Trump endurece los requisitos para obtener la residencia a inmigrantes más pobres

En el marco de su agresiva política antimigratoria, el gobierno de Estados Unidos anunció una norma que facilitará el rechazo de solicitudes de residencia (denominadas “green cards”), y penalizará a los inmigrantes que sean beneficiarios de ayudas sociales. De promulgarse, la legislación reducirá drásticamente el número de inmigrantes a los que se les permite el ingreso y la residencia en el país.

La norma afectará los procedimientos orientados a otorgar la nacionalidad a millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, con empleos precarios y mal pagos, y que dependen de ayudas sociales para subsistir.

Al anunciar los nuevos cambios en la llamada «ley de carga pública», la Casa Blanca informó que se impedirá la entrada a inmigrantes en base a la probabilidad de que necesiten ayudas sociales. Entre las ayudas designadas están los subsidios para vivienda, el seguro de salud público (Medicaid), y los bonos para comprar alimentos.

«Una vez que esta nueva legislación sea implementada y se haga efectiva a partir del 15 de octubre, los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas, será considerado como un factor negativo al examinar su caso», dijo en rueda de prensa Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. «Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales», señaló categóricamente el gobierno en un comunicado. «Una gran cantidad de personas que no son ciudadanas, se aprovechan de un sistema de ayudas generoso, con recursos limitados que de otra forma podrían ir hacia estadounidenses vulnerables», agregó el texto oficial.

Según autoridades oficiales, en la mitad de los hogares donde todos sus miembros son extranjeros, al menos una persona utiliza Medicaid, y un 78 por ciento de los hogares liderados por un inmigrante sin estudios universitarios emplea al menos un programa de asistencia. El endurecimiento de ley de carga pública comenzó en 2018, como parte del plan de Donald Trump para poner un freno a la inmigración. En mayo pasado, el mandatario anunció un amplio proyecto destinado a «proteger los salarios de los estadounidenses, promover los valores estadounidenses y atraer a los mejores y más brillantes cerebros del mundo». «El flujo anual en cartas de residencia (green cards) es en su mayoría de bajos sueldos y de baja cualificación», agregó en aquella oportunidad. Para el Comité Nacional Demócrata (CND), «lo único que el presidente quiere hacer es atacar a las comunidades latinas e inmigrantes». «El apetito de crueldad de esta administración es insaciable, y esta nueva regla es la más reciente intensificación de su agenda anti-inmigrante», expresaron los demócratas a través de un comunicado.

Según el gobierno estadounidense, en cambio, «Trump está reforzando una ley ya existente para evitar que los extranjeros dependan de los programas de ayudas sociales«.

Por su parte, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) anunció que presentará una denuncia por la nueva norma ante la justicia. Marielena Hincapié, directora ejecutiva de la asociación, estimó que el daño de esta política «se sentirá durante décadas». «Esto va a tener un impacto humanitario directo forzando a algunas familias a recurrir a ahorros vitales para cubrir necesidades de salud y de nutrición», aseguró Hincapié.