Frente Amplio rechazó la Investigadora por Envidrio
“Lo mejor que puede pasar es que todo siga en la justicia y que ahí se resuelva”, dijo Pozzi
El Frente Amplio rechazó la creación de una Comisión Investigadora sobre la gestión de la empresa Envidrio y el rol del diputado del MPP, Daniel Placeres.
El oficialismo basó su negativa en que el tema ya está en la órbita de la Justicia.“Consideramos que lo mejor que puede pasar es que todo siga en la Justicia y que ahí se resuelva”, dijo el diputado Jorge Pozzi. El legislador afirmó que si la investigación del BPS comprueba que hubo trabajo en negro a la empresa se le deberá aplicar las sanciones correspondientes. “Lo que más garantía nos va a dar es que la Justicia investigue”, enfatizó Pozzi. El diputado recordó la imposibilidad del Parlamento de investigar a una empresa privada. Para el jueves de la próxima semana se espera una ardua sesión en el pleno de la Cámara de Representantes. En tanto, el Banco de Previsión Social (BPS) comenzó con los interrogatorios en la investigación sobre Envidrio, que busca determinar si trabajadores realizaron tareas remuneradas en la fábrica, mientras cobraban seguro de paro. En caso de comprobarse la irregularidad, tanto la empresa como los trabajadores podrían ser sancionados económicamente.
El caso se conoció semanas atrás, tras un audio publicado por el programa Santo y Seña, que derivó en una investigación de Fiscalía y del Ministerio deTrabajo.
En dicho audio, trabajadores confesaban que hacían “changas” mientras cobraban el seguro de paro. Días después, otros empleados negaron esto, y dijeron que realizaron tareas no pagas, y que era para mantener las máquinas de la planta, para evitar que se deterioren. Esta explicación fue avalada por el PIT-CNT.
Por su parte, la ministra de Industria, Carolina Cosse, instó a respetar el marco normativo. La Confederación de Cámaras Empresariales emitió un comunicado en el que reivindican “la plena vigencia del Estado de Derecho”, y expresan una preocupación adicional por las “declaraciones de actores políticos de relevancia que, en la actitud de justificar las ilegalidades denunciadas, minimizan o subestiman el cumplimiento de las normativas laborales vigentes”.