Alistan movilización tras revés al alivio migratorio
Los indocumentados excluidos ahora de la Acción Diferida expresan temor de ser deportados y dicen no tener más remedio que continuar viviendo en las sombras.
El rostro de los afectados
Para Susana, de 42 años y madre de un hijo de 17 y una hija de 11, que los magistrados no hayan alcanzado un acuerdo positivo sobre los alivios migratorios presidenciales es motivo de miedo.
“Me siento insegura de lo que pueda pasar, de que si con esto van a venir más órdenes de deportación”, comentó esta inmigrante mexicana, tras conocer el resultado de la votación.
“Siento mucha tristeza y decepción porque siempre hemos sido parte de un juego político. Yo tenía la ilusión de que todas las personas que tenemos un hijo ciudadano o residente pudiéramos tener un permiso para poder trabajar legalmente, desplazarnos dentro de Estados Unidos y que nuestra familia permaneciera unida”, se quejó Herrera.
“Mi hijos están tristes, ellos tenían la ilusión de que tuviéramos más oportunidades para hacer cosas aquí. El temor de una deportación siempre está ahí”, agregó.
Historial del caso
La decisión dividida entre magistrados es una acción que inició el 3 de diciembre de 2014, dos semanas después de anunciada la Acción Ejecutiva, cuando un grupo de 26 estados, encabezados por Texas, demandó la medida argumentando que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos.
De acuerdo con la demanda, los programas DACA y DAPA violan la Constitución porque el mandatario cambió una parte de la ley de inmigración sin consultarle al Congreso.
El 9 de enero, el máximo tribunal de justicia anunció la revisión de la Acción Ejecutiva en respuesta a un recurso interpuesto en noviembre por el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés). El Gobierno elevó la petición tras un fallo adverso de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, Louisiana, instancia que ratificó el dictamen del 16 de febrero de 2015, pronunciado por una Corte de Texas.
Como resultado de ello, se frenó temporalmente la entrada en vigor de los programas DACA Ampliado y DAPA. El primero extiende la cobertura de la Acción Diferida de 2012 para los ‘dreamers’ y el segundo, ampara de la deportación a padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes.
Los van a seguir explotando, afirman
Gabriela Castañeda, vocera de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR), aseguró que esta decisión mantiene a cinco millones de personas en la oscuridad y da poder a empleadores sin escrúpulos para seguir abusando de sus empleados. “Las personas se siguen desanimando ante una posible deportación y las familias están siendo separadas porque las deportaciones siguen”, comentó.
Para ella, la peor parte de este estira y afloja, se la llevan los niños beneficiados con el DACA. “Ellos sufren el sentimiento de angustia de que un día se pueden quedar sin su mamá o sin su papá”, dijo. Y, agregó: “El llamado a la comunidad es que se eduque, que se organice y que participe”, dijo.
Un exhorto similar realizó Cathleen Ferrel, vocera del Foro Nacional de Inmigración. “Es importante inscribirse para votar en noviembre, hacerse oír porque esa es la única forma en que se puede mover eso… la gente que apoya la reforma migratoria tiene que salir a votar para elegir a representantes que van a cambiar el sistema migratorio”.
Ella también remarca que el DACA original queda igual. “La Corte no hizo ningún pronunciamiento, sólo decidió que debía devolver el caso al Circuito anterior”, explicó.
Que no haya existido decisión sobre estas iniciativas, tampoco significa que vaya a haber deportaciones inmediatas, explicó la activista. “Hay prioridades en cuanto a la deportación. No es automático.
Aunque, claro, quedan vulnerables. Si la Corte hubiera decidido a favor, eso tampoco significa que les hubieran dado el estatus de forma inmediata”.
En todo caso, Ferrel dice que para que las cosas cambien, se necesita de una reforma migratoria permanente. De haberse aprobado las dos acciones diferidas, “ello no habría sido una solución permanente. Cualquier presidente puede quitar las acciones ejecutivas”.
La decisión sobre la aprobación de estas dos iniciativas parece, quedaría en manos del próximo presidente, del Congreso o de la siguiente magistratura.