Estados violadores de tratados se burlan de Convención de refugiados
Con el auge del nacionalismo de derecha, principalmente en el mundo occidental, un número cada vez mayor de países está abandonando el multilateralismo y, además, violando los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados en el pasado.
La más flagrante es la violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en 1951, que ha sido ratificada por 145 Estados partes. El tratado define el término “refugiado”, describe los derechos de los desplazados y establece las obligaciones legales de los Estados de protegerlos.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el principio central de la Convención es la no devolución, al afirmar que un refugiado no debe ser devuelto a un país donde enfrenta graves amenazas a su vida o libertad. Esto es lo que ahora se considera una regla del derecho internacional consuetudinario.
Pero varios países -incluidos Australia, Estados Unidos, Francia, Italia y Hungría- están desobedeciendo la Convención porque han prohibido o restringido severamente la afluencia de refugiados, y también han penalizado a quienes han ayudado a los refugiados, como ha sucedido con los gobiernos de Roma y Washington.
Clasificados principalmente como “refugiados políticos”, su mayoritario origen son países en conflicto armado o político, como Afganistán, Iraq, Libia, Myanmar (Birmania), República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Venezuela, entre otros.
En una entrevista con IPS, Marco Funk, oficial de Políticas de la Oficina de la Unión Europea (UE) de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), dijo a IPS que el contexto de la situación actual de los refugiados es muy diferente al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó la convención de 1951.
El Convenio original tenía realmente un alcance limitado
a los europeos: esta limitación geográfica solo fue eliminada por un protocolo adicional en 1967, que algunos países no implementaron. Turquía es un ejemplo notable, dijo.
“Muchos otros países alrededor del mundo, especialmente los ricos, han hecho cada vez más difícil para los refugiados buscar protección internacional y, por lo tanto, ya sea de manera indirecta en algunos casos, violan directamente la convención que han firmado y ratificado”, señaló.
El racismo ciertamente es un factor, pero también lo es el temor generalizado de los efectos negativos de la cogida sobre las economías de los países de destino y su seguridad, dijo Funk, responsable de las actividades de la FES en Bruselas relacionadas con la migración de la UE y los asuntos internos.
Dijo que el significativo aumento de la migración legal a los países del Norte industrial desde que se firmó la Convención hace casi 70 años también desempeña un papel.
Los intentos de restringir la migración se pueden ver no solo en los países de Europa, en Estados Unidos o Australia, dijo, sino también en el este de Asia e incluso en algunas partes del Sur en desarrollo.
“Dondequiera que haya desplazamiento, generalmente también hay una estrategia de contención de los países de destino”, afirmó el especialista de una de las principales fundaciones alemanas.
“La comunidad internacional debe responder llamando la atención sobre los derechos descritos en la Convención de Refugiados y sobre las violaciones de ellos donde ocurren, pero eso no es suficiente”, dijo Funk, quien anteriormente trabajó como analista en el Centro de Políticas Europeas, que se enfoca en la política de migración y asilo de la UE.
Argumentó que se debe hacer un mayor esfuerzo para resaltar y abordar las causas fundamentales del desplazamiento, y utilizar otros acuerdos internacionales relevantes en toda su extensión para mitigar los impulsores de la migración forzada.
Al mismo tiempo, los canales legales de migración también deberían ampliarse, señaló.
Recientemente dos casos mostraron el comportamiento de algunos países en materia de refugio.
El gobierno italiano puso bajo arresto domiciliario a la capitana Carola Rackete por incumplir la prohibición de llevar a uno de sus puertos su barco cargado de migrantes rescatados en el mar Mediterráneo, aunque más tarde un juez la puso en libertad. Ella defendió las razones humanitarias para desafiar la política de puertas cerradas de Italia para refugiados y migrantes. El portavoz de la ONU (rganización de las Naciones Unidas), Stephane Dujarric, dijo a los periodistas el 1 de julio: “El rescate marítimo es un imperativo humanitario de larga data. También es una obligación según el derecho internacional”.
“Ningún barco o capitán de barco debería correr el riesgo de que las multas acudan en ayuda de barcos en peligro donde la pérdida de vidas es inminente… Eso es una cuestión de principios”, agregó.