Reforma de jubilación en Brasil
El texto base de la impopular reforma al régimen de jubilaciones y pensiones del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro será votado esta semana, en primera ronda, en el Senado brasileño.
‘La próxima semana (ésta), comenzamos a votar... El 10 de octubre, podemos entregar la reforma de pensiones a Brasil’, dijo el viernes la presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), Simone Tebet, quien aseguró que la iniciativa está blindada, en alusión a que no habrá marcha atrás para otras cuestiones.
Al citar a legisladores, la estatal Agencia Brasil dio por seguro que hoy se hará la votación y ‘el clima es favorable para la aprobación’.
En el plenario se realizaron cinco sesiones de debates para discutir el tema. La primera se celebró el 10 de septiembre. David Alcolumbre, titular del Senado, intentó sin éxito avanzar la votación de la reforma, pero era necesario llegar a un acuerdo entre todos los líderes, lo que no sucedió. Los representantes de partidos de oposición descartaron el sufragio anticipado.
En medio de las discusiones, el relator Tasso Jereissati rechazó 76 enmiendas recibidas que podrían modificar la propuesta y obligar a que el texto vuelva a ser considerado por el parlamento.
Sin embargo, el ponente solo cambió la redacción sobre el punto de crear una tasa de cotización más baja para los trabajadores informales.
La reforma resultó revisada y aprobada por el plenario de la Cámara de Diputados y luego pasó por la CCJ del Senado. En esta última asamblea también son necesarias dos votaciones.
Entre los principales puntos criticados en la reforma por partidos opositores y casi toda la sociedad aparece la creación de un nuevo sistema, basado en la capitalización, y el establecimiento de una edad mínima para jubilación de 65 años para hombres y 62 para mujeres (actual 60 y 55), al final de un período de transición de 12 calendarios.
Con ese tiempo mínimo, el trabajador tendría derecho al 60 por ciento del valor de la pensión integral, para obtener el ciento por ciento se necesitarán 40 años de contribución. Mediante la reforma, el Gobierno pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones, considerado como insostenible a largo plazo; acabar con el crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas claves para Bolsonaro.