Reforma de la Seguridad Social: importante y urgente

La semana pasada se instaló la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Como lo dice su nombre, se trata de un grupo de quince especialistas que, además de provenir de los diferentes partidos y organizaciones sociales, también se caracterizan por haberse especializado de diferentes maneras y desde distintas disciplinas sobre esta temática tan relevante para el futuro de nuestra sociedad. Este grupo de trabajo, que es presidido por el Dr. Rodolfo Saldain, quien es una garantía de idoneidad y capacidad de diálogo, tendrá a su cargo nada menos que la enorme responsabilidad de proponerle al Parlamento y a la ciudadanía una modificación del sistema de seguridad social de manera tal de que sea sustentable en una perspectiva de largo plazo.

Uno de los más grandes desafíos que tiene desde hace varios años nuestro país es, justamente, la implementación de esta reforma. Todos los partidos políticos incluimos en nuestras propuestas programáticas, durante la campaña electoral del año pasado, la inexorable necesidad de incorporar cambios en nuestro sistema de seguridad social ante la evidencia de las dificultades de sostenibilidad que el actual diseño presenta en un plazo relativamente corto.

Este gobierno asume, entonces, la responsabilidad de promover un ámbito de reflexión, diagnóstico y propuesta para que en el correr del año próximo nuestro país discuta y apruebe un conjunto de modificaciones que nos permita avanzar en el mediano y largo plazo con un sistema de jubilaciones y pensiones capaz de responder a los desafíos actuales. Este proceso debe ser participativo y plural. En tal sentido, no es casual que en la Comisión estén representados todos los partidos políticos, así como técnicos provenientes del movimiento sindical, de los empresarios y de los jubilados. Ha sido voluntad de este gobierno que así sea. El ámbito de la Comisión será, entonces, hábil y adecuado para el intercambio de las diferentes posiciones al respecto.

También se busca un efectivo diálogo social y es por eso que el trabajo de la Comisión incluirá ámbitos de intercambio con diferentes organizaciones de nuestra sociedad para recibir sus ideas, inquietudes y propuestas. La reforma, tal como dice la ley, será integral. Ello significa que no sólo abarcará el sistema previsional cubierto por el BPS (que es por lejos el que abarca a la mayor cantidad de personas), sino que también abarcará el análisis y la propuesta sobre las demás instituciones previsionales, las Cajas Paraestatales y los servicios de retiro militar y policial.

Por otra parte, la propuesta deberá cumplir con el objetivo de la sustentabilidad económica asumiendo que nuestra estructura demográfica indica, inexorablemente, un decrecimiento progresivo de la tasa de natalidad así como un aumento también sostenido de la expectativa de vida de nuestra gente.

Estas tendencias son, en sí mismas, consecuencia de virtudes de nuestra sociedad. En efecto, la expectativa de vida se extiende por las características de nuestro sistema de salud y protección social que garantizan cobertura y accesibilidad casi universal y, por otro lado, la reducción de la tasa de natalidad es consecuencia de pautas de modernización social vinculadas a los cambios en las relaciones de género y la adopción de conductas propias del mundo desarrollado.

Pero lo cierto es que tales tendencias impactan de manera contundente sobre la sustentabilidad del sistema de seguridad social tal como hoy está concebido. Es por ello que estamos obligados a diseñar cambios que permitan una respuesta adecuada y de largo plazo.

La reforma debe, además, cumplir con los requisitos de la solidaridad y de la suficiencia. En efecto, no alcanza con responder a la necesaria sustentabilidad financiera, sino que se debe lograr que la cobertura incluya a todos los ciudadanos por la vía de diferentes soluciones que garanticen un piso mínimo de prestaciones que sean adecuadas a las necesidades de los más débiles.

El desafío es inmenso, porque además una reforma de la seguridad social es, por definición, una reforma cuyos efectos se harán visibles muchos años después de su aprobación. Sus impactos no ocurrirán en el corto plazo, en la medida de que los que ya poseen causal jubilatoria y los que están cerca de alcanzar esa situación no se encuentran incluidos en la reforma proyectada.

Es por eso que también resulta urgente. Porque implica mirar con capacidad de pronosticar los efectos a veinte o treinta años. Esto quiere decir que, en realidad, la reforma que se proyecte tendrá como principales destinatarios a las generaciones más jóvenes.

Los que ya están jubilados o los que están cerca de serlo van a permanecer ajenos a sus efectos. Tenemos, además, la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo sobre los contenidos, porque sería muy bueno que una reforma de tal relevancia se pudiera convertir en una política de Estado.

Si esto no fuera posible, puesto que también hay numerosas evidencias sobre la existencia de posiciones distintas en estos temas, al menos deberíamos buscar acuerdos parciales lo más amplio posibles.

De todas maneras, tenemos plena conciencia de que la reforma debe concretarse en este período de gobierno, por lo que la eventual ausencia del consenso no debe ser un obstáculo para la toma de decisiones, por el bien de nuestro país y por nuestro compromiso con las nuevas generaciones.