Sin votos: el proyecto de Cabildo Abierto divide a la coalición y naufragaría en el Senado
Para hoy está previsto que la bancada del Partido Colorado se reúna para laudar su posición; el Partido Nacional “posiblemente” lo haga en el correr de la semana, mientras que los partidos Independiente y de la Gente ya se manifestaron en contra.
La coalición multicolor discutirá en estos días el proyecto de ley para reinstaurar la Ley de Caducidad que presentó Cabildo Abierto (CA) la semana pasada. Por ahora, no hay fecha para tratarlo en comisión. Para hoy está previsto que la bancada del Partido Colorado se reúna para laudar una posición, mientras que el Partido Nacional “posiblemente” lo haga en el correr de la semana, informaron a LA REPÚBLICA. Oficialmente, ambas colectividades políticas no tienen una posición definida aunque legisladores adelantaron que no estarían de acuerdo, por lo tanto el documento naufragaría en el Senado. No obstante, a nivel sectorial, Ciudadanos adelantó que no votará el proyecto aunque no descarta acompañar “aspectos puntuales”. “Es una señal complicada” votar ese texto, admitió el senador Adrián Peña, en declaraciones a El País.
Desde el gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou ha dicho que la derogación de la ley 18.831 no forma parte de la agenda de la coalición de cinco partidos contenida en el documento “Compromiso por el País”. El exdirigente frenteamplista, hoy diputado electo por el Partido Nacional Gonzalo Mujica, dijo que está en contra de este proyecto. El legislador publicó en su cuenta de Twitter que “la verdad y la justicia no necesitan más marco legal, necesitan más verdad y más justicia. Si una condena es injusta se apela, y si la justicia llega 40 años tarde, festejemos que al fin llegó. No voto reinstalación de la Caducidad”. Una fuente blanca comentó a LA REPÚBLICA que estaría en contra aunque espera a reunirse con la bancada para tener una posición oficial. Criticó además cómo está redactado el documento. Lo mismo opinó un colorado. Los partidos Independiente y de la Gente ya se manifestaron en contra.
El senador Guido Manini Ríos dijo a LA REPÚBLICA que presentaron este proyecto porque “en estos últimos tiempos se están cometiendo atropellos claros al Estado de derecho”. “Aquí hay magistrados que no están respetando los principios que recoge nuestra Constitución de la República, principios elementales que cualquier estudiante de Derecho estudia en la facultad, irretroactividad de la ley, tiempos de prescripción, no juzgar dos veces por la misma causa, etcétera. No se están respetando y se está llevando a la cárcel a gente inocente, comprobadamente inocente”, indicó, entrevistado por este Multimedio.
Manini Ríos sostuvo que “acá hay que recuperar el espíritu de aquella ley de pacificación que se votó en 1986 y que tiene la característica de ser la única ley de nuestro ordenamiento jurídico, de las 20.000 leyes que se aprobaron en Uruguay desde 1830, que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral. Cuerpo electoral que en nuestra Constitución incluso prima por sobre los representantes en el Poder Legislativo”. “Esa ley fue derogada de hecho, en realidad fue interpretada, así se decía, por una ley que obtuvo una mayoría exigua en el Parlamento, en el Senado fue por un voto, fueron 16 votos en 31, para su aprobación. Y esa ley en definitiva abrió el camino para estos excesos que algunos, algunos repito, no todos, algunos jueces y fiscales los han cometido llevando a uniformados a la cárcel en forma injusta. Por esa razón, nosotros creemos que es necesario recuperar ese espíritu de pacificación”, agregó.
Proyecto “absurdo”
Dos históricos dirigentes del Partido Nacional se manifestaron en contra y deslizaron algunas críticas hacia el rol de Cabildo Abierto en la coalición gobernante. El exvicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre Ramírez consideró que el proyecto presentado por CA “resulta por completo equivocado” y “absurdo” porque la Ley de Caducidad era para “evitar enfrentamiento con las jerarquías militares de aquella época”, algo que no ocurre ahora.
En una carta dirigida al director del semanario Búsqueda, Aguirre apuntó que si Manini Ríos pretende impedir los procesamientos de militares acusados de cometer delitos perpetrados hace más de cuarenta años en función de ser crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, “lo que se debe hacer es analizar si tales delitos eran considerados de lesa humanidad e imprescriptibles en la fecha de su comisión”. Señaló que “resulta claro” que no es “jurídicamente correcto” calificar a los actos de tortura como “delitos imprescriptibles, ya que esa figura delictiva no existía en aquellos años nefastos”.
Por su parte, el exministro blanco de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas, expresó en una carta a Búsqueda que no entiende la “estrategia” de Manini Ríos al presentar este proyecto de ley. “Es demasiado
El artículo 1 definitivamente está mal. Nadie puede discutir que esa sentencia es obligatoria para el Uruguay. Las sentencias son obligatorias en el ámbito internacional y en el ámbito interno y eso no se discute desde hace siglos”.
