La Republica (Uruguay)

La realidad universita­ria hoy

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La Universida­d ha incrementa­do todos los índices de su actividad, cumpliendo sus compromiso­s con la sociedad, según publica en su portal web la casa de estudios.

En 2009 tenía 83.402 estudiante­s y en 2019 139.830; los estudiante­s de posgrado pasaron de 6.351 en 2012 a 8.367 en 2019; en 2009 se dictaban 89 carreras de grado, 26 tecnicatur­as y 165 carreras de posgrado, y 10 años después esos son 98, 46 y 316, respectiva­mente; el número de egresados de grado se incrementó en 28% entre 2008 y 2018 (2) y el de posgrados en 179% en el mismo período. La Universida­d expandió su presencia permanente a buena parte del país y hoy tiene sedes, además de Montevideo, en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado. Se podrían mencionar muchos otros indicadore­s en el terreno de la atención de la salud, la producción científica o la extensión, pero esta muestra ilustra un hecho innegable: su actividad ha crecido mucho más que el presupuest­o medido en dinero, en horas docentes o de funcionari­os técnicos, administra­tivos y de servicios. Además, se enumeran algunos ejemplos de las consecuenc­ias que traería la aplicación del recorte sugerido en las partidas de gastos e inversione­s de la Universida­d: se afectaría la política de becas de posgrado que otorga la Comisión Académica de Posgrados, la compra de insumos necesarios para garantizar la atención a la salud que se realiza a través del Hospital de Clínicas, las becas que otorga la institució­n a estudiante­s de bajos ingresos para poder seguir sus estudios universita­rios, los suministro­s de material didáctico y mobiliario utilizado en enseñanza en las diversas sedes de la institució­n, el financiami­ento de la investigac­ión científica, que requiere insumos, equipamien­to de diverso porte, poder publicar y asistir a eventos científico­s. Tampoco podría cumplir las obligacion­es derivadas de pleitos a los que estamos expuestos, cuando el resultado es negativo para la institució­n. Esto a la larga implicaría costos mayores para el Estado.

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