Intentan romper barreras del DIU
Alto costo y prejuicios impiden que mujeres que recurran al dispositivo intrauterino
Austin— Peggy Wall, una enfermera de medicina familiar en un centro comunitario de Austin atiende a numerosas mujeres de 40 años que ya tienen familia y se encuentran confrontando un embarazo accidental.
Muchas, dice, desearían haber tomado medidas preventivas cuando nació su último hijo y podrían ser buenas candidatas para que se les coloque un dispositivo intrauterino (DIU) inmediatamente después de dar a luz en la sala de partos. Hasta hace poco, había sido difícil obtener ese tipo de acceso al dispositivo.
‘Algunas llevan vidas caóticas –o creen que no les darán seguro’, comentó Wall. ‘Nosotros tratamos de ayudarlas’. Pronto, dijo, debe ser más fácil. Funcionarios de salud están intentando reorganizar el programa estatal de salud para mujeres, complicado proyecto iniciado a raíz de que en el 2011, Texas redujo los fondos para planeación familiar que se habían destinado a Paternidad Planeada y otras clínicas afiliadas –aun vagamente– con servidores de servicios abortivos.
Como parte del nuevo programa, el estado está tratando de facilitar el acceso que las mujeres de bajos ingresos tienen al control natal a fin de contener el número de embarazos no deseados.
A nivel nacional, no se esperaban aproximadamente la mitad de los embarazos. Y Texas es una de las casi 24 entidades que se hallan modificando sus programas de Medicaid, el plan federal-estatal de seguro para discapacitados, niños pobres y las personas de ingresos más bajos, con el fin de pagar a los hospitales para que se coloque el DIU o un implante anticonceptivo en la sala de partos. Anteriormente, por lo general la mayoría de los programas de Medicaid ofrecían una cantidad fija por parto y no incluían la opción de pagar por colocar el DIU.
Los estados tienen la esperanza de mantener más sanas a las mujeres, especialmente debido a que los médicos recomiendan distanciar por lo menos 18 meses los embarazos. Los gobiernos están apostándo a que les retribuya pagar por adelantado.
Hasta ahora, la opción la están promoviendo 20 entidades además del Distrito Columbia, mientras que otros como Oregon, Pennsylvania y Tennessee están analizándola. Esta primavera, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, una instancia federal, empezaron a exhortar a los estados a adoptar la práctica del pago.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades han calificado como crucial para frenar los embarazos no deseados colocar inmediatamente después del parto un control natal de efecto prolongado.
A la propuesta se suman organizaciones como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Asociación para los Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.
‘Tiene mucho sentido –desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista del dinero–, opinó Melisa Gerber, presidente de AccessMatters, la organización con sede en Pennsylvania que aboga por el cambio.
Entre los expertos de salud pública se han puesto en boga hasta hace muy poco los DIUs, los cuales son reversibles y 99 por ciento efectivos. Pero el alto precio ha impedido a numerosas personas utilizar los dispositivos, que pueden costar casi mil dólares de contado a pesar de que los hormonales duran hasta seis años.
Además, gran número de doctores y pacientes se muestran nerviosos debido al temor que aún queda a raíz de que en los años 70 el Dalton Shield provocó problemas de salud a muchas mujeres. Es una de las razones por las cuales numerosos médicos nunca aprendieron a colocar los dispositivos ni a asesorar a las pacientes al respecto, a pesar de que las versiones actuales del aparato no presentan los mismos riesgos para la salud.
Los ginecoobstetras más jóvenes tienden a estar más familiarizados con los DIUs, pero a menudo ni siquiera ellos dominan el procedimiento posterior al parto, el cual se hace desde los 10 minutos después del nacimiento. No es difícil, aseguran expertos, pero es distinto.
Todavía hace poco, por lo general los doctores esperaban para hablar sobre el DIU o los implantes hasta la primera cita postparto de la mujer, seis semanas después de dar a luz. Pero entre el 10 y el 40 por ciento de las mujeres nunca se presentan para el examen.
En el Condado Travis, donde se localiza Austin, cerca del 60 por ciento de las mujeres están en Medicaid, calculó Ted Held, director de salud reproductiva en la Clínica Comunitaria del Pueblo. Ésa es la razón de que muchos consideren una oportunidad la opción de la sala de partos.
Pero para que este enfoque tenga impacto, tanto gobiernos locales como hospitales y médicos necesitan hacer un esfuerzo extra. Lo anterior significa capacitar doctores, adaptar las instalaciones médicas y garantizar que las pacientes reciban asesoría adecuada –a efecto de que se les aplique el tratamiento anticonceptivo sólo si lo desean y si puede retirárseles el dispositivo en caso de cambiar de opinión.
Y nadie sabe aún cómo conseguir que ocurra lo anterior, dijeron expertos.
‘Esto es demasiado nuevo. Todos están tratando de entenderlo’, dijo Stephanie Teal, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Colorado en Aurora y colaboradora en los esfuerzos estatales.
Colorado fue uno de los primeros en modificar su reembolso de Medicaid por este procedimiento y su experiencia muestra el potencial del cambio. En el transcurso de tres años, el estado recuperó más de seis veces su inversión.
Pero muchos hospitales –especialmente los rurales– no poseen el tiempo o los recursos para adoptar la práctica, señaló Daniel Grossman, obstetraginecólogo en la Universidad de California en San Francisco que investiga la salud reproductiva.
Los centros más pequeños sin programas de residencias médicas podrían tener dificultades para formar un cuerpo de doctores instruidos. Adquirir por adelantado los DIUs y tenerlos a mano puede representar un problema financiero, aun si eventualmente llegan los fondos de Medicaid.
‘Estos dispositivos no son baratos. Tienen que comprarse desde antes, hay que tenerlos en existencia, necesitan estar fácilmente accesibles’, dijo Lisa Waddell, jefa de Salud Comunitaria y Prevención en la asociación de funcionarios estatales de salud que ha trabajado ampliamente con los gobiernos estatales a fin de mejorar el acceso al DIU.
Mientras tanto, los hospitales católicos, que por lo regular atienden a un número considerable de pacientes de bajos ingresos, no ofrecen control natal en sus instalaciones. A efecto de que los estados vuelvan presto y conveniente el DIU, explicó Teal, ese representa un obstáculo.
‘Los hospitales católicos ponen trabas –son el elefante en la habitación’, dijo.
Y también resulta problemático el momento de hablar sobre los implantes del DIU. Idealmente, consideraron los médicos, el proceso de toma de decisiones debe de comenzar a principios del embarazo. Pero en los esfuerzos por facilitar dicho diálogo se resaltan las brechas en el acceso que las mujeres de bajos ingresos tienen al control de la natalidad.
Además, el seguimiento puede ser motivo de inquietud si las mujeres quieren embarazarse posteriormente y necesitan que se les retire el dispositivo o presentan otras complicaciones que requieran atención médica.
Podrían perder acceso a atención médica a raíz de los cambios de ingreso u otras modificaciones en su vida, mientras que muchas ya no califican para Medicaid al concluir el embarazo.