Piden mejorar sistema para reforzar defensas de condenados a muerte
Hbufete legal que ha representado a internos del pabellón de la muerte de Texas desde hace más de dos décadas, está recomendando que el Estado establezca un sistema para que los prisioneros condenados reciban una mejor ayuda legal durante la primera apelación que le sigue al juicio.
En esta semana, el Servicio de Abogados Defensores de Texas dio a conocer un reporte que examina lo que se conoce como apelaciones directas en los casos de la pena de muerte.
Manifestó que existen “debilidades sistemáticas” en la manera como son manejadas esas apelaciones, afirmando que los abogados están abrumados por la cantidad de casos y no se les paga bien por el tiempo que invierten en esos procesos, algunos abogados que aceptan trabajar en ellos no están preparados adecuadamente y ninguna entidad estatal se ha dedicado a entrenar o a asesorar cómo manejar las apelaciones directas.
“El marco de las apelaciones directas para los casos de pena de muerte en Texas está lleno de debilidades estructurales”, concluyó en su reporte el grupo legal, agregando que esas debilidades aumentan las probabilidades de que las condenas y sentencias de muerte sean ratificadas cuando las apelaciones son revisadas por la Corte de Apelaciones Penales de Texas, que es la Corte penal de más alta jerarquía en el Estado.
En las apelaciones directas, los abogados revisan los registros de la Corte en busca de posibles errores.
El bufete legal está haciendo un llamado a la Legislatura para que considere el establecer una oficina estatal de apelaciones de la defensa para que represente a los convictos del pabellón de la muerte en sus apelaciones directas, un sistema de designación estatal que controlaría el número de casos y fijaría una tarifa uniforme de honorarios, serían designados dos abogados –en lugar de uno que se requiere actualmente– para manejar ese tipo de cuestiones legales.
“Una representación deficiente desaprovecha los escasos recursos de la justicia, socava la integridad del sistema de justicia penal de Texas y garantiza la inmediata atención de las partes interesadas”, señala el reporte de 56 páginas.
Las recomendaciones del grupo están basadas en la revisión de documentos de 84 apelaciones directas presentadas ante la Corte de Apelaciones Penales durante un período de siete años que concluyó el 31 de diciembre del 2015.
En su estudio, el Servicio de Defensores comentó que detectó abogados de apelaciones directas que no tuvieron recursos adecuados, que experimentaron una excesiva carga de casos, información inadecuada y demostró “evitar la rutina” en la contestación de los procesos y solicitó la revisión de la Suprema Corte de Estados Unidos.
Los acusados de homicidio capital que necesitan ayuda legal –la mayoría de los cuales son indigentes– ya cuentan con un defensor público regional para los juicios que se llevan a cabo en la mayoría de las áreas rurales del Estado.
En el 2009, legisladores estatales crearon la Oficina de Mandatos Capitales para que manejaran apelaciones posteriores.
El Servicio del Defensor está recomendando que esa disponibilidad legal se extienda al proceso de apelaciones directas, ya que argumenta que la calidad de la representación ha permanecido “sin examinarse”.
Roe Wilson, quien encabeza el Buró de Servicios Legales del procurador de Distrito del Condado Harris, que maneja los casos capitales del condado y que ha enviado al pabellón de la muerte a la mayoría de los internos, cuestionó la necesidad de que dos abogados de la defensa manejen la apelación directa.
“En una apelación directa, uno está limitado a los registros en sí, no existe una investigación externa”, dijo Wilson eL miércoles.
“Literalmente se trata de leer el registro, identificar los reclamos, realizar una investigación legal y redactarlo. No sé por qué tienen que haber dos personas para que hagan eso”.
Sin embargo, el reporte señaló que la Fiscalía del condado tiene más acceso a los recursos, por ejemplo a un staff auxiliar.
De los 84 casos del estudio, las dos terceras partes fueron manejadas por abogados practicantes.
Ninguna de las 84 condenas fue rechazada por la Corte de Apelaciones Penales.
La pierden en el primer proceso de apelación en el estado por exceso de casos y mal paga que tienen y reciben abogados