Una papa caliente para Uruguay
La solicitud de asilo del ex presidente peruano ha puesto al gobierno uruguayo en un brete. En la actualidad García está alojado en la residencia del embajador uruguayo en Lima, hasta allí llegó en demanda de asilo diplomático. Tal como indica el procedimiento del protocolo de Caracas de 1954, firmado por todos los países integrantes de la Oea, el representante uruguayo puede recibirlo en la delegación y solicitar inmediatamente al Estado peruano la información correspondiente para decidir o no el otorgamiento del asilo diplomático. De acuerdo a la información oficial, el tema se analizará en conversaciones entre las dos cancillerías implicadas (ya llegó a la uruguaya un documento de su par peruana), pero la decisión final la tomará el presidente Tabaré Vázquez.
García ha puesto en un brete al gobierno nacional, porque en Uruguay existe una larga tradición de asilo a personas perseguidas por cuestiones políticas, y el ex presidente peruano argumenta que se enfrenta a una persecución de ese estilo. Sin embargo, desde la actual administración de Perú se señala que la justicia le impidió salir del país por 180 días (dentro del territorio no tiene restricciones a su movilidad), pues está siendo investigado por recibir coimas, durante su mandato, de la empresa brasileña Odebrecht. Si Uruguay toma como ciertos los dichos de García, implícitamente estaría afirmando que en Perú no existe un Estado de derecho y que allí se persigue a quienes piensan distinto al actual Ejecutivo peruano.
En el Frente Amplio hay una suerte de consenso de que se está frente a un dirigente que ha cometido delitos comunes. Por otro lado, son contestes en que el gobierno uruguayo ha actuado, hasta el momento, en forma correcta. “Con la seriedad que merece el tema”, describió a Brecha la senadora Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay.
Por su parte, el diputado socialista Roberto Chiazzaro comentó a este semanario que, sobre el caso de García, “hemos recibido opiniones de todo el espectro político peruano, en el sentido de que el ex presidente, está requerido por la justicia por recibir coimas de Odebrecht, las mismas que han conducido al procesamiento de otros mandatarios peruanos”. El único, añadió, que habla de persecución política es su partido (Alianza Popular Revolucionaria Americana, Apra), que originalmente tenía una orientación socialdemócrata. Para el senador comunista Juan Castillo, consultado por Brecha, si se reafirma que “se está frente a actos de corrupción, no cabe la figura del asilo político”.
Las palabras de José Mujica, que respaldan las acciones del gobierno, fueron las que tuvieron mayor repercusión en los medios peruanos: “Uruguay no tiene más remedio que tener una actitud abierta con respecto a la consideración de dar protección e iniciar el trámite. Después, eso va a depender de las apreciaciones jurídicas que se hagan”.
La única voz que se alzó en defensa de García fue la del ex presidente Julio María Sanguinetti, que sostuvo que debería otorgársele el asilo. El ex presidente peruano integró en su momento el Círculo de Montevideo, un espacio de reflexión creado en 1996, con activa participación de Sanguinetti. Este ámbito tuvo entre sus participantes al ex presidente del gobierno español e integrante del Psoe Felipe González. El resto de la oposición política uruguaya aguarda el resultado de las conversaciones entre los dos gobiernos, pero no ha habido declaraciones a favor de acceder al pedido de García. Incluso el precandidato colorado Ernesto Talvi disintió con Sanguinetti y planteó su negativa a beneficiarlo con el instituto del asilo.