Los 6 puntos de la reforma penitenciaria
rantizando la transparencia en el aspecto económico de esta actividad.“Se aprobarán estímulos fiscales a empresas que decidan contratar población privada de libertad, en diversas modalidades”.
Establecer política de atención a la población privada de libertad con uso problemático de drogas es el quinto punto de la reforma penitenciaria. “Se definirá una política de atención a los usuarios problemáticos de drogas en el ámbito penitenciario en consonancia con la política general en la materia; la misma será financiada con los recursos incautados al narcotráfico”, describe el programa.
En su último punto el Frente Amplio aspira a la integración e internalización de las reglas Mandela en el sistema penitenciario de la de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Énfasis en acciones preventivas
Hay que “contribuir a la seguridad ciudadana aplicando acciones preventivas que tiendan a eliminar las causas del delito”, señala el borrador del programa del FA. Las acciones preventivas “tendientes a eliminar las causas del delito, se encuentran en primer plano de prioridad, a fin de romper círculos de violencia en sus diferentes manifestaciones y reducir la probabilidad de ocurrencia del hecho delictivo”. Éstas incluyen una potente articulación de las políticas públicas integrales enfocadas en la mejora de la calidad y la cobertura de los programas sociales, “principalmente aquellos que aborden los factores de riesgo como la circulación de armas de fuego, consumo problemático de drogas, reincidencia, redes de ilegalidad, etc”.
Para este camino que pretende la fuerza política se apunta a la “reducción de los niveles de violencia en la sociedad, creando en la órbita del Poder Ejecutivo un espacio institucional capaz de desarrollar políticas públicas destinadas a reducir la violencia, aumentando los 1-Promover y consolidar las redes de protección y seguimiento para las personas privadas de libertad, trasladando el sistema penitenciario a la órbita del MEC.
2-Traslado de la Dirección de Apoyo al Liberado al Ministerio de Educación y Cultura.
3-Orientar las cárceles a construir bajo una concepción orientada a la rehabilitación y disminución de los niveles de reincidencia.
4-Legislar sobre el trabajo de la población privada de libertad
5-Establecer política de atención a la población privada de libertad con uso problemático de drogas
6-Integración e internalización de las reglas Mandela en el sistema penitenciario
niveles de convivencia”. Estas políticas se implementarán coordinando el trabajo de las instituciones existentes y articulando con actores de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada para el diseño, monitoreo y evaluación de esas políticas que sean adaptables a cada realidad y dinámica local.
Por su parte se pretende“potenciar el funcionamiento del Gabinete de Seguridad, jerarquizando la orientación de prevención del delito a través de una fuerte coordinación de las acciones de cada ministerio constituyente. Estudiar su integración para garantizar la integralidad del abordaje preventivo”.
Acciones Interinstitucionales y Convivencia
Profundizar el desarrollo de la convivencia como garantía para promover una sociedad más segura es clave para la coalición de izquierda. Para ello se pretende integrar las políticas en materia de seguridad pública con la inversión en infraestructura, y la realización de un conjunto de intervenciones estratégicas tendientes al rediseño urbano, los programas sociales y la seguridad en barrios y comunidades.
Para esto se marcan dos puntos que son prioritarios. El primero apunta a la realización de planes de acción desde un enfoque territorial promoviendo una fuerte articulación entre las distintas reparticiones del Estado desde una perspectiva multidimensional de la seguridad pública que impliquen.
Para esto se apunta a desarrollar una política que promueva el acceso a los servicios públicos en las zonas de mayor vulnerabilidad social. También “fortalecer estratégicamente la presencia del Estado en las zonas de crecimiento del crimen organizado, para combatirlo de manera frontal e integral; coordinar acciones que busquen una mejora en la calidad y la cobertura de programas sociales especialmente orientados a los niños y jóvenes y que apuesten también a su inclusión laboral y educativa; generar una política de promoción de Derechos, donde el delito -como manifestación del conflicto social- no solo se prevenga a través de políticas policiales, sino a través de políticas promotoras de derechos, que faciliten y universalicen su acceso de manera equitativa.
Entre ellos, destacamos el acceso a una vivienda digna y a una educación de calidad, entre otras”.
Como segundo punto de este camino, se apunta a “Fortalecer el trabajo de la policía, como dependencia que se relacione directamente con el ciudadano y apunte a generar verdaderas redes de confianza y colaboración, como un partícipe fundamental en el desarrollo de esta política interinstitucional”.
Esto a través de un cuerpo policial preparado para la acción en el territorio, como también de también de una unidad especializada en el orden y control de las faltas y de otras conductas que afecten la convivencia.