LA REPÚBLICA rechazó demanda penal del asesor de Manini Ríos por difusión de una carta de los expresos políticos
El director general de este medio, Néstor Molina Díaz, aseguró en la audiencia que aceptar la exigencia sería violatorio de la libertad de prensa.
Molina dejó en claro que “coherente con su historia de defensa del periodismo plural, ofrecía la posibilidad de realizar una entrevista con Romanelli, para que diera a conocer su punto de vista sobre la denuncia de los expresos políticos, pero no aceptaba el reclamo judicial dado que significaría aceptar que se trató de una información inexacta o tendenciosa.
Antonio Romanelli llegó al juzgado junto a su abogado, el ex juez Juan Carlos Fernández Lecchini, y sin saludar a ninguno de los periodistas que colmaban la sala de espera se paró en el centro del mostrador de la Mesa de Entradas, mirando por arriba a los presentes. Su rostro duro y circunspecto no pasó desapercibido a ninguno de los trabajadores de prensa, que aguardaban el comienzo de la audiencia pública por la denuncia que el asesor de Manini Ríos realizó contra tres medios de prensa.
Minutos después, se retiró a una sala contigua, alejado de los periodistas. Su abogado rechazó que se le tomaran fotografías para preservar “su derecho de imagen”, pese a que se trataba de una audiencia pública contra tres medios de comunicación, convocada por su propio cliente.
Durante la audiencia, LA REPÚBLICA no aceptó la imposición de un derecho de respuesta interpuesta por el coronel retirado, asesor del general Guido Manini Ríos y de Cabildo Abierto. La decisión de este medio estuvo fundada en que la información cuestionada no representa una información inexacta o tendenciosa como lo afirma el denunciante.
Lo mismo hicieron Radio Uruguay y Montevideo Portal, que con iguales argumentos, rechazaron el planteo de Romanelli.
La noticia cuestionada por el coronel retirado daba a conocer una carta pública de ex presos políticos, que señalaban los tratos que sufrieron cuando Romanelli era guardia en el Penal de Libertad entre 1978 y 1979, y fue difundida por más de una decena de medios y sitios web, que utilizaron la información hecha pública en primer lugar por Radio Uruguay.
Durante la audiencia judicial, el director responsable de LA REPÚBLICA, Néstor Molina Díaz, argumentó que aceptar la imposición del coronel retirado sería violatorio de la libertad de prensa, ya que este diario solo se limitó a informar el contenido de una carta de los expresos, que había sido publicada por más de una decena de medios y que no hubo “ninguna inexactitud”, dado que solo se informó el contenido de la carta de los expresos políticos.
Molina dejó en claro que “coherente con su historia de defensa del periodismo plural, ofrecía la posibilidad de realizar una entrevista con
Romanelli, para que diera a conocer su punto de vista sobre la denuncia de los expresos políticos, pero no aceptaba el reclamo judicial dado que significaría aceptar que se trató de una información inexacta o tendenciosa.
Remarcó asimismo que coartar la posibilidad a los expresos de dar a conocer la carta que hicieron pública, sería violatorio de la libertad de prensa e iría en contra de la irrestricta defensa de los derechos humanos que este diario ha llevado como estandarte durante sus 31 años de vida.
Montevideo Portal ofreció al denunciante la misma posibilidad, y también rechazó la imposición judicial.
Mientras que Radio Uruguay, que había generado la noticia en su informativo, no aceptó la demanda ni ofreció la alternativa de una entrevista dado que había llamado en dos oportunidades a Cabildo Abierto pidiendo una respuesta de Romanelli.
Rechazo del denunciante
El abogado del militar retirado rechazó el planteo de LA REPÚBLICA y de Montevideo Portal asegurando que la publicación debía ser como lo establecía la demanda y no a través de una entrevista, como ofrecían los medios.
No supo explicar por qué solo se eligió denunciar a estos tres medios cuando la información fue publicada por muchos más, lo que a criterio del director responsable de LA REPÚBLICA,“obedece a la línea editorial de este diario, defensora a ultranza de las causas de Derechos Humanos y del reclamo por verdad y justicia”.
Al no haber acuerdo, la jueza penal interviniente de 42º Turno doctora Dolores Sánchez resolvió fijar el día lunes 30 de setiembre para la lectura de una sentencia.