Van contra dreamers texanos
Austin— Legisladores republicanos, envalentonados por la victoria de Donald Trump, han presentado un proyