España investiga constructora por pago de comisiones en Panamá
Se trataría del pago de 82 millones de euros para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud.
El juez de la Audiencia Ismael Moreno imputó como persona jurídica a la empresa FCC por presuntamente pagar coimas de hasta 82 millones de euros para conseguir adjudicaciones en Panamá, según El País de Madrid.
Los delitos de los que se acusa a la constructora son corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para hacerse con el proyecto de construcción de varias líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de la capital del país
Según explica Moreno los hechos se iniciaron a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta mercantil se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.
En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrecht liderado por la brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá, la 1 y la 2.
Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.
FCC pagó comisiones a las sociedades de un abogado llamado Mauricio Cort, ciudadano español y panameño, para asegurarse las adjudicaciones, según el relato de la Fiscalía
Anticorrupción. Cort actuaría como testaferro y desviaría el dinero a los destinatarios últimos, que eran empleados y dirigentes políticos panameños. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht, que ya han declarado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Testaferro de confianza
Las empresas de Cort eran, según ese relato, instrumentales, en su mayoría off shore, y se dedicaban a mover el dinero entre distintas cuentas bancarias en Suiza y en el banco andorrano BPA. Esas cuentas estaban a su vez a nombre de un testaferro de confianza de Cort. Según adelantó EL PAÍS, la Policía de Andorra lleva tiempo indagando si el contrato que firmó FCC con el abogado Cort en 2010 ocultaba un esquema de pago de sobornos para hacerse con adjudicaciones públicas por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.