Tribunal de apelaciones federal decidirá sobre IDs para votar
Gobierno argumenta que impide el fraude; detractores, que discrimina a minorías y gente de escasos recursos
Nueva Orláns— Quince magistrados de un tribunal federal de apelaciones decidirán si la estricta ley de Identificación para votar en Texas debe ser abolida, ratificada o quizá ajustada. El martes pasado, el pleno del Tribunal de Apelaciones del V Circuito escuchó los argumentos acerca de la ley, la cual requiere que los electores presenten una de siete formas de identificación con fotografía para emitir su voto.
El Gobierno del estado y los simpatizantes de esta ley alegan que impide el fraude. Sus detractores, incluyendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los grupos de derechos civiles argumentan que el fraude presencial es extremadamente raro y la ley texana discrimina al pedir formas de identificación que son más difíciles de obtener para los electores de escasos recursos, afroamericanos e hispanos.
No estaba claro cuándo daría su veredicto el pleno del tribunal.
El año pasado, un panel del mismo conformado por tres magistrados ratificó la decisión de un juez de distrito de que los efectos de la ley eran ilegalmente discriminatorios.
Sin embargo, una mayoría del tribunal en pleno decidió volver a analizar el caso.
El fallo emitido por el panel de tres magistrados no representó una victoria total para los opositores de la ley.
En él se rechazan fragmentos de la decisión del juez de distrito, al determinar, por ejemplo, que la ley no constituía un “impuesto de capitación” ilegal.
Además el panel ordenó al juzgado de menor instancia volver a estudiar el tema de si la iniciativa se promulgó a efecto de discriminar intencionalmente a los electores pertenecientes a las minorías y a los de bajos recursos.
Posturas
Durante la audiencia de ayer volvieron a tocarse dichos puntos. Janai Nelson, miembro del Fondo Legal para Defensa y Educación de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, señaló que la ley se aprobó en el transcurso de una sesión legislativa repleta de debate con matices raciales sobre la inmigración ilegal y que dio como resultado una propuesta que exige identificaciones menos probables entre los electores negros e hispanos.
El subprocurador texano, Scott Keller, indicó no existir prueba de ningún propósito discriminatorio al promulgarse la ley, ni que haya afectado el registro o la participación electoral.
El presidente del tribunal, Carl Stewart, dijo haber evidencia de que se privó a los votantes de algunos derechos individuales, pero Keller agregó que dicha evidencia no bastaba para invalidar la ley.
Los abogados representantes de Texas argumentaron en opiniones por escrito que el estado hace fácil de obtener las identificaciones gratuitas, que cualquier inconveniencia o costo para conseguir alguna no infringe de manera considerable el derecho a votar y que el Departamento de Justicia y otras partes acusadoras no han logrado probar que la ley ha dado como resultado el negar a alguien el derecho a votar.