Los aumentos de las jubilaciones abren nuevos reclamos en Argentina

Los aumentos en las jubilaciones anunciados por el Gobierno de Alberto Fernández benefician a la mayoría de las personas mayores que cobran el ingreso mínimo. Pero una porción percibirá un incremento menor del esperado.

Un

40% de la población de adultos mayores en Argentina se verá afectada negativamente por el aumento en las jubilaciones decretado por el Gobierno, lo cual abre la puerta a reclamos y posibles litigios, a pesar de que al mismo tiempo beneficia al 60% de la población pasiva, que recibe el monto mínimo de haberes. Desde diciembre de 2019 la fórmula de actualización automática para el cálculo de aumentos en las jubilaciones fue suspendida por un plazo de seis meses, en el marco de un plan de emergencia económica ante la crisis financiera del Estado.

Durante enero y febrero, los jubilados que perciben los haberes mínimos recibieron una bonificación exclusivamente temporal que elevó el piso del mínimo de 14.068 pesos (225 dólares) hasta alcanzar los 19.068 pesos (305 dólares) mensuales, sin subas para todos los que cobran por encima de esta última cifra. A partir de marzo, todas las jubilaciones recibirán un aumento de 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos (24 dólares). Quienes cobran el mínimo -que sigue siendo de 14.068 pesos- recibirán 1,5% más de lo que hubieran obtenido según el cálculo que estaba vigente durante el Gobierno anterior de Mauricio Macri, que hubiera sido de 11,5%.

El problema es que todos aquellos jubilados por arriba de 16.300 pesos (258 dólares) recibirán un aumento menor al que hubieran obtenido según la fórmula ahora en suspenso. Esta se calculaba tomando en cuenta el 70% de la variación trimestral del índice de inflación sumado al 30% de la evolución de los salarios.

Esta fórmula había sido modificada y aprobada en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), y en su momento provocó graves disturbios frente al Congreso y muchas quejas de parte de los jubilados porque fue aplicado en retroactivo, lo que provocó una disminución promedio de 7% en todos los haberes en comparación al cálculo que se usaba anterior a esa fecha, que era menos dependiente del índice de precios.

La principal queja hacia el nuevo decreto de necesidad y urgencia del Gobierno de Alberto Fernández es que los aumentos disminuyen más cuanto mayor sea la jubilación: alguien que cobra 20.000 pesos (317 dólares) tendrá un aumento de 10%, es decir, 1,5% menos que el 11,5% que hubiera recibido si no se hubiera suspendido la fórmula anterior; mientras que alguien que recibe 100.000 pesos (1.587 dólares) recibirá un incremento de 3,5%, un 7% menos que lo esperado.

“Vamos a plantear una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del decreto y, de no prosperar, pediremos que se expida la Corte Suprema de Justicia”, dijo Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, quien anunció que habilitó una adhesión voluntaria a una acción colectiva legal para detener la suspensión de la ley de movilidad (Sputnik)