Analizan niveles de inglés en escuelas de Arizona
Phoenix, Az.— Escuelas de Arizona están colaborando con investigadores federales para resolver violaciones de derechos civiles al haber sacado a los alumnos de las clases de apoyo en aprendizaje del inglés antes de que estuvieran listos.
Por segunda vez en cinco años, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos amonestó a los funcionarios estatales de la educación por tener estándares muy bajos en sus exámenes de medición de eficiencia en estudiantes del inglés. Dichos estándares deben ser elevados o el Estado enfrentará penalizaciones, incluyendo perder la ayuda federal en efectivo, según un acuerdo celebrado a inicios de este mes.
Expertos de la educación y maestros advierten que las bajas expectativas de la eficiencia en el inglés pueden perjudicar los índices de graduación de preparatorias y el nivel de preparación para la Universidad, en el caso de alumnos que están aprendiendo el inglés como segunda lengua.
El Departamento de Educación de Arizona aceptó realizar los cambios necesarios, a pesar de que los funcionarios no estuvieron de acuerdo con las conclusiones de la investigación.
Además el Departamento de Educación de Arizona debe averiguar cuántos alumnos de preescolar y grados 3-12 necesitan ayuda adicional para leer, escribir, escuchar y hablar en inglés en el salón, luego ayudarlos a que se emparejen.
No está claro cuántos alumnos deben ser reevaluados. Cerca de 70 mil alumnos están inscritos en los programas de apoyo en el idioma inglés en el estado.
Los últimos acuerdos vienen de uno previo con el Gobierno federal que buscaba resolver el mismo problema.
En 2012, las escuelas de Arizona proporcionaron
Presuntamente, retiraron clases a alumnos cuando aún no alcanzaban el estándar
servicios adicionales de enseñanza de lectura y escritura a unos 28 mil alumnos que dejaron los programas del idioma inglés muy pronto o nunca se les identificó como candidatos entre 2006 y 2012.
Los funcionarios federales explicaron que un segundo acuerdo es preferible a aplicar castigos, tales como frenar el envío de fondos federales o demandar a través del Departamento de Justicia.
‘Sin embargo, detener el envío de fondos federales es una herramienta que (la Oficina de Derechos Civiles) usará, si es necesario, para asegurar que se cumpla el acuerdo’, declaró Dorie Turner Nolt, secretaria de prensa del Departamento de Educación de los Estados Unidos.