Rechazan pretensión de imponer a juez cuestionado en Perú
Duras críticas y rechazo generó ayer la intención del titular de la comisión del Congreso, Pedro Olaechea, de imponer la cuestionada elección de un juez del Tribunal Constitucional (TC) que causó la disolución del parlamento peruano.
Los legisladores Edgar Ochoa y Alberto de Belaúnde señalaron el carácter irregular de la elección parlamentaria, de Gonzalo Ortíz de Zevallos como miembro del TC, y rechazaron el pedido del presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Pedro Olaechea integrante de la mayoría legislativa neoliberal.
Ortíz, primo de Olaechea, fue elegido el lunes, en una tormentosa sesión en la que se adjudicó un voto electrónico a la legisladora Elena Foronda, que esta no había emitido y sin el cual el postulante no alcanzaba los 87 votos necesarios para ser elegido, lo que está pendiente de una investigación. La decisión implicó la negación de la confianza en el gabinete ministerial, a la que estaba atado un proyecto para postergar la elección de nuevos jueces del TC y modificar el procedimiento de las designaciones para hacerlo transparente y público. La legisladora centrista Patricia Donayre señaló que la elección no es válida porque quedaron pendientes dos solicitudes de reconsideración por la irregularidad mencionada y porque la nominación no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, requisito indispensable.
Olaechea pidió en una carta al presidente del TC, Ernesto Blume, que su primo reemplace al magistrado constitucional de menor antigüedad como abogado, lo que rechazaron también los congresistas Indira Huilca, Patricia Donayre y Alberto de Belaúnde.
Huilca señaló que el bloque neoliberal del disuelto Congreso, representado por Olaechea, ‘sigue desesperado por reconformar el TC a su medida: para que entre el primo quieren sacar a quien tiene colegiatura más reciente, no la más antigua’, como ha ocurrido antes.
La parlamentaria Marisa Glave anotó que la exigencia, que buscaría dar de baja al juez Eloy Saldaña, no fue acordada por el pleno parlamentario antes de su disolución y acusó a Olaechea de una ‘intromisión grosera en las competencias del TC’.
El magistrado Espinosa pidió respetar la constitucionalidad y advirtió que ‘un Congreso disuelto no puede sacar una resolución sobre un asunto que no está terminado de discutir, y menos condicionando una competencia histórica del Tribunal Constitucional’.