(Doctor Martín Risso)
temprano para ponerse a jugar perfilismos”, advirtió el blanco al líder cabildante y agregó que no vale que los “viernes jure amor eterno a la coalición” cuando de “lunes a jueves” le “patea la canilla”.
“No solo son urticantes y poco ubicados los planteos que CA le hace al gobierno, sino que la forma produce aún peores efectos: el que realmente quiere ayudar a un gobierno no le hace los planteos públicamente”, apuntó, y aludió a cuando los legisladores cabildantes Eduardo Lust y Guillermo Domenech “golpearon la puerta” de Presidencia “para pedirle la cabeza del fiscal de Corte”, Jorge Díaz. Para De Posadas, el planteo de Manini Ríos es “extemporáneo y mal planteado” y además, aseguró, no solucionaría “al problema de fondo”.
CIDH y Cejil preocupados
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con “preocupación” el proyecto de ley que pretende reinstaurar la Ley de Caducidad. Según explicó la CIDH en un hilo de Twitter, este proyecto propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívicomilitar.
El organismo internacional sostiene que de ser aprobada tal medida “podría representar el incumplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”. Asimismo, recuerda que en la resolución de 2013, la CIDH constató “obstáculos para el pleno acatamiento de dicha sentencia”.
Además, en la visita de trabajo realizada en el 2019, el organismo observó la “persistencia de desafíos en materia de justicia por delitos de tal gravedad”. En ese sentido, la CIDH reiteró su llamado a Uruguay a “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.
Por su lado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) tampoco comparte el proyecto. “Esta propuesta representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca restablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad. Dicha norma impidió hasta el año 2011 el acceso a la justicia y la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura. La propuesta no solo es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo con la ratificación de diversos tratados, sino que, de avanzar, constituiría un claro desacato a la sentencia emitida por la CIDH en el caso Gelman. Dicha sentencia declaró que la Ley de Caducidad, así como toda disposición de ‘amnistía, prescripción, o establecimiento de excluyentes de responsabilidad que busquen impedir la investigación y sanción de responsables de graves violaciones a los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas’, es manifiestamente incompatible con la Convención Americana por contravenir derechos reconocidos por el derecho internacional que son inderogables”, indica el comunicado que difundió el fin de semana.
“En consecuencia, la CIDH ordenó al Estado dejarla sin efecto y al mismo tiempo remover e impedir todo otro obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia.Tal como lo estableció la CIDH en su sentencia, el Estado tiene un deber de garantizar el derecho a la justicia de víctimas y familiares y también de satisfacer el derecho a la verdad, que incluye una dimensión colectiva por el impacto que el acceso a la justicia tiene en el Estado de derecho. En ese sentido, la presentación de la propuesta constituye una afrenta lamentable a las víctimas de la dictadura cívico-militar y sus familiares, pero también a toda la sociedad uruguaya, incrementando una deuda irresuelta de justicia y reparación”, agrega. “La propuesta no solo es contraria al derecho internacional y a las obligaciones del Estado en el marco de una sentencia internacional, sino que busca reescribir la historia, tildando como ‘excesos’ crímenes de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y detenciones arbitrarias cometidas por el Estado”, señaló María Noel Leoni, directora del programa de Bolivia y el Cono Sur de Cejil.
“Resulta urgente que este tipo de propuestas tengan un rechazo contundente por parte de las autoridades y que, por el contrario, conduzca a reforzar un compromiso público y sostenido con las víctimas y familiares, y con la sociedad en su conjunto, para efectivamente garantizar el derecho a la verdad y la justicia”, añadió. “Nuestra solidaridad con las víctimas que persisten en la búsqueda de la verdad y la justicia. En el debate político es clave no perder de vista que ellas tienen derechos inalienables. Por ello, los tratados en derechos humanos son unánimes en prohibir crímenes atroces como la tortura, la violación sexual o la desaparición forzada de personas, y en exigir la investigación de los responsables. Ello se fundamenta no sólo en la dignidad de las personas sino en la importancia de la verdad y la justicia para la garantía de la igualdad y el Estado de derecho”, puntualizó, por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil.
“Esperamos que la propuesta caiga por su propio peso. Sin embargo, llamamos la atención sobre las facultades de la Corte Interamericana de intervenir en el proceso legislativo frente a proyectos de amnistía como lo hizo recientemente en los casos de Guatemala y El Salvador”, concluyó.
Aquí hay magistrados que no están respetando los principios que recoge nuestra Constitución de la República, principios elementales que cualquier estudiante de Derecho estudia en la facultad y se está llevando a la cárcel a gente inocente, comprobadamente inocente”.
(Senador Guido Manini Ríos)