Manipulan la mano de obra inmigrante
No son los inmigrantes mexicanos, sino los contratistas estadounidenses quienes fomentan el mercado negro de mano de obra migrante, afirma un estudio binacional reciente. Estos contratistas le dan la vuelta a reglamentos, en ocasiones exagerando la escasez laboral en ciertas industrias, y en otras ejerciendo control indebido sobre el trabajador, bajo la amenaza de no respaldar la renovación de su visa de trabajo, señala el estudio y activistas laborales de El Paso.
El reporte “Frontera común, futuro compartido: Un plan para regular la movilidad laboral entre Estados Unidos y México”, del Centro para el Desarrollo Global, también propone soluciones para acabar con este mercado negro laboral y asegurarse de que no haya sobreoferta de mano de obra que mantenga bajos los salarios estadounidenses.
El documento es una creación de un grupo presidido por el ex secretario de Comercio estadounidense Carlos Gutiérrez, y el ex presidente de México, Ernesto Zedillo.
Contratistas norteamericanos especulan en mercado laboral para pagar menos, revela estudio
Casos locales
El pasado 27 de junio en Deming, Nuevo México, se emitió una convocatoria para 275 trabajadores agricultores que participaran en la pisca de chile y cebolla.
La pisca de chile se realizaría en una región que incluye El Paso, Las Cruces, Deming y condados del Sur de Nuevo México.
El pago mínimo para estos trabajadores sería de 11.20 dólares la hora por una jornada de tiempo completo (48 horas) durante el 75 por ciento de la temporada de pisca (hasta finales de agosto).
Como parte de la compensación, los contratistas ofrecían alojamiento gratuito en la zona señalada.
El empleador se comprometía a pagar 13.50 dólares por caja de cebolla y 95 centavos por caja de chile.
La solicitud de búsqueda de empleados se sometió ante el Departamento del Trabajo federal el 28 de abril, a través de una contratista.
Sin embargo, varias presuntas irregularidades de esta oferta laboral llamaron la atención de Carlos Marentes, director del Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, y que es lo que el documento antes mencionado busca remediar.
“Para comenzar, la contratista en la solicitud de empleados pedía 275 agricultores, pero solicitaba a las autoridades que a 73 de ellos se les debería emitir una visa H-2A”, explicó Marentes.
Exageran escasez de mano de obra
Según el Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS), el Programa H-2A permite a empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con requisitos reglamentarios específicos traer a ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en la agricultura.
Para ello, un empleador, o un agente, debe presentar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante a nombre del posible empleado.
Esta fue la segunda bandera roja que puso en alerta a Marentes, quien, gracias a uno de sus asociados se dio cuenta del trabajo ofrecido en Deming.
“Las visas H-2A se dan sólo cuando se comprueba que hay escasez de mano de obra calificada en la zona y que no se pueden llenar las plazas requeridas, por lo que se debe importar esa mano de obra de otro país”.
Esa fue otra de las banderas de alerta.
Pues cuando buscó la referencia del trabajo en el Departamento de Trabajo aparecía listado en Las Cruces y Deming, pero no en El Paso.
Entonces, se le ocurrió una idea: imprimir boletines y mandar a casi 80 trabajadores –mano de obra calificada que supuestamente no existe en la frontera– a aplicar por esas plazas.
Marentes asegura no estar en contra de los trabajadores que vienen a este país a buscar oportunidades, pero señala que no es justo para los trabajadores locales que los contratistas tuerzan de esta manera el sistema para sacarle beneficio propio.
“Desde luego, esta gente que viene al país lo hace pasando miserias y sin las garantías de ley que los podrían proteger.
A la larga, es mano de obra más barata, que no se puede quejar si la dejan sin su hora de comer o sin descanso para ir al baño”, comentó.
El Centro de los Derechos del Migrante (CDM) le da la razón al activista. Dicha entidad publicó, en 2013, el informe ‘Revelando el Reclutamiento’ en el que detallan que 58 por ciento de los encuestados dijo haber pagado una cuota ilegal para obtener la visa de trabajo, mientras que el 47 por ciento manifestó haber hecho un préstamo y el 52 por ciento aseguró que no se les mostró contrato.
Por otro lado, el 10 por ciento reportó haber pagado cuota por un trabajo inexistente.
Para Marentes, esta es una nueva forma de esclavización.
“Los contratistas no les explican sus derechos para que no se quejen y como la renovación de las visas está en manos de los empleadores, los trabajadores guardan silencio a lo que viven. Si no, la próxima temporada no podrán volver”, explicó.
Leyes con hoyos
Entre los años fiscales de 2010 y 2015, el Gobierno ha emitido un total de 445 mil 260 visas H-2A (para trabajos agrícolas).
Mientras que 869 mil 413 visas H-1B (para trabajos de alto nivel de conocimiento y especialización, con grados de estudio superior) y 343 mil 624 visas para tareas como jardinería, construcción y limpieza, entre otras actividades) se han entregado en el mismo período.
De este intercambio con los Estados Unidos se benefician 87 países, incluido México y 14 gobiernos latinoamericanos.
Uno de los principales planteamientos que dio origen al estudio es que México y este país del Norte han carecido de un acuerdo bilateral para regular la movilidad laboral transfronteriza desde el año 1965.
Su informe propone un nuevo acuerdo bilateral entre trabajadores de México y Estados Unidos. Si bien reconoce que la política de inmigración requiere reformas más amplias.
El documento asegura que casi la mitad de los 11.7 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos no tiene autorización legal para trabajar.
Este vasto mercado negro laboral es lo que ha perjudicado a ambos países y no los trabajadores mexicanos beneficiados con este tipo de programas.
Algunas soluciones que plantean para rellenar esos vacíos legales incluyen la creación de un impuesto de prioridad que los empleadores estadounidenses deben pagar para contratar a los trabajadores mexicanos a través del programa.
Esto garantizaría que los empleadores contraten a trabajadores estadounidenses cuando estén disponibles.
Otra sería limitar de forma transparente y predecible los cambios anuales en el número de nuevos permisos de trabajo concedidos, teniendo en cuenta los períodos de altas y bajas tasas de desempleo.
También certificar al reclutador mexicano para garantizar que los trabajadores vienen exclusivamente a través de canales regulados.
Además, de la creación de una base de datos transparente y accesible al público para la coincidencia entre empleador y empleado, entre otros.