JUSTICIA PARA LULA
Las entrevistas de Lula con los medios brasileños e internacionales consolidan la versión de que se trata de una condena sin pruebas, de una persecución política al ex presidente brasileño y de que él es un preso político. No solo eso, también que la historia política de Brasil fue distorsionada por la decisión de impedir que Lula fuera candidato a la Presidencia de Brasil, elección en la cual, según todas las encuestas, Lula sería elegido presidente del país en primera vuelta. Asimismo, que el candidato lanzado por Lula, Fernando Haddad, habría triunfado, si no fuera la monstruosa campaña de fake news, con escandalosas mentiras propagadas por robots.
Desde el golpe sin razones constitucionales en contra de Dilma Rousseff, reelegida presidenta de Brasil en 2014, se fue poniendo en práctica la guerra híbrida, el nuevo tipo de golpe, la estrategia actual de la derecha a escala internacional, basada en la guerra de la leyes, en la judicialización de la política y en la persecución política de líderes democráticos. Una guerra que tuvo continuidad en la prisión y el impedimento ilegales de la candidatura de Lula y desembarco en la farsa de la elección de Bolsonaro.
La justicia para Lula no es solo reparar las injusticias que se cometen en contra de él. Es denunciar la farsa de la Lava Jato -reiteradamente comprobadas por las revelaciones hechas por Intercept Brasil-, desenmascarar su falso combate en contra de la corrupción, procesar, acusar y condenar a los que la pusieron en práctica, al servicio de la ruptura de la democracia, de la destrucción del patrimonio público brasileño en favor de los intereses de EEUU, la liquidación de las políticas sociales de los gobiernos del PT y de los derechos de los trabajadores.
Como resultado de la Lava Jato Brasil tiene el gobierno más desprestigiado de su historia en el plano internacional, el presidente más ridiculizado dentro y fuera del país, el que más declaraciones ridículas realiza todos los días y más desprestigia el cargo que tiene, mientras promueve la recesión y mantiene a 14 millones de personas en el desempleo. Mientras tanto, la imagen de Lula solo crece dentro y fuera de Brasil. Incluso gente que se había dejado llevar por las acusaciones de corrupción que habrían involucrado a Lula, ahora se dan cuenta, informados de las condiciones jurídicas y políticas de su condena, de que Lula es absolutamente inocente, que no hay un centavo indebido en sus cuentas, que su proceso es político. Que él fue condenado no por pruebas, sino por convicciones. No hay derecho que no se apoye en pruebas. Lula reafirma, por todo ello, que solo saldrá de la prisión con su inocencia reconocida. No acepta acogerse a ningún otro mecanismo, ni siquiera la prisión domiciliaria, a la que tendría derecho a partir de octubre. Porque significaría reconocer la condena y apelar para la prisión domiciliaria a que tiene derecho un condenado después de cumplir 1/6 de la pena. Lula no reconoce la condena. Solo acepta salir absolutamente inocente. Posibilidad que se no se veía por donde podría ocurrir. Hasta que las revelaciones de Intercept desmienten uno de los más grandes absurdos judiciales de Brasil: que el Supremo Tribunal Federal haya declarado, en reiteradas veces, que el juez Sergio Moro no tendría potestad para juzgar a Lula. Después de denuncias circunstanciadas en la dirección contraria, las conversaciones de Moro confirman fehacientemente como él y los otros jueces de la Lava Jato han actuado de forma mancomunada políticamente, incluso falsificando datos, para condenar a Lula sin pruebas, como una operación de carácter político.
El clima se vuele insoportable para el STF, que no puede mantener la supuesta aptitud de Moro. Pasa que, si acaso el STF agarra coraje y declara a Moro no apto, simplemente anula todos los procesos que él ha comandado en contra de Lula, que saldría libre. Hay dos decisiones a tomar en las próximas semanas o meses sobre este tema.
Mientras tanto, el gobierno se desgasta cada vez más, pelea de manera cada vez más dura con los mismos medios, vacila en ir o no ir a dar el discurso inaugural en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el riesgo de manifestaciones de repudio dentro y fuera de la ONU, y deja el país sin gobierno, preocupándose más en obtener los votos para que su hijo pueda ser embajador en EEUU y maniobrar para que los otros dos hijos puedan escapar de los procesos por corrupción.