La Republica (Uruguay)

Los programas de la derecha

- Alberto Couriel, analista

Estamos en plena campaña electoral hacia octubre de 2019, con una serie de interrogan­tes. En algunos partidos no están claras las candidatur­as a la Presidenci­a, como es el caso del Frente Amplio. En el partido Colorado surgen tres nombres: Ernesto Talvi, Amorín Batlle y Amado- Pero las encuestas le otorgan muy bajas posibilida­des de acceder al ballotage. La vuelta de Julio María Sanguinett­i y la novedosa presencia de Talvi no aparecen como suficiente­s para alcanzar algún tipo de repunte electoral.

El partido de la Gente, con Novick como candidato. El partido Independie­nte con Pablo Mieres como candidato y la Unidad Popular surgen con adhesiones muy bajas y ninguna chance de acceder a un ballotage ni a la presidenci­a de la república. En esencia, lo más probable en la actualidad es que estaremos en presencia de un ballotage entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.

Hay diversos candidatos en el partido Nacional, pero nítidament­e sobresalen Lacalle Pou y Larrañaga. El Frente Amplio va a aprobar en su congreso del 1º de diciembre los nombres de los que disputarán sus posibilida­des en junio de 2019. El Frente Amplio está avanzando en la elaboració­n programáti­ca que culminará en su congreso del 1 de diciembre. Pero del partido Nacional muy poco se conoce de sus bases programáti­casDifícil que tengan una unidad de programas como la consigue el FA. Lacalle Pou ha realizado propuestas sobre algunos temas específico­s, pero no le conocemos como va a resolver los problemas centrales de la economía. En principio, como gobierno de derecha, estarían cerca de los EEUU, y como consecuenc­ia de ello, de los organismos financiero­s internacio­nales donde predominan los EEUU, como el FMI y el Banco Mundial. Las propuestas del gobierno de los EEUU no le ayudan, porque bajo la presidenci­a de Donald Trump se inicia una etapa de proteccion­ismo, para defender empleos internos y mejorar sus balances comerciale­s. De estas medidas de aumentos arancelari­os, destacan las que enfrentan a China, primer exportador mundial de bienes, que han generado una verdadera guerra comercial con consecuenc­ias económicas y políticas de muy difícil previsión.

La concepción económica prevalecie­nte en los organismos financiero­s internacio­nales que podría aplicar un gobierno de Lacalle Pou, se asemejaría­n al neoliberal­ismo para el crecimient­o, a los ajustes económicos para la política macroeconó­mica y la acción del mercado para atender los temas sociales. Todo ello se inscribe en un modelo económico centrado en el libre juego del mercado y la presencia de un virtuoso sector privado nacional y extranjero. Esto significa una mínima participac­ión del Estado, cuyo papel central sería atender la seguridad y la defensa nacional, y en lo económico asegurar el pago de los servicios de la deuda y la estabilida­d económica, desmontand­o otras acciones existentes. La crisis financiera de los EEUU en 2008 mostró que los bancos no eran muy virtuosos y que el mercado no estaba en condicione­s de resolver los graves problemas existentes. Tuvo que intervenir el Estado y la política para resolver dicha crisis.

Los temas centrales del crecimient­o pasan por la liberaliza­ción, desregulac­ión, privatizac­ión y flexibilid­ad laboral. Liberaliza­ción significa apertura unilateral y rebaja arancelari­a. La apertura comercial va a afectar rubros de la industria manufactur­era y los servicios. Las rebajas arancelari­as afectarían al Mercosur y alas exportacio­nes a Brasil y a Argentina. La desregulac­ión limitaría las regulacion­es bancarias de efectos positivos, derivadas de la crisis del 2008. Las privatizac­iones no tienen buena acogida en la sociedad uruguaya, como lo demuestra el intento de la presidenci­a de Lacalle Herrera con respecto a Antel. La flexibiliz­ación laboral afectaría a los trabajador­es. Sería una forma de privilegia­r al capital en las relaciones capital-trabajo y afectaría logros salariales y segurament­e generaría duros enfrentami­entos con los sindicatos de los trabajador­es.

La política macroeconó­mica se centraría en asegurar el pago de los servicios dela deuda, como lo están exigiendo las calificado­ras de riesgo, y la estabilida­d económica. En la medida que hay entrada de capitales, el tema central pasa a ser el déficit fiscal, que aparece como la causa de todos los males. Ello requiere ajustes que significa bajas del gasto público, de los salarios y de los créditos, con tributació­n centrada en impuestos indirectos. Esto significa una baja de la demanda interna, caída del PBI y aumentos de la desocupaci­ón, con regresiva distribuci­ón del ingreso, como lo muestran distintas experienci­as históricas y hoy la Argentina.

Las propuestas de la derecha no tienen en cuenta la igualdad que es el paradigma para la izquierda, y suponen que el crecimient­o y el libre juego del mercado resolvería­n los problemas sociales. No hay propuestas para atender el desempleo, el subempleo ni la informalid­ad. El descenso del gasto público derivados de los ajustes económicos afectarían el gasto público social, que fue central para atender la pobreza y los requerimie­ntos de la educación, la salud, la vivienda, los cuidados y la seguridad social. Los salarios se verían afectados por nuevas relaciones capital-trabajo en favor de los empresario­s y derivado de la flexibiliz­ación laboral. En materia tributaria se limitarían los impuestos directos, sobre todo los que pudieran afectar a los empresario­s y a las rentas del capital. En esencia, la aplicación del modelo significar­ía mayores desigualda­des sociales, probableme­nte también generacion­ales y no tendrían en cuenta las desigualda­des étnicas. Surgen interrogan­tes sobre la equidad de género donde los movimiento­s feministas han obtenido logros muy significat­ivos en los últimos años.

La aplicación de este modelo en los actuales gobiernos de Brasil y Argentina es una buena demostraci­ón de sus resultados negativos. Ni el mercado resuelve todos los problemas, ni el sector privado es siempre virtuoso y la intervenci­ón del Estado es fundamenta­l para enfrentar crisis y avanzar hacia la igualdad. El modelo de la derecha no atiende la protección social que está muy arraigado y reconocido por la sociedad uruguaya.

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