TEMIBLE CONTUBERNIO CÍVICO MILITAR
El ex comandante en jefe del Ejército y candidato presidencial por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, enfrentará, con absoluta razón, una imputación penal por eventual omisión con relación a las confesiones formuladas ante el Tribunal de Honor por el procesado represor Nino Gavazzo. Aunque se quiera afirmar lo contrario y se acuse soterradamente al oficialismo de estar detrás de este episodio, el ex jerarca castrense demoró casi un año en denunciar a sus superiores que el delincuente Gavazzo reveló haber desaparecido el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro.
Si bien a priori nadie afirma explícitamente que existió un deliberado intento de encubrimiento o de dilación, lo concreto es que el jerarca militar no informó en tiempo y forma y tampoco denunció la situación, a lo cual está obligado como funcionario público ante el conocimiento de un delito, según lo establecido por el Artículo 177 del Código Penal.
La imputación por omisión, que deberá estar naturalmente acompañada de contundentes pruebas que la sustenten, detonó insólitas reacciones políticas a menos de un mes de las elecciones nacionales del 27 de octubre.
Una de ellas fue la del candidato presidencial del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, quien, demostrando su absoluto desconocimiento sobre el tema y con su habitual liviandad, aseguró que el ex comandante en jefe no debería ser imputado. Asimismo, afirmó que “el incendio está en la Torre Ejecutiva”, atribuyendo al gobierno toda la responsabilidad del caso, lo cual resulta a todas luces una grosera falacia.
Desandando el pasado, en realidad el “incendio” está en su propia colectividad partidaria que, hace treinta y tres años, acompañó al Partido Colorado en la sanción de la inconstitucional Ley de Caducidad, la cual perdonó a Gavazzo y a otros delincuentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Por supuesto, esta postura de flagrante encubrimiento fue ratificada por la derecha hasta el presente, con el ex presidente de la República Julio María Sanguinetti a la cabeza, en su condición de auténtico arquitecto de la impunidad. A nadie sorprende que Lacalle Pou defienda a Manini Ríos, como lo hizo cuando este fue destituido por el presidente de la República Tabaré Vázquez, por haber criticado fallos del Poder Judicial con relación a notorios represores procesados por delitos de lesa humanidad.
En esa oportunidad, el por entonces senador nacionalista afirmó no compartir los motivos de la remoción del jerarca castrense, corroborando la afinidad histórica de su colectividad con los militares. De ese modo, avaló implícitamente los inverosímiles cuestionamientos de Manini a la Justicia.
Por supuesto, Lacalle Pou sabe que el candidato de Cabildo Abierto puede ser un socio para la coalición conservadora que se propone integrar si accede a la Presidencia. Obviamente, no lo molestan las manifestaciones flagrantemente ultra-derechistas del ex comandante en Jefe del Ejército y su explícita amistad con miembros del gobierno del fascista Jair Bolsonaro. Incluso, según ha transcendido, piensa en él como futuro ministro del Interior.
En esa coalición -que sería una suerte de engendro de Frankenstein- habría lugar para un partido como Cabildo Abierto que tiene muy dudosas credenciales democráticas, porque está integrado, entre otros, por el ex represor y coronel retirado Antonio Romanelli, el teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, condenado en Chile por el secuestro, desaparición y asesinato en Uruguay de Eugenio Berríos, y el mayor retirado Enrique Mangini, antiguo miembro de la fascista Juventud Uruguaya de Pie
-que tatuaba esvásticas en los muslos de jóvenes estudiantesy que incluso es sindicado como participante en el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela, en 1972.
Naturalmente, es notoria la adhesión de miembros de organizaciones neonazis a la candidatura de Manini Ríos y de reconocidos reaccionarios como el ex diputado Colorado Daniel García Pintos.
Manini Ríos sería un ministro del Interior ideal de un gobierno derechista encabezado por Luis Lacalle Pou, que debería reprimir al movimiento popular para aplicar su draconiano programa de recortes presupuestales, desmantelamiento del Estado y rebaja salarial y de jubilaciones.
Lo realmente incomprensible es que el ex jerarca castrense tenga una creciente intención de voto según todas las encuestas, seguramente atribuible a su condición de militar y a su promesa de mano dura con la delincuencia. Su candidatura es fruto de la negligencia del sistema político -a la cual no es ajena el propio Frente Amplio- y de la inmoral campaña de prensa destinada a instar el miedo en la sociedad y a potenciar la figura del ex comandante en Jefe del Ejército, que ha logrado captar votos desencantados del oficialismo, del ala más derechista del Partido Colorado y hasta del Partido de la Gente, que ha quedado reducido a una fuerza meramente testimonial.
Este integrante de la golpista Logia Tenientes de Artigas -quien sugestivamente ascendió tres veces durante la dictadura- debería ser también imputado por difamación e injurias por haber afirmado, sin pruebas, que existen contactos entre el crimen organizado y jerarcas de gobierno. Esas inadmisibles afirmaciones deberían ser dirimidas en un estrado judicial.