Parlamento chileno investigará crímenes
La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer la creación de una comisión investigadora sobre el actuar de varios ministerios del gobierno de Sebastián Piñera durante las jornadas de protestas contra medidas económicas.
Ex juez Garzón a Piñera
“Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”, indica el ex juez Baltasar Garzón en su misiva. on 67 votos a favor, 31 en contra y 14 abstencioCnes,
los diputados exigen una investigación sobre los actos de los ministerios del Interior y de Defensa, que estén relacionados con la declaración de estado de emergencia en distintas regiones del país.
Dentro de los puntos a fiscalizar, se encuentran las muertes de civiles provocadas por funcionarios de las fuerzas armadas, de orden y seguridad, así como las torturas, apremios ilegítimos y tratos inhumanos dirigidos contra civiles bajo el toque de queda.
La instancia dispondrá de un plazo de 45 días para entregar su informe a la sala de la Cámara de Diputados y podrá sesionar en cualquier lugar del país que se acuerde.
Hasta el momento, la represión gubernamental, según informan algunos medios, causó la muerte de 23 personas hasta ayer; en tanto, más de dos mil ciudadanos son detenidos. Algunos manifestantes indican que están tomando gente de todas las edades y sexos, y metiéndolos en los camiones hacia cuarteles. También manifiestan que el total de muertos es mayor, y que en algunos casos han visto militares y carabineros transportando cuerpos y lanzándolos a los incendios, para que parezca que murieron por los incendios, y borrar cualquier rastro. Las mujeres que fueron detenidas, muchas sufrieron vejaciones sexuales y amenazas de violación.
En el segundo día de huelga general, los trabajadores, organizaciones y movimientos políticos y sindicales repudian las políticas neoliberales del mandatario Piñera y exigen una convocatoria a Asamblea Constituyente.
Para los próximos días, la Comisión deTrabajo de la Cámara de Diputados analizará las indicaciones que presentará el Ejecutivo al proyecto de Reforma de Pensiones.
Igualmente acordó realizar el lunes próximo una sesión especial para analizar el proyecto de portabilidad financiera y el que impone a las empresas eléctricas el costo de retiro e instalación de medidores de la luz.
Por último, los diputados coincidieron en remitir a comisiones los proyectos de ley que eventualmente ingrese el Ejecutivo mientras la Cámara no esté reunida, aun cuando no se dé cuenta previamente de ellos en la Sala, según informa Prensa Latina.
“Violencia estatal de facto”
Durante la sesión de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados del miércoles 23, el abogado constitucionalista Jaime Bassa, denunció graves irregularidades en la declaración de estado de emergencia, según informa Prensa Opal de Chile. El abogado afirmó que no hay respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo los jefes militares y que durante el estado de emergencia, ni el presidente de la república y por lo tanto ningún jefe de zona militar, está autorizado para detener personas. Es decir que todas las detenciones que ocurran serían ilegales.
“No estamos precisamente en un estado de excepción constitucional, estamos al margen del estado de excepción constitucional. Lo que estamos viendo hoy en las calles, es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo. No hay respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo hoy día los jefes militares.
El estado de excepción que ha sido declarado, es el estado de emergencia, que solo habilita por expreso mandato constitucional al presidente, solo habilita al presidente a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión, nada más. La habilitación constitucional es al presidente de la república, no al jefe de zona. Al presidente de la república, expresamente por texto constitucional”, manifestó el abogado constitucionalista Jaime Bassa, informa el portal de Prensa Opal.
“Durante este estado de excepción constitucional solo puede limitarse el ejercicio de libertad de reunión y libertad de reunión, y sin embargo de facto estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de emitir opinión, al derecho de manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley, hay hogares que son allanados, hay personas que son arrestadas desde sus hogares, sin habilitación legal, de facto. Lo que estamos viendo, es que la autoridad militar está actuando como si estuviéramos en estado de sitio, sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control.Tenemos una movilización que convoca a millones de personas y lo que estamos viendo hoy día, es la utilización de la fuerza del Estado, con fines políticos, para reprimir la justa manifestación de reivindicaciones populares” manifestó el abogado.
“Durante el estado de emergencia, ni el presidente de la República y por lo tanto ningún jefe de zona militar, está autorizado para detener personas. Todas las detenciones que ocurran, por ejemplo: en la estación Baquedano del Metro, son ilegales, todas. Además, la ley orgánica constitucional no tipifica como una sanción el no respetar el toque de queda. No respetar el toque de queda, no es un delito que esté tipificado por el Código Penal, por lo tanto las personas no pueden ser arrestadas, eso es ilegal” expresa el abogado, según Opal.