La diferente “libertad responsable” y el rol del Estado

La política pública en materia sanitaria se ha resumido en el concepto de “libertad responsable” como eje de recomendaciones de comportamiento y de cuidado para cortar las potenciales cadenas de contagio. El llamado a la autoprotección individual, más que la coacción pública o policial, se constituyó en uno de los ejes de la política pública, tanto aquí como en muchos lados. Se supuso que las personas deberían tender innatamente a su protección y a su vida, y que por ende buscarían minimizar los riesgos de contagio, por lo que cerrar las actividades económicas implicaba costos mayores y que las personas buscando proteger sus vidas y sus trabajos tomarían las mejores opciones individuales y por ende también colectivas. Ello no implicó sin embargo la ausencia de una acción desde el Estado, focalizada en informar, establecer protocolos sanitarios, aprobar y vigilar su habilitación, organizar los sistemas de apoyo hospitalarios con espacios específicos para estos pacientes, financiar el costo de los tests, hacer seguimiento y trazabilidad de los enfermos o financiar actividades de investigación. Pero en relación a las actividades individuales, se favoreció un enfoque centrado en la responsabilidad personal, esperando que los ciudadanos tomasen decisiones racionales preservando su salud y con ello la de su entorno. Se propendía a concebir que buscando su bien egoísta, o sea el cuidarse, al mismo tiempo protegerían a todos. Más que establecer prohibiciones de circulación y cierre de actividades, el llamado a una distancia segura, lavado de manos y uso de barbijos, sobre la base a su vez de protocolos mínimos que facilitaran el funcionamiento de las organizaciones, llevaría a que las personas pudieran realizar su propia protección en condiciones incluso más eficientes. Sin embargo ha acontecido que la auto-responsabilidad como acto de protección de la vida personal, y por ende colectiva, ha estado más proclive a ser realizada por unas personas más que por otras. Es claro, que los seres humanos en condiciones de mayor libertad no actúan igual. Las personas mayores, aquellas con alguna patología particular, con una mayor aversión superior al riesgo o incluso más informadas, han tenido un comportamiento donde ha primado la responsabilidad individual. Sin embargo, al tiempo que los temores iniciales de incertidumbre se fueron reduciendo, muchos jóvenes o personas con una menor aversión al riesgo o con menor atención a los temas de salud han tenido comportamientos sociales más osados y con menos protección y por ende con mayor riesgo, tanto sobre ellos como sobre sus entornos personales. No digamos que por egoísmo. En muchos de ellos primó la necesidad de una mayor interacción y contacto con otras personas, o ser parte activa de actividades masivas, más allá de los niveles de protección y aversión al riesgo. Ello fue notorio en los jóvenes, como se apreció en la marcha de la diversidad sexual o de recordatorio de los desaparecidos, pero esos comportamientos no se redujeron a algunos sectores etarios, sino también a otros grupos de edades y culturas diferenciadas como se dio en el acto del aniversario del Partido Comunista. Se podría decir que esas acciones e interacciones tanto sociales como individuales son resultado de necesidades personales que son superiores a la protección de su propia vida. Si analizáramos en base a la Pirámide de Maslow, que establece escalones de seguridad de las personas, es claro que esos comportamientos personales de alto riesgo individuales y colectivos, no se han realizado con los criterios tradicionales donde prima la seguridad de la vida, sino que han prevalecido otras necesidades personales que han sido vistas con un nivel superior de importancia. Un elemento tan simple de protección como es la mascarilla o el barbijo, o incluso el alcohol de manos y cierta distancia, no ha sido de uso por todas las personas en muchos de esos, y otros, momentos de interacción social y por ende se plantean riesgos elevados sociales. El costo alternativo de protegerse era sin duda muy bajo, y aun así estas actividades de seguridad no priman en todos los grupos y momentos de inseguridad. La necesidad de realizar las actividades necesarias de trabajo y de vida han impuesto la inconveniencia de una política de cuarentena absoluta para proteger la vida de todos. El fin superior, el trabajo, solo debía requerir una relativa dosis de responsabilidad individual, para cuidar, tanto el fin menor -la vida individual- como un fin mayor - la vida colectiva-. Incluso podemos verlo a la inversa desde el lado de las visiones de las personas. No, al contrario, las decisiones no han sido racionales. La “libertad responsable” que buscaba congeniar un equilibrio necesario entre protección y cuidado sanitario, y a la vez protección del trabajo y cuidado social de la economía, no es cumplida por todos en igualdad de condiciones, dada claramente la diversidad de situaciones y niveles de riesgo de las distintas personas. Ese equilibrio deseado y esperado se comenzó a romper a medida que los miedos e incertidumbres colectivos se fueron reduciendo. El razonamiento pasó a ser “si los jóvenes no nos contagiamos a nivel de morir, para qué me voy a proteger”, o “son pocos casos y no me impactará”. O peor aún: “participar en este acto social -protesta contra la dictadura, libertad sexual, aniversario comunista o actividad en un templo religiosoes más importante que mi propia salud y la del colectivo”.

En este contexto estamos frente a una serie de presiones sobre la política pública. Parecería que más allá de la falta de cuidado individual y la violación de los protocolos establecidos por intereses económicos, cabe pensar si hay una acción consciente de crear situaciones de riesgos colectivos de generación de brotes de Covid-19 con la concentración de personas, para luego confrontar contra la autoridad policial a la hora que ella busca imponer el cumplimiento de los protocolos. También estamos frente a demandas sobre el Estado de grupos que reclaman la protección y la defensa de sus intereses particulares mediante la habilitación del funcionamiento de sus actividades. Actores, transportistas, instituciones educativas, actividades bailables, gimnasios, centros educativos o de turismo u hoteles, representan intereses particulares, tan loables como otros, que reclaman al Estado, o sea a la sociedad, no que se sacrifique, al permitir habilitar el funcionamiento de sus servicios, sino que confíe en el resguardo que harán de los protocolos y que no existirán riesgos colectivos. Sin duda, la política sanitaria es resultado no meramente de un enfoque técnico como puede ser la base del Comité Científico Honorario, sino también de las demandas de las sociedades y de los equilibrios en el funcionamiento de la propia sociedad. Tampoco en muchos casos hay datos y precedentes y los modelos no siempre son científicos para poder ver los comportamientos futuros. Sin duda, es probable que algunas actividades con sus protocolos rígidamente establecidos no agreguen riesgos colectivos elevados, pero sin embargo, también se constituyen en los canales de quienes, por no cumplir la

“libertad responsable”, facilitan que las diversas actividades en funcionamiento creen riesgos sociales significativos para todos.

Una vigilancia más estricta del cumplimiento de los protocolos y una fuerte aplicación de multas es una necesaria acción complementaria de la “libertad responsable”. Al fin de cuenta, los sujetos son libres, pero las organizaciones son responsables de la actuación de los clientes. Y en las plazas públicas, es responsabilidad municipal. Cuando los conductores no cumplen los protocolos de estacionamiento, enseguida llegan las multas y las grúas para levantar a los infractores. Sin embargo, en este contexto estamos viendo cómo la aplicación de las responsabilidades de los ámbitos municipales y departamentales no está siendo asumida en su plenitud. Es esta una tarea colectiva de todos. La “libertad responsable” es finalmente una política de vida en comunidad en todas las áreas de funcionamiento. Sin embargo también hay una función imprescindible del Estado de obligar el cumplimiento de la norma. Y siempre es mejor el funcionamiento de las multas y de la justicia, y no la acción represora del Estado. Bienvenidas las multas.