Rechazan probar drogas para inyecciones letales
Houston, Texas — Una corte federal rechazó una exigencia presentada por cinco reos de Texas que se encuentran en el pabellón de la muerte, quienes dicen que los medicamentos letales que serán utilizados en sus ejecuciones deben ser puestos a prueba de nueva cuenta antes de que se lleven a cabo sus castigos para asegurarse de que no sufrirán ningún dolor innecesario.
Los abogados de los presos argumentaron ante la Corte Federal de Apelaciones del 5to. Circuito que un acuerdo entre el Departamento de Justicia Penal de Texas y otros dos reos, para poner a prueba el pentobarbital que se utilizaría en sus inyecciones letales, debe también implementarse en el caso de estos cinco reos. Si tal acuerdo no es aplicado se incurriría en la violación de su derecho constitucional a la protección igualitaria en apego a la ley, según dijeron.
La corte de apelaciones acordó el lunes con el juez federal en Houston en desestimar la demanda presentada hace un mes, diciendo que era una “novedosa, pero fallida invocación a la doctrina de protección igualitaria”.
Texas ha ejecutado a 537 reos desde 1982, más que cualquier otro estado. Reemplazó su anterior combinación de tres medicamentos para las ejecuciones en el 2012 con una sola dosis de pentobarbital, y en las últimas 32 ejecuciones por medio de la inyección letal se ha utilizado pentobarbital que es surtido por una farmacia que prepara medicamentos por prescripción facultativa. Los abogados de los cinco reos argumentaban que el medicamento compuesto daba pie a que hubiera riesgo de que los reos sufrieran un dolor innecesario, algo que está prohibido por la Octava Enmienda, por lo que el medicamento debía ser puesto a prueba en anticipación a las ejecuciones.
“La realidad es que el pentobarbital, cuando es utilizado como el único medicamento del protocolo, no ha dado pie a semejante riesgo”, según dijo el panel de la corte de apelaciones en su fallo de 12 páginas.
Los cinco reos —Jeffery Wood, Rolando Ruiz, Robert Jennings, Terry Edwards y Ramiro Gonzales— tenían fechas programadas para sus ejecuciones este año cuando su demanda en contra de los administradores de alto rango de la dependencia penitenciaria de Texas fue presentada el 12 de agosto en la corte federal de distrito en Houston. Desde entonces, Wood, Ruiz y Jennings recibieron una prórroga que no tiene relación alguna con dicha demanda. Edwards aún está programado para morir el próximo 19 de octubre, y Gonzales el 2 de noviembre.
Una orden para programar la ejecución en julio del reo Perry Williams fue anulada por el juez de su juicio debido a que la prueba de los medicamentos que le iban a administrar no se pudo completar a tiempo para que los abogados de Williams pudieran hacer una revisión. La procuraduría de Texas estuvo de acuerdo a que se realizaran las pruebas para resolver una demanda presentada a nombre de Williams y de otro reo que impugnó el uso de los medicamentos.
Los cinco presos citaron el acuerdo al que se llegó en dicha demanda, argumentando que había creado un derecho aplicable a todos los reos para solicitar una prueba de los medicamentos.
Michael Biles, el abogado principal de los reos, dijo sentirse decepcionado con la decisión, ya que consideraba presentar una apelación ante la Suprema Corte, y cree que el tribunal del 5to. Circuito aplicó el estándar equivocado a su reclamo de protección igualitaria.
“El estado de Texas violó los derechos de nuestros clientes que la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de Estados Unidos les otorga, debido a que la prueba de los medicamentos que se prometió hacer con anterioridad para los casos de algunos reos, pero no de todos, implica que hay un derecho fundamental de quedar libre de cualquier castigo cruel e inusual”, dijo.