El gobierno retiró de la LUC otro artículo, el que habilitaba a las SA la compra de tierras

El Frente Amplio celebró la decisión. “La propuesta de retirar esos artículos la compartimos plenamente; hace parte del trabajo de esta comisión especial donde trabajamos en mejorar un proyecto”, sostuvo Carrera.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió quitar de la ley de urgente consideración el capítulo que habilitaba a las sociedades anónimas a comprar tierras rurales.

El Frente Amplio celebró esta decisión. El senador frenteamplista Charles Carrera se congratuló y tuiteó en la tarde de ayer que esta norma “implicaba deshacer una medida que impedía que sociedades anónimas no nominativas fueran titulares de tierras”. “Una medida justa que había sido implementada durante el primer gobierno del Frente Amplio, con (José) Mujica como ministro. La propuesta de retirar esos artículos la compartimos plenamente; hace parte del trabajo de esta comisión especial donde trabajamos en mejorar un proyecto que contiene muchas aristas que no compartimos y sobre las que promovemos cambios en beneficio de las más amplias mayorías”, agregó. En tanto, el senador suplente opositor Alejandro Sánchez consideró que este es otro avance en el tratamiento de la ley de urgencia, aludiendo a que también el Poder Ejecutivo decidió que los artículos 268 y 269, referentes a Antel, no se traten dentro de la ley de urgencia sino en la ley de medios que trata la Cámara de Representantes. Ese artículo intentaba declarar de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, sociedades personales, sociedades agrarias y asociaciones agrarias, cooperativas agrarias comprendidas, sociedades de fomento rural, personas públicas estatales y personas públicas no estatales.

Las sociedades mencionadas en el inciso anterior, así como las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones comprendidas en la Ley N° 16.060, podrán ser titulares de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital social esté representado en cuotas sociales o acciones nominativas, pudiendo su titularidad corresponder a personas.

Consenso para votar modificaciones al régimen de PPP

En la mañana de ayer compareció ante la comisión especial el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. En conferencia de prensa dijo que el objetivo de las obras de Participación Público Privada (PPP) es abreviar plazos de tramitación de proyectos y acelerar las obras. En ese sentido, anunció que prepara un plan estratégico de obras.

La secretaría de Estado procura generar mayor eficiencia. En esa línea, Heber aludió a que se busca con los nuevos artículos “agilizar y ser más eficientes, para que no terminen enredándose con sus mismos controles, que generan que no salgan”.“Hay cuatro circuitos que están a consideración de la administración. Estamos empujándolos porque son obras, empleo e inversión. Es fundamental que se concluyan”, añadió. Por otra parte, el ministro dijo que su cartera prepara un“plan estratégico de obras”, con asesoramiento internacional.“Un organismo internacional, ajeno, que nos dice ‘este es el estado de las rutas, y esta la obra que hay que hacer”, sentenció Heber. El jerarca señaló que mediante la modalidad PPP hasta ahora solo fueron concluidas dos rutas, la 21 y la 24, que hay otras dos en construcción, y cuatro que están “totalmente detenidas” por razones burocráticas. El plan apunta a mejorar el diseño de los pliegos de condiciones y de abreviar los plazos de tramitación de los proyectos.“La burocracia es muy grande en el Estado, y no saben el grado de indignación que muchas veces nos genera a la hora de tener que ejecutar”, agregó el ministro. “Estamos elaborando un estudio por parte de organismos internacionales, con fondos no reembolsables, para saber cuál es el plan estratégico nacional de obras viales. No es la opinión del ministro o del subsecretario, ni siquiera de la Dirección Nacional de Vialidad. Es de un organismo ajeno que nos dice ´este es el estado de las rutas y esta es la obra que hay que hacer´. Naturalmente en el Ministerio de Economía se verá cómo se financian las mismas y en cuánto tiempo se van a hacer”, expresó. En primer momento, habría consenso entre los legisladores que están en la comisión especial que trata la ley de urgente consideración para hacer estas modificaciones al régimen de PPP. Los legisladores opositores estiman que el plan estratégico de obras que dio a conocer el secretario de Estado está muy enfocado en temas viales y que debería ser “más amplio”. Carrera dijo que para hacer un plan estratégico,“uno no necesita de una ley”. “Eso está dentro de las competencias propias del Poder Ejecutivo. Lo otro que nos preocupa es que estaría muy enfocado, aparentemente, únicamente con infraestructura vial”.“Nosotros creemos que ahí, cuando uno habla de infraestructura, hay infraestructura vial, social, de seguridad, y de defensa. Eso hay que dejar constancia que en un plan estratégico es mucho más amplio”, agregó.

En tanto, el senador oficialista Jorge Gandini indicó que la obra pública“genera mucho trabajo, específicamente local”. “Cada dólar que se gasta se multiplica por cuatro en el ámbito local, cuando hacemos una ruta, por cada dólar que se gasta en esa ruta, los almacenes, en los comercios del pueblo, en todo lo que los rodea, se transforma en cuatro. Así que creo que ahí el mejor aporte social es el trabajo, y la obra pública genera trabajo y va a ser una de las estrategias de la salida de la crisis de la pandemia”, sostuvo. Por otra parte, consideró que “estamos frente a una gran ley que, por un lado, busca transparencia en los procedimientos y, por otro, contener el gasto para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado recientemente”, aludiendo a las “pérdidas enormes de dinero”a través de Ancap, Gas Sayago y Pluna.

“A su vez, instrumenta mayores niveles de transparencia, lo que para nosotros es fundamental; desde la oposición reclamábamos la falta de transparencia en las empresas del Estado y también las que siendo del Estado se rigen por el derecho privado. Son sociedades anónimas de las que no sabíamos ni en qué invertían, ni cómo gastaban, ni cuántos funcionarios tenían. Eso se está implementando ahora en esta ley, de modo de transparentar su situación”, explicó.

Heber destacó que entre las modificaciones que plantea la ley de urgencia hay algunas que refieren a la actividad de los puertos.Acompañado por el subsecretario de la secretaría de Estado, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, el titular explicó que parece “absurdo” tener puertos compartidos con regímenes jurídicos diferentes, en la órbita de la ANP y de la Dirección Nacional de Hidrografía del ministerio. “Hay puertos en el país cuya mitad está administrada por ANP y la otra mitad por DNH. Lo lógico es que haya una misma administración, con un mismo régimen jurídico, de modo de poder potenciar la inversión privada para que, por régimen de concesión, hacer rendir más el Sistema Nacional de Puertos”, indicó. Heber concluyó que esta instancia parlamentaria constituyó “un muy buen debate”en el que“no hubo cuestionamientos sustanciales” al texto propuesto por el Poder Ejecutivo.