Blas presentó licencia partidaria y se sometió a la Comisión de Ética
Presidenta del PN espera un rápido pronunciamiento.
El edil fernandino, principal dirigente del senador Luis Alberto Lacalle Pou en Maldonado, acusado de evasión fiscal entregó una nota a la presidenta del Directorio del Partido Nacional Beatriz Argimón, en la que solicita licencia a sus derechos partidarios para encarar con libertad su defensa sin interferir con la vida institucional del partido.
La presidenta aceptó su pedido de licencia y de inmediato Rodrigo Blas se reunió con la Comisiónde Ética del Partido.
Si bien la referida comisión analizará en profundidad todos los factores en juego, la presidenta manifestó que espera una rápida gestión.
Argimón aclaró asimismo que la licencia es exclusivamente a los efectos de los derechos y obligaciones partidarias. Como es notorio, hasta hoy, Blas presidía la Comisión Departamental del Partido Nacional en Maldonado.
En cuando a su situación como edil, para lo cual fue electo por voto de sus conciudadanos, Argimón aclaró que no corresponde en principio un pronunciamiento del Directorio, mientras actúa la Comisión de Ética. La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que el edil nacionalista del sector Todos, Rodrigo Blas, hizo uso de su inmobiliaria –Blas Propiedades– para evadir parte de los impuestos que correspondían a la venta de terrenos de la empresa de la que el mismo es apoderado, Javipark SA, por lo que lo sancionó a pagar una multa
de US$ 1,9 millones -cuatro veces el monto evadido-, según informó el semanario Brecha la semana pasada. En la resolución emitida el 6 de julio por la Dirección de Rentas, se responsabilizó a Blas "por el IRAE e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación".
A su vez, la DGI sancionó al empresario por colaborar en la maniobra de Blás a su esposa; al escribano José Luis Robatto, miembro Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle; Darwin Correa, edil nacionalista; y dos escribanas que son funcionarias municipales.
El organismo de contralor impositivo constató que los profesionales mencionados evadieron cerca de US$ 500 mil correspondientes al pago de IRPF e IVA.
Según lo establecido por la DGI, desde Javipark SA se utilizó la inmobiliaria Blás Propiedades para ingresar los inmuebles que se vendían, por un precio menor más allá de lo pactado entre las partes. Además, se entendió la existencia de un acuerdo extrajudicial donde se le solicitaba al comprador –a cambio de beneficios– mantener la reserva sobre el contenido real de las negociaciones.
Un grupo de cuadernolas que se encontraban en la inmobiliaria del edil nacionalista y fueron incautadas durante la investigación, fueron claves para determinar el fraude ya que ahí estaban registrados los precios que se declaraban y los que se cobraron realmente.