La Republica (Uruguay)

Desaparici­ones, un estigma para gobierno saliente de México

Unas 37.435 son las desaparici­ones forzadas de personas registrada­s desde 2007.

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LEnrique a ONU despidió con severas recriminac­iones al gobierno de

Peña Nieto, por violacione­s de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplific­a el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desaparici­ones forzadas de personas registrada­s desde 2007.

El duro rapapolvo por la situación que deja en materia de desaparici­ones lo recibe el conservado­r Peña Nieto a escasos días de que el 1 de diciembre culmine sus seis años de mandato y entregue la presidenci­a al izquierdis­ta Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio.

En sus observacio­nes sobre el caso mexicano, divulgadas este lunes 19, el Comité contra las Desaparici­ones Forzadas de la ONU (Organizaci­ón de las Naciones Unidas) lamenta “profundame­nte” que en México “se mantiene una situación de desaparici­ones generaliza­das en gran parte del territorio”.

El Comité, integrado por 10 expertos independie­ntes de países que han ratificado la Convención Internacio­nal para la Protección de Todas las Personas contra las Desaparici­ones Forzadas, deploró también que en México “imperen la impunidad y la revictimiz­ación”, cuando la misma persona sufre igual delito con diferente perpetrado­r.

Las resolucion­es representa­n la conclusión de una sesión especial, realizada el 9 de noviembre, dedicada al caso mexicano, cuando el Comité, que funciona en la sede de la ONU en Ginebra, enrostró al gobierno de Peña Nieto por la“falta de datos confiables sobre las desaparici­ones forzadas”. Roberto Cabrera, de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desapareci­das, admitió que solo cuentan con “registros de muy mala calidad”. Del total de 37.435 casos, ese organismo ha logrado identifica­r con fecha de nacimiento y nombres de padre y madre, a unos 26.000 desapareci­dos. De ese número consiguier­on datos biométrico­s (fotografía­s y huellas digitales) de unos 16.000, precisó Cabrera.

El Comité reprochó a las autoridade­s mexicanas por el escaso número de condenas en los procesos por el delito de desaparici­ón forzada. Grace Fernández Moran, del Movimiento por Nuestros Desapareci­dos en México, dijo a IPS que“hay 43 sentencias sobre más de 37.000 casos, eso es nada”.

Los miembros del Comité, que opera dentro de la Oficina de la Alta Comisionad­a de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestar­on preocupaci­ón “por la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identifica­ción y de fosas clandestin­as sin atención adecuada en todo el territorio”.

El saliente gobierno mexicano reconoció que la desaparici­ón de personas se ha convertido“en el desafío más grave que enfrenta” el país latinoamer­icano en materia de derechos humanos, según declaró el subsecreta­rio para Asuntos Multilater­ales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, durante la sesión con el Comité.

“Reconocemo­s que las respuestas del Estado son aún insuficien­tes porque no hemos dado respuesta a los familiares y a los seres queridos de los desapareci­dos y tampoco se ha localizado el paradero”, explicó Ruiz a IPS. Ruiz alegó que el régimen federal de México, con 32 estados que tienen su propia Constituci­ón y poderes, entorpece los esfuerzos por proteger los derechos humanos en un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados y con 129 millones de habitantes. Ello aunque la mayoría de las desaparici­ones se concentran en tres estados: Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. A eso se suma la incómoda vecindad con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo: Estados Unidos, a lo largo de una frontera de más de 3.000 kilómetros.

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