Por revisión física ‘humillante’, paga CBP $475 mil a ciudadana
Indemnización servirá de ejemplo para que agentes no cometan abusos, consideran activistas
Activistas de derechos civiles esperan que las indemnizaciones que han tenido que pagar un hospital paseño y una agencia federal a una mujer de Nuevo México contribuyan a reducir los abusos de autoridad en los cruces internacionales.
Ayer jueves, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pagó 475 mil dólares a la mujer que acusó a la agencia de someterla por la fuerza a “dolorosas y humillantes” revisiones físicas al cruzar la frontera a finales del 2012.
La mujer de 54 años, ciudadana estadounidense, fue detenida en uno de los puentes entre El Paso y Ciudad Juárez bajo sospecha de traer droga. Fue revisada en el puente, enviada al University Medical Center de El Paso para más revisiones y procedimientos médicos sin una orden judicial, incluyendo la aplicación de “lavativas” y un examen vaginal “bimanual”.
No se encontró ninguna droga, y en vez de una disculpa, le enviaron un cobro de 5 mil dólares por los exámenes.
La mujer, cuya identidad se omite, demandó en 2013 y obtuvo 1.1 millones de dólares del hospital. Ahora fue compensada por CBP.
“Hubo un acuerdo monetario (con el CBP), pero también se logró que cambiaran su política y la forma que capacitan a sus agentes para prevenir que esto siga ocurriendo”, dijo Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional de Derechos Fronterizos de ACLU de Nuevo México.
“Además emitimos una carta a 110 hospitales en las que les recordamos que necesitan una orden de cateo antes de empezar a revisar a las personas de esa manera”.
ACLU, una organización sin ánimo de lucro que proporciona asesoría legal, se involucró en el caso luego de recibir la denuncia en su página web.
Gaubeca dijo que la mujer tuvo el valor de poner una denuncia, pero advierte que otra gente que sufre abusos los calla, quizás por miedo a las autoridades.
En esta ocasión la persona afectada era una ciudadana de Estados Unidos, pero Gaubeca aclaró que todo individuo, sin importar su estatus migratorio, nacionalidad o cualquier otro factor, tiene derecho a que sus garantías constitucionales sean respetadas.
La cuarta enmienda constitucional otorga al individuo el derecho de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias.
“Son muy pocas las enmiendas que no aplican a los no ciudadanos, el derecho a votar es una excepción, pero la libertad de expresión, el derecho de mantenerse callado, el derecho de ser protegido de rastreos y decomisos injustificados, ésos aplican a todos”, explicó.
“No debemos someternos a este tipo de tratamiento por parte de ninguna entidad gubernamental, a menos que ellos tengan evidencias fuertes para cumplir con una orden de cateo”, concluyó.