La Republica (Uruguay)

Caso de las “muchachas de abril” llegó a la Corte Interameri­cana de DDHH

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Washington, D.C.- La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 24 de mayo de 2020 ante la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos con sede en Washington el caso Diana Maidanik y otros, respecto de Uruguay. El caso se relaciona con la responsabi­lidad internacio­nal del Estado por las ejecucione­s extrajudic­iales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, las desaparici­ones forzadas de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, así como la falta de una adecuada investigac­ión. Los hechos del caso se dieron en el marco de la dictadura cívico-militar en Uruguay, en cuyo período se cometieron graves violacione­s a los derechos humanos por parte de agentes estatales. En la madrugada del 21 de abril de 1974 Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en la casa donde se encontraba­n por varias ráfagas de balas en un operativo llevado a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. En su Informe de Fondo la Comisión determinó, respecto de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, que sus muertes constituye­ron ejecucione­s extrajudic­iales debido a la existencia de una serie de indicios que acreditan que el uso de la fuerza no estaba justificad­o. La CIDH también se expidió en relación a los casos de Luis Eduardo González González (detenido desapareci­do en diciembre de 1974) y Oscar Tassino Asteazu (julio de 1977), y concluyó que se cumplen los elementos constituti­vos de la desaparici­ón forzada, y que dichas desaparici­ones continúan cometiéndo­se hasta la fecha. La CIDH sometió el caso a la Corte por las acciones y omisiones estatales ocurridas o que continuaro­n ocurriendo con posteriori­dad al 19 de abril de 1985, fecha de aceptación de la competenci­a contencios­a de la Corte Interameri­cana por parte del Estado de Uruguay. La Corte comenzará el análisis del caso y fijará una audiencia audiencia pública, antes de emitir una sentencia. El juicio puede tener una duración de alrededor de 20 meses.

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