Exsecretario letrado de la Corte Electoral defiende candidatura de Ernesto Murro

“Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación ; como tal es elector y elegible”(Artículo 77 de la Constitución de la República).

Ésta es –en mi opinión– la solución de principio de la que debemos partir, y tomar en cuenta para opinar,discutir y poner en su lugar el asunto en cuestión.El principio que establece la Constitución de la República para ser elector y elegible es, nada más ni menos que la Libertad. Ello debe guiar la interpretación y decisión respecto de toda cuestión que tenga que ver con el tema, y no al revés.

Quienes han partido de una interpretación prohibitiva, excluyente, no se han detenido en el alcance de este principio que debe inspirar, guiar y teñir cualquier postura que refiera al tema.En otras palabras: el principio es la libertad y la excepción es la exclusión, la que no debe surgir de una interpretación extensiva, que termina traicionando el Principio de Libertad.

Así es que la eventual candidatura a la presidencia de la nacióndeErnestoMurro –ex Presidente del BPS y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y hoy Ministro de Trabajo y Seguridad Social–, ha generado reparos.

Desde la oposición se manifestó que estaría inhabilitado para competir por la máxima magistratura, ya que el artículo 195 de la Constitución de la República establece que los directores del BPS “no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese”.

No me voy a detener demasiado en señalar y desarrollar lo obvio: es una interpretación interesada y sesgada por el interés político partidario, que en mi opinión se desacredita con pretendidos argumentos constitucionales para intentar quitar de escena a un candi- dato potente del Frente Amplio. Es importante recordar que Murro presidió el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) hasta el 14 defebrero de 2015(en el final del gobierno anterior y antes de asumir las primeras autoridades del actual, las parlamentarias) y en marzo asumió como ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Es cierto que el Dr. Martín Risso dijo en su momento que Murro no podría ser candidato hasta el 1º de marzo de 2020. Pero, por su parte, el reconocido constitucionalista doctor JoséKorzeniak opina que le resulta “absurdo que se pueda inhibir a una persona de ejercer un cargo público por un término de diez años”.

“Si bien la Constitución dice que no se puede ser candidato hasta que haya transcurrido un período de gobierno, no creo que el sentido de la Constitución, y no la letra, haya sido que una persona pueda ser sancionada con tener que esperar hasta diez años para poder desempeñar un cargo electivo”, agrega Korzeniak.

No vamos a abundar en torno de lo expuesto con claridad por Korzeniak, pero sí debemos reafirmar que la interpretación siempre

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debe estar guiada por la libertad de ser elegible y que claramente el sentido de las normas constitucionales permite sin mayor esfuerzo concluir en que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro puede ser elegible.

El núcleo de la cuestión reside en registrar en el plano argumental cierto antecedente muy relevante a favor de Ernesto Murro. El constitucionalista ya aludido recordó que la Corte Electoral autorizó a ser reelectos en el cargo a los directores sociales del BPS (representantes de jubilados, trabajadores y contribuyentes), amparándose en una Ley interpretativa de 2004, para lo cual obviamente tenían que ser candidatos, aún estando en el ejercicio de la función y sin dejar pasar ningún período de gobierno.

“Ello es un criterio muy contrario a la tremenda prohibición de que un director político del BPS debe esperar diez años para desempeñar un cargo electivo”, remarcó Korzeniak.

“¿Por qué motivos a los directores sociales se les permite ser candidatos sin dejar pasar un día y a los directores políticos se les impone una interpretación tremendamente rígida y que conduce a una incapacidad de diez años para desempeñar un cargo electivo?”, interrogó.

La Constitución no distingue entre directores políticos o sociales, y existe un principio interpretativo indiscutible -o regla de hermenéutica jurídica- el cual establece que“cuando la norma no distingue, el intérprete no debe distinguir”. En este caso la Constitución habla de directores del BPS en general y no distingue entre directores sociales y políticos.

Y aquí viene algo sustancial: Korzeniakseñala que al comenzar el presente período de gobierno “Murro ya no era director del BPS”, por lo que consideró que“es exagerado darle a la Constitución un sentido que pueda señalar que hasta pasado diez años no podría desempeñar otro cargo electivo”.

Establecer una especie de sanción para el desempeño de un cargo, mayor que la que se dispone para el Presidente de la República(y de todos los demás cargos de gobierno, electos o designados), es en nuestra opinión establecer una prohibición por vía interpretativa y no de lo que debe surgir de la interpretación de la Constitución en su contexto y específicamente de la norma y su aplicación hasta el momento.

Finalizando estas breves reflexiones, debemos seguir advirtiendo que no es buena cosa vetar a eventuales candidatos de otro partido, si los fundamentos no son claramente guiados por la defensa irrestricta de la Constitución y no por el interés electoral de dejar en eventual desventaja al adversario.

Es decir, hay que defender sin ningún temor la legitimidad de esa candidatura. Incluso sin atar esto a la adhesión al candidato, o a la convicción política personal acerca de lapropuesta.Hay que defender la estricta legalidad de la candidatura de Murro incluso si no se estuviese dispuesto a votarlo, porque estos ataques son funcionales a la estrategia típica del Lawfare

(2) y van a empezar a ocurrir cada día más.

En la época de las fakenews(“falsas noticias”) y del duranbarbismo (3) (en retirada en la vecina orilla pero ya desembarcado por acá), debemos separar la paja de trigo, y esto vapara quienes pretenden vetar la libertad de elección de los ciudadanos.

En tiempos de Lawfare regional, de politización de la justicia y de judicialización de la política, de asociación de los medios hegemónicos con las posturas que apelan al Derecho de modo unilateral, abriendo un ojo para mirar al adversario pero cerrando el otro para las propias miserias, defender la candidatura de Murro es exponerse a artificiosas objeciones precisamente en el campo de lo jurídico, con su disfraz de pureza abstracta y de aparente apego a las normas.

Lo lamento mucho, pero hay que hacerlo. Aquí el principio que rige es el de la libertad garantida por el Artículo 77 de la Constitución. Otra libertad más que disgusta a los pretendidos liberales y republicanos, cuando no les conviene.