Para Uruguay, investigación judicial a Alan García no es una “persecución política”
El ex presidente peruano abandonó de inmediato la embajada uruguaya rumbo a su casa de Miraflores.
En conferencia de prensa, el presidente Tabaré Vázquez informó que, basado en consideraciones estrictamente jurídicas y legales, el Gobierno uruguayo rechazó la solicitud de asilo político del expresidente de Perú, Alan García. El exmandatario deberá retirarse de inmediato de la Embajada de Uruguay en Perú. “Lo tiene que hacer por sus propios medios, de la misma manera que llegó, debe salir”, aclaró Vázquez.
“No le concedimos asilo político” al exmandatario de Perú, Alan García, confirmó el presidente Tabaré Vázquez el lunes 3 en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, acompañado por el canciller Rodolfo Nin Novoa y por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.
Vázquez explicó que la decisión del Gobierno se ampara estrictamente en argumentos jurídicos y legales, luego de un profundo análisis de documentos tanto de la normativa uruguaya como de material enviado por el gobierno de Perú, de los abogados y del propio García. Asimismo, recordó que en Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado, y que el Judicial es el que desarrolla las investigaciones de eventuales delitos económicos de García. El gobierno uruguayo consideró que “las investigaciones judiciales contra el ex presidente del Perú Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputacioines vinculadas a delitos comunes ajenos a la supuesta persecución”. Por tanto, habida cuenta que en Perú “impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes”, el gobierno entiende que “no es jurídicamente procedente que la República Oriental del Uruguay conceda el asilo solicitado”.
El canciller Nin Novoa informó que ya se instruyó al embajador de Uruguay y que dialogó con su par peruano para que invite a García a retirarse de la representación diplomática. “El expresidente debe retirarse de inmediato por sus propios medios de la Embajada. De la misma manera que llegó, debe salir”, agregó Vázquez, quien aclaró que habrá una comunicación oficial con el gobierno de Perú, al tiempo que Presidencia emitirá un decreto. En efecto, a las 8,40 horas de la mañana, hora de Perú, García abandonó la embajada de Uruguay en un coche de alquiler color gris y vidrios polarizados (véase fotografía). Luego, hizo trasbordo en su vehículo a mitad de camino, para dirigirse a su casa en Miraflores. Antes, incluso, habría pasado a visitar a una de sus hijas. Además anoche, concedería una entrevista exclusiva a un conocido periodista de espectáculos local.
Consultado por medios informativos, Vázquez realizó un repaso cronológico de los hechos, y recordó que García solicitó hace unos 20 días asilo en la Embajada de Uruguay en Perú, y que en su momento, el embajador lo comunicó a la Cancillería e incluso dialogó con el mandatario uruguayo. Acto seguido, según repasó, basado en condiciones estrictamente jurídicas analizadas con la inmediatez que requería la situación, se decidió otorgar el refugio solicitado por el ciudadano. Fundamentando esta decisión, Vázquez leyó parte del Tratado de Derecho Internacional Público (Tomo II) del jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga.
Posteriormente, el gobierno de Perú envió a su par uruguayo materiales con más de 1.000 hojas y las cartas que presentaron los abogados y García. Respecto a esos insumos, Vázquez indicó que ese material fue profundamente analizado en conjunto con el canciller, como lo establece la ley, con Jurídica de Cancillería y con el secretario y el prosecretario de Presidencia, considerando elementos jurídicos de otros autores, lo que derivó en la decisión de rechazar el asilo.
Aclaró que fueron dejadas de lado otras comunicaciones de organización gubernamentales,
de instituciones de derechos humanos, de dirigentes políticos e incluso "una catarata de llamadas" de medios internacionales.
Por su parte, Nin Novoa explicó que García se amparó en la Convención de Caracas para solicitar el asilo, de la cual dio cuenta en un fragmento. En este contexto, el canciller aclaró que el Gobierno consideró que las investigaciones judiciales contra García no constituyen “persecución política”, y que se trata de imputaciones vinculadas mayoritariamente con hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de Perú.