Expuso Trump la corrupción del código tributario estadounidense
Nueva York – Donald Trump realizó un gran servicio público para Estados Unidos. No, de verdad. Al tomar ventaja de las leyes impositivas del país de una forma tan espectacular, dirigió las miradas hacia la corrupción que se encuentra en el corazón de la política estadounidense: el código tributario.
Cuando la mayoría de las personas discuten acerca de los impuestos, suelen hablar sobre este tema en términos de izquierda y derecha. La derecha dice que los impuestos son demasiado altos para todos. La izquierda se preocupa de que los ricos no paguen su parte justa. Pero los hechos no apoyan a ninguna de las posiciones.
La manera exhaustiva más simple de juzgar la carga tributaria de un país es observar sus ingresos fiscales de todos los niveles de gobierno como porcentaje del PIB. Estados Unidos posee la cuarta carga menor en el mundo industrializado, con una clasificación en el puesto 31 de 34 países en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
En realidad, hoy en día el porcentaje estadounidense es menor que lo que era en el 2000, mientras el promedio del OCDE es casi el mismo. Tampoco es cierto que los ricos no paguen mucho en Estados Unidos. Obviamente, algunas personas logran organizar sus asuntos para no pagar muchos, o, posiblemente en el caso de Trump, ningún impuesto. Sin embargo, el gobierno federal obtiene la mayoría de sus ingresos a partir del impuesto sobre la renta, y el 70 por ciento del impuesto federal a la renta es pagado por el gran 10 por ciento de los estadounidenses. La mayoría de los otros países cuentan con los valores añadidos (un impuesto sobre ventas, casi siempre tan alto como el 25 por ciento) que afecta a todos por igual.
Al hacer un resumen acerca de la investigación académica para el Washington Post, Dylan Matthews señaló: “Estados Unidos posee por lejos los impuestos sobre la renta, sobre la nómina, sobre el patrimonio e impuestos inmobiliarios más progresistas que cualquier país desarrollado”. El problema con los impuestos estadounidenses es algo diferente: su complejidad. Estados Unidos posee el código tributario más largo del mundo. El erudito Sean Ehrlich ha tabulado el recuento de palabras en 3 millones 866 mil 392. Alemania y Francia tienen códigos que son menos que 10 por ciento de largos. Y el tamaño permite las cargas.
En la mayoría de las comparaciones internacionales, Estados Unidos obtiene una puntuación muy pobre en esta medida. El índice de la facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, clasifica a Estados Unidos en el puesto 53 por su sistema de impuestos.
El informe sobre competitividad global del Foro Económico Mundial sondea a los ejecutivos en las cinco cargas principales de hacer negocios en un país. Para Estados Unidos, los números 1 y 2 son los tipos impositivos y las normativas fiscales. A pesar de que Estados Unidos generalmente es más competitivo que otros países ricos, su sistema tributario es mucho más complicado e ineficiente.
¿Por qué posee esta anomalía? La respuesta es que es intencional, una característica y no un error del sistema. La complejidad del código tributario existe a propósito, ya que permite la característica distintiva del sistema político estadounidense: la recaudación de fondos. Estados Unidos es único entre las democracias, al requerir, en todos los niveles de política, que las enormes cantidades de dinero sean recaudadas del sector privado. Para obtener este dinero, los diputados y senadores necesitan ofrecer algo a cambio, y lo que venden son modificaciones del código tributario. Cuando usted paga 5 mil dólares para desayunar con un diputado, no está pagando por sus ideas o personalidad. Usted y otros como usted están comprando una línea del código, razón por la cual está compuesto por miles de páginas. Esta es la configuración “paga para participar” más reciente del mundo.
Estas pequeñas adiciones y exenciones al código tributario son una economía pésima. Desvían la actividad de negocios hacia áreas que tal vez no sean rentables pero proveen beneficios fiscales. Son caras y recompensan a las personas y a las empresas por actividades que tal vez hubiesen realizado de todas formas. Y lo más dañino es que son escondidas y con frecuencia, eternas, y no requieren de una reautorización.
Si el Congreso desea fundar algo, podría hacerlo abiertamente al otorgar una concesión. Al ofrecer un crédito fiscal complicado, se asegura que nadie se dé cuenta que está dando dinero a una empresa o industria.
Solo hay dos maneras de solucionar este problema. Una sería hacer que la gente deje de pagar a los políticos. Sin embargo, la Suprema Corte dispuso en Buckley versus Vaelo en 1976 que el dinero es expresión y por ende está protegido constitucionalmente. (Hasta donde sé, esta es una visión que no es compartida por ninguna otra democracia occidental). Esto deja otro camino: retire lo que el Congreso vende. Si se diseñase un código tributario corto y simple, con un puñado de deducciones, los políticos tendrían poco para ofrecer a las personas como compensación. Uno podría pagarles de todas formas, por sus ideas y personalidades, pero sospecho que el flujo del dinero se reduciría a un goteo.
Es la solución simple y única para el cáncer en la política estadounidense. Y podríamos darle las gracias a Donald Trump por resaltarlo.