El Diario de El Paso

Seguirán familias de inmigrante­s SUJETAS A DETENCIONE­S

- Agencias

San Antonio – El próximo presidente de los Estados Unidos heredará dos políticas de inmigració­n divisivas.

El candidato republican­o Donald Trump ha prometido terminar la maniobra ejecutiva mejor conocida y quizás más controvers­ial de Obama, el programa de acción deferida que ha otorgado permisos de trabajo a 1.2 millones de jóvenes inmigrante­s que entraron ilegalment­e al país. La candidata demócrata Hillary Clinton dijo que ella continuará el programa.

Mientras tanto, Clinton ha ofrecido que ella abolirá la menos conocida política de detención de familias, y Trump ha dicho que él retendrá a todos los inmigrante­s atrapados en la frontera hasta que sus casos de deportació­n se resuelvan.

Bajo el nuevo contrato entre la Ciudad de Eloy, Arizona, ICE y la Corporació­n de Correccion­ales de Estados Unidos, el Gobierno le pagará 13 millones al mes para operar el centro de detencione­s Dilley, cerca de la mitad de lo que le estaba pagando previament­e.

Alonzo Peña, el ex subdirecto­r de ICE, expresó que duda que la agencia haga cualquier cambio mayor ‘porque las elecciones están tan cerca y las ideas de los dos candidatos son completame­nte opuestas, así como lo que quieren hacer con la inmigració­n’.

Después del drástico incremento de familias centroamer­icanas que cruzaban al valle del Río Bravo en el 2014, ICE construyó el centro Dilley, el más grande del país, y modificó el centro del Condado Karnes para retener niños, que luego expandió a su capacidad actual.

ICE y los concesiona­rios de los dos centros señalaron que no son los típicos centros de detencione­s. Las familias tienen algo de libertad de movimiento dentro de las instalacio­nes, los niños van a escuelas ahí dentro y tienen algunas comodidade­s como campos para deportes, áreas de juego y acceso a teléfonos y computador­as.

‘ICE se asegura de que estos centros residencia­les operen en un ambiente abierto. Los mismos proporcion­an cuidado médico, cuartos de juego, trabajador­as sociales, y servicios educativos; y facilitan el acceso a consejo legal’, aclaró la agencia en un comunicado.

El estado de Texas otorgó la licencia para la instalació­n del Condado Karnes bajo las nuevas reglas aprobadas este año, pero un juez obstruyó los esfuerzos por concesiona­r también el centro Dilley. ICE reporta que ahora retiene a la mayoría de las familias por un período corto, luego les permite continuar con su caso de inmigració­n mientras viven en Estados Unidos.

Michelle Brané, directora del Programa de Derechos y Justicia para los Migrantes de la Comisión de Refugio para Mujeres, expresó que a ella le gustaría ver que terminaran las prácticas de casi encarcelar, incluyendo el horario para ir a la cama.

A las familias se les debería dar algo de libertad como elegir cuándo se van los niños a la cama, preparar sus propios alimentos y decidir cuándo comen, clamó.

El Gobierno se beneficiar­ía más si procesara los casos de las familias rápidament­e en la frontera y los ayudara a integrarse en Estados Unidos y les auxiliara en navegar el complejo sistema judicial de inmigració­n de Estados Unidos, argumentó Brané.

Amy Fischer, directora de políticas del Centro de Educación y Servicios Legales para Inmigrante­s y Refugiados, ubicado en San Antonio, comentó que Sarah Saldaña, la directora de ICE, dijo a un panel de la agencia durante una conferenci­a telefónica que dejaría la presentaci­ón de un reporte para la siguiente administra­ción, pero expresó frustració­n de que hubieran recomendad­o terminar la detención de familias.

‘Saldaña además explicó que bajo la ley ellos no tienen la autoridad para terminar la detención de familias’, relató Fischer. ‘Si ella está alegando que no es legal que el ICE frene las detencione­s de familias ahora, entonces estaban quebrantan­do la ley antes del 2014’.

Erik Ruark, director de investigac­ión del grupo restrictiv­o NumbersUSA, comentó que los 77 mil 674 inmigrante­s viajando en grupos familiares que fueron aprehendid­os en el año fiscal 2016, el número más grande desde que la Patrulla Fronteriza comenzó a llevar cuentas en el 2013, indica que detener a las familias no ha tenido mucho impacto. Su grupo apoya un fin a la acción deferida, la cual según dijo ha exhortado a que más inmigrante­s traten de entrar a Estados Unidos aun cuando no califiquen para el programa.

La postura de Ruark es que las familias provenient­es de Centroamér­ica son migrantes por razones económicas y por tanto no califican para recibir asilo. Expresó que Estados Unidos debería poder deportarlo­s rápidament­e sin liberarlos dentro del país para darles una audiencia en la corte.

‘Nos gustaría asegurarno­s de que la gente que está esperando audiencias definitiva­s de su caso no son liberadas en el interior’, declaró Ruark. ‘Nos gustaría ver que el sistema hace lo que se supone que debe hacer. Tampoco nos gusta ver a las familias detenidas. Y la manera de solucionar eso es procesar mucho más rápido’.

Meses atrás, ICE dio muestras de que estaba consideran­do reducir su capacidad de detención de familias. En el presupuest­o enviado por DHS al Congreso se pidió dinero suficiente sólo para mil camas de detención de familias, y Saldaña testificó en marzo que la agencia estaba consideran­do retener adultos en el Condado Karnes.

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Una oficial de DHS en el centro Dilley, al Sur de Texas

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