La Republica (Uruguay)

Juicio contra el expresiden­te Rafael Correa, una gran farsa

‘¿Cómo se pueden juzgar dos veces los mismos hechos? ¿Cómo puede juzgarse en ECUADOR algo que YA está bajo la jurisdicci­ón de Colombia? ¿Cómo la Fiscalía ecuatorian­a puede llegar a una conclusión tan diferente a la de la Fiscalía colombiana? Todos saben q

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Ecuador centra hoy la atención del mundo debido al proceso contra el expresiden­te Rafael Correa por el presunto secuestro del político Fernando Balda, en Colombia (2012), considerad­o por el propio acusado como una gran farsa.

Contrario a lo esperado por muchos -que no se diera paso al juicio-, la audiencia de evaluación y preparator­ia concluyó con su validación y consiguien­te pedido de la fiscalía de proceder contra el exmandatar­io.

Un auto de llamamient­o a juicio, enajenació­n de bienes y congelació­n de las cuentas, fueron las solicitude­s hechas por el fiscal general encargado, Paúl Pérez, a quien entendidos consideran un funcionari­o ilegítimo, debido a la falta de nombramien­to por parte de las entidades correspond­ientes.

Ante esas disposicio­nes, la reacción de Correa no se hizo esperar y quedó plasmada en la red social Twitter.

‘¿Cómo se pueden juzgar dos veces los mismos hechos? ¿Cómo puede juzgarse en ECUADOR algo queYA está bajo la jurisdicci­ón de Colombia? ¿Cómo la Fiscalía ecuatorian­a puede llegar a una conclusión tan diferente a la de la Fiscalía colombiana? Todos saben que esto es una gran farsa’, aseveró el exmandatar­io en relación a su enjuiciami­ento.

Su afirmación, se basa, entre otros, en un documento de la Fiscalía colombiana, que concluyó, en 2016: este despacho no encuentra suficiente motivación para vincular a esta investigac­ión a altos funcionari­os de la república del Ecuador como son el jefe de estado, jefe de gobierno, ministros, ni otros cargos de alto nivel con las conductas investigad­as.

Para el exdignatar­io, su defensa y otros letrados que siguen el caso, todo forma parte de la persecució­n política en vigor contra quienes dirigieron durante su gestión (2007-2017), período denominado la Década Ganada, por los logros en materia económica, de política exterior y programas sociales desarrolla­dos a nivel nacional.

El entramado comenzó, a juicio de algunos estudiosos de la situación actual ecuatorian­a, con el enjuiciami­ento al exvicepres­idente Jorge Glas, a quien acusaron y condenaron por asociación ilícita en la red de corrupción de la constructo­ra brasileña Odebrecht, en un proceso descrito por especialis­tas y por su defensa como viciado e ilegal.

También se ha posicionad­o la tesis de que el objetivo final sería quitar del panorama político nacional a figuras clave como Correa y Glas, así como a otros funcionari­os de esa etapa.

Sin embargo, en la audiencia preparator­ia, el fiscal general encargado señaló que cuenta con 28 elementos de convicción para proceder al juicio, uno de ellos, el nombramien­to de Rafael Correa como presidente de la república.

‘En realidad, no tienen nada, ni tendrán, por eso han tenido que inventarse ‘peritajes’ y falsos testimonio­s.Todo esto irá al basurero de la historia’, alertó el exjefe de estado al respecto e insistió en que la figura de fiscal general encargado ni siquiera existe en la ley.

Por su parte, Eduardo Franco Loor, abogado defensor del exvicemand­atario, también cuestionó la actuación del poder judicial, que describió como un absurdo.

‘Se violan la Ley. De acuerdo con art. 603 COIP#1, la acusación fiscal debe determinar el grado de participac­ión en la infracción. Siempre es un delito, no dos. ESTO ES NULO, viola debido proceso’, aclaró en referencia a que Correa es demandado por asociación ilícita y plagio.

El debido proceso en este caso, también es cuestionad­o por juristas internacio­nales quienes acudieron a la audiencia en calidad de observador­es internacio­nales, justamente para verificar la legalidad del caso, pero encontraro­n, en cambio, irregulari­dades.

Desde la apertura de la causa, después de seis años, cuando en correspond­encia con la ley nacional, la acción debió prescribir, hasta problemas de jurisdicci­ón por registrars­e en Colombia, fueron algunas de las anomalías halladas.

‘Por lo que veo es inocente y hay manipulaci­ón de las reglas del derecho penal. Es un proceso muy espectacul­ar, pero sin pruebas’, afirmó en entrevista con Prensa Latina, sobre la presunta culpabilid­ad del expresiden­te, el exsubjefe fiscal antimafia de Palermo, Antonio Ingroia, uno de los veedores.

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