PROPONEN EN NM legalizar mariguana recreacional
Un nuevo intento para legalizar el uso recreacional de la mariguana en Nuevo México tiene mejores perspectivas, ya que la reelección de políticos a favor de la medida puede llevar la propuesta a las boletas electorales, a pesar de la oposición de la gobernadora republicana Susana Martínez.
La reciente aprobación del uso recreacional de la cannabis en los estados de California, Oregon, Washington y Colorado, sigue dando razones de peso a quienes promueven la medida, debido al éxito recaudatorio que impacta a dichos estados.
“Al regular la mariguana como se ha hecho con el alcohol, se salvan vidas y se genera una utilidad”, dijo el representante estatal Bill McCamley, quien propuso en la Legislatura del 2015 un proyecto de ley que buscaba la aprobación de la mariguana con fines recreativos.
McCamley, del Distrito 33 de Nuevo México, ganó en la víspera la reelección a su cargo y reiteró sus intenciones de volver a presentar la iniciativa de ley que sería apoyada por otros funcionaros públicos.
La posición de la gobernadora Martínez ha sido en reiteradas ocasiones en contra de la legalización con fines recreativos.
Alentados por aprobación en California, reviven iniciativa
Sin embargo, el senador Gerald Ortiz y Pino, demócrata de Albuquerque, estudia la posibilidad de promover una enmienda constitucional para que sean los votantes quienes decidan la medida en el 2018, con lo que el veto de la gobernadora no se podría ejercer.
“Las estimaciones de ingresos directos por impuestos por la legalización del uso social de la cannabis podrían rondar entre los 60 y 70 millones de dólares”, dijo McCamley en un comunicado.
La medida propuesta por el representante dicta que los residentes de Nuevo México podrán usar la mariguana de la misma forma en que consumen alcohol, es decir, sólo mayores de 21 años podrán poseer, usar y cultivar mariguana sin temor a ser penalizados.
El representante fue preciso al mencionar que dichas proyecciones de ingresos no incluyen otros renglones como los impuestos a la propiedad o a las ventas, ya que sólo se refiere a los impuestos por la venta legal de la mariguana.
McCamley destaca en su propuesta que el 40 por ciento de dichos ingresos se apliquen a la educación básica, 15% al presupuesto de la Policía Estatal, 15% a los departamentos municipales de Policía y del Sheriff, 20% a servicios de salud y 10% en programas y servicios de prevención, así como a educación de la juventud.