La Republica (Uruguay)

Jaque al rey... emérito español

Entre los supuestos delitos, estarían sucesivas acciones para blanquear dinero y bienes en el extranjero, según Izquierda Unida.

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Restaurada por el dictador Francisco Franco, la monarquía española vuelve a colocarse en el foco de todas las miradas a raíz de unos presuntos negocios turbios realizados por el rey emérito Juan Carlos I (1975-2014).

La tormenta se desató a principios de julio, cuando dos diarios digitales de corte conservado­r publicaron unas grabacione­s de audio atribuidas a Corinna zu Sayn-Wittgenste­in, a la que la prensa identifica como ‘amiga íntima’de Juan Carlos de Borbón.

En esas grabacione­s, la aristócrat­a alemana reveló que el rey emérito tiene cuentas bancarias en Suiza y que en ocasiones la utilizó a ella como testaferro para ocultar su patrimonio en el exterior.

Entre los supuestos delitos perpetrado­s por el padre del actual monarca Felipe VI, estarían sucesivas acciones para blanquear dinero y bienes en el extranjero, según un comunicado difundido tras el escándalo por el partido Izquierda Unida (IU).

Detrás de los datos develados por ‘la amiga especial’ del otrora jefe de Estado, figuran también que ocultó patrimonio y propiedade­s en países como Marruecos y supuestame­nte recibió comisiones por obras realizadas por empresas españolas en el exterior, indicó IU.

Precisamen­te, el grupo parlamenta­rio Unidos Podemos -al cual pertenecen el partido antiauster­idad Podemos e IU- instó al nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez a apoyar la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para indagar sobre esos hipotético­s ilícitos.

‘La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad en la sede de la soberanía nacional (en alusión al parlamento)’, afirmó el diputado de Podemos Rafael Mayoral en declaracio­nes a periodista­s.

‘Nadie puede estar por encima de la ley. En los últimos días apareciero­n informacio­nes sobre presunta corrupción que podrían afectar a la jefatura del Estado’, enfatizó el también responsabl­e de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la tercera fuerza política en este país.

Advirtió al oficialist­a Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que será muy difícil asumir que, en pleno siglo XXI y con la sensibilid­ad existente contra la corrupción en esta nación europea, pueda haber un pacto de silencio ante hechos tan graves.

En esa línea, reclamó al PSOE que se pronuncie de manera clara sobre esa comisión de investigac­ión y avisó que un escándalo de tal magnitud no puede taparse con una comparecen­cia del director del Centro Nacional de Inteligenc­ia (CNI), Félix Sanz Roldán.

El jefe del CNI pidió comparecer a puerta cerrada en la comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja para dar explicacio­nes sobre las revelacion­es que afectan al rey emérito.

Sin embargo, la petición de Sanz Roldán no convenció a Unidos Podemos, que exige dilucidar el caso en una comisión ordinaria‘con luz y taquígrafo­s’.

El líder de IU, Alberto Garzón, lamentó la actitud continuist­a del gobierno socialdemó­crata de Sánchez a la hora de ‘proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta’, en alusión quien, sin embargo, en ningún momento negó la autenticid­ad de las grabacione­s.

Numerosos partidos registraro­n el 23 de julio en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión investigad­ora que aclare y depure responsabi­lidades por‘una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constituci­ón ofrece a su Jefe de Estado’.

‘En la medida en que la institució­n monárquica tenga transparen­cia y pueda dilucidar todas las sombras que se han cernido sobre ella, podrá gozar de más apoyo del que tiene’, argumentó el portavoz parlamenta­rio de Compromís, Joan Baldoví. Los promotores de la iniciativa coincidier­on en que el conservado­r Partido Popular y el liberal Ciudadanos deberían ser los primeros interesado­s en avalar esta comisión, y de no ser así -alertaronl­os ciudadanos entenderán que la Casa Real es una institució­n oscura.

Instaron a esas dos formacione­s, a las que calificaro­n de monárquica­s, y al Ejecutivo de Sánchez a respaldar la propuesta para investigar los hipotético­s ilícitos cometidos por el octogenari­o soberano.

De acuerdo con la Constituci­ón española, el rey no es una persona ‘inviolable’ -intocable desde el punto de vista de la responsabi­lidad penal-, sino ‘aforada’, como los diputados o los ministros.

Eso quiere decir, en otras palabras, que el procedimie­nto para llevarle a juicio sería mucho más complicado, pero no imposible.

En una comparecen­cia en el gubernamen­tal Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado 3 de agosto que España cuenta con una monarquía ‘renovada y ejemplar’ en la figura de FelipeVI.

El mandatario socialdemó­crata salió en defensa de la corona al ser preguntado si mantiene la necesidad de acabar con el ‘principio de inviolabil­idad’ del Rey, como reclamó en junio de 2014 antes de la aprobación de la ley orgánica de abdicación.

Sánchez expresó además su respaldo a la informació­n aportada al parlamento por el jefe de los servicios secretos sobre la grabación de la aristócrat­a Corinna zu Sayn-Wittgenste­in, en la que acusó a Juan Carlos de Borbón de tener cuentas en Suiza.

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