Contra el narcotráfico: ajustes en la regulación del mercado de cannabis
La transformación de normativas es una de las claves del borrador del programa del Frente Amplio al que tuvo acceso LA REPÚBLICA. El mismo indica que se fortalecerá la institucionalidad de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA), a fin de extender sus servicios a todo el país.
“Se perfeccionarán los mecanismos para promover que las empresas privadas se involucren mediante la celebración de convenios para contratar tanto a privados de libertad, como a liberados y sus familias procurando su vínculo con el mundo laboral”, señala el documento.
Se realizarán ajustes en la regulación del mercado de cannabis, con el fin de que“el consumidor recurra a las redes de tráfico y reduciendo el campo de acción del narcotráfico como delito organizado que se vincula a otras violencias y delitos como son la trata y explotación de personas y el lavado de activos”.
Mientras que se promoverán acciones de reducción de daños para consumidores problemáticos de drogas ilegales, que también serán financiadas con los activos incautados al narcotráfico.
En cuanto a las armas de fuego,“se evaluará y regulará bajo criterios más estrictos”y se promoverán modificaciones normativas sobre la tenencia y uso de armas por parte de los civiles y de los cuerpos de seguridad y su contralor.
Se implementarán acciones para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias.
“Respecto a la implementación de la ley integral sobre la violencia basada en género y la ley sobre la trata de personas, se requiere avanzar en la formación de operadores y técnicos tanto del sistema de justicia y policial, como de los organismos del Estado que trabajen en la materia, procurando que estos servicios esenciales no se encuentren tercerizados dado que se trata de la vida e integridad física de la población; mejorando el sistema de protección y atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se deberá avanzar en la investigación, persecución, sanción y reparación de la trata y explotación de personas”, dice el borrador.
Respecto al delito organizado, se pretende avanzar especialmente en la investigación e identificación de la relación dual existente entre organizaciones delictivas y el lavado de activos.
Es fundamental contar con un Estado fuerte en sus mecanismos de control y sanción a toda aquella persona u organización ilegal.