Se forma acuerdo en Chile para modificar la Constitución de Pinochet
A casi un mes de que comenzara la mayor crisis social y política de Chile desde el regreso de la democracia, en un acuerdo histórico, parlamentarios del oficialismo y de la oposición confirmaron que llamarán a un plebiscito para modificar la Constitución. En una extensa sesión que se extendió hasta la madrugada de ayer, los representantes de todas los partidos, menos el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), anunciaron el acuerdo para reemplazar la Carta Magna que rige en Chile desde 1981, sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La reforma de la Constitución es considerada como uno de los pasos fundamentales para lograr la pacificación del país, después de 28 días de conflictos, enfrentamientos, destrozos y saqueos en distintos lugares, pero con mayor epicentro en Santiago de Chile. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y los enfrentamientos violentos dejaron un saldo de22 muertos y miles de heridos y detenidos.
“Esta noche es histórica para Chile”, “somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado”, fueron algunas de las frases que pronunció Jaime Quintana, presidente del Senado, quien lideró el inicio de la conferencia de prensa conjunta, enfatizando que se trata de una “salida pacífica y democrática de la crisis”, y que “es una victoria de toda la ciudadanía” porque se trata de una salida institucional “cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social”.
El plebiscito para que la ciudadanía elija si desea modificar o no su Carta Magna, y en caso afirmativo, a través de qué mecanismos, se realizará en abril del año que viene.
La consulta resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución. En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución.
Las posibilidades son: una “convención mixta constitucional”, compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos para la ocasión; o una “convención constitucional”, para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.