferencias se dirimen en la mesa de negociaciones, con una siempre activa e imparcial participación de le delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En efecto, durante los últimos trece años no existió un clima de agitación sindical salvo excepciones, merced a la aprobación y aplicación de la Ley de Negociación Colectiva.
Esta norma cortó con la radicalización de la histórica dicotomía entre capital y trabajo, que en el pasado era moneda corriente por las políticas pro-patronales de los gobiernos de derecha que detentaron el poder durante más de un siglo de historia.
Hoy, existe un clima de entendimiento que se refleja en el número de consensos logrados por las partes en las instancias negociadoras, que demuelen la dialéctica de la mentira que trasunta el tendencioso informe.
En otro pasaje del texto se llega al desiderátum del absurdo, cuando se expresa que “en charlas con la embajada, propietarios de empresas y gerentes frecuentemente describen las leyes laborales locales como rígidas y muy pesadas”.
Evidentemente, para las cámaras empresariales la mejor regulación es la que no existe. Por eso, desde sus espacios de poder operan permanentemente y apuestan al regreso del bloque conservador al gobierno.
Si la legislación laboral uruguaya fuera tan rígida, no existirían casos de abuso patronal y persecución sindical, y tampoco prácticas de inmoral explotación laboral, como sucede con frecuencia en el agro pese al marco normativo vigente.
Al Departamento de Estado también le molesta la afinidad entre los sindicatos y el gobierno y la actitud de los jueces, “que tienden a favorecer a los trabajadores asumiendo que son la parte más débil”.
La reflexión que aflora con respecto a esta observación, es que si los empresarios no atropellaran derechos, no sería necesario dirimir los contenciosos en los estrados judiciales.
Evidentemente, el Departamento de Estado norteamericano sigue actuando como en el pasado, cuando, junto a la CIA, orquestaba golpes de Estado, derrocaba gobiernos y ordenaba acciones militares contra países no genuflexos que no se resignaban al vasallaje.