Lanza: fallo que amparó derecho a réplica sienta “peligroso” antecedente

El doctor Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que el fallo de la juez Letrada en lo Penal de 42º Turno Dolores Sánchez, que hizo lugar al derecho de réplica del coronel Antonio Romanelli, sienta un “grave” y “peligroso” antecedente para la libertad de expresión en el Uruguay. En diálogo con LA REPÚBLICA, el periodista uruguayo dijo que de prosperar la tesis de la jueza “habilitaría a cualquier persona a que, por el mero hecho de haber sido aludida o nombrada en un reportaje o en una nota, automáticamente pueda acceder a un derecho de respuesta totalmente abusivo”. Señaló además que Romanelli en su pedido de derecho a respuesta que amparó la justicia y que fue apelado por los medios denunciados (LA REPÚBLICA, Radio Uruguay y Montevideo Portal) “hace toda una defensa del proceso militar y se le impone a los medios este discurso sin ningún tipo de intervención editorial”. Para Lanza el fundamento de la jueza para amparar el derecho a réplica del militar retirado, asesor de seguridad del candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, “no forma parte de ningún sistema de libertad de expresión democrática” y también es peligroso porque “genera un antecedente en el que les quita el control a los medios del debate público”. Lanza dijo que la sentencia “notoriamente no se ajusta a los requisitos y a los principios que determinado derecho de respuesta exige para proceder” y que “no puede ser visto, como lo ve la magistrada, como un derecho automático que tiene cualquier persona que es aludida, digamos en una discusión pública, que esa discusión es retomada por los medios de comunicación que son el vehículo natural para el debate público democrático”. Agregó que la propia ley (Nº 16.099) establece en su artículo 7º una serie de requisitos como la inexactitud, el agravio de la información, esto es “que la información contenga imprecisiones, que no sea objetivamente veraz o que produzca realmente ofensa porque hay una falsedad, un sustento en esto”. Explicó que “no porque esté en la Convención procede automáticamente” y que el derecho de respuesta “también obviamente tiene sus límites”. Afirmó que también hay un hecho insoslayable: el Sr. Romanelli “es una persona pública, está aspirando a un cargo político electoral, por lo tanto, está sometido a un escrutinio por parte de la ciudadanía y hay un grupo de organizaciones de ex presos políticos que le hacen una denuncia en base a antecedentes que son importantes para una persona que aspira a representar a la ciudadanía y a cumplir con la Constitución”. Lanza afirmó que Romanelli “pudo expresar perfectamente su rechazo a esta carta a través de distintas formas”; por ejemplo, a través de los propios medios que le han ofrecido hacer uso de la palabra o “pudo haber convocado a una conferencia de prensa” para formular sus descargos. Por lo tanto, en su opinión, tampoco “se da el supuesto de que esta persona haya sido silenciada por los medios de comunicación que reprodujeron las primeras informaciones que se vertieron respecto a él”. “En todo caso lo que sí tiene que revisar la jueza es si, efectivamente, esta persona tiene la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación donde se reprodujo el debate”, agregó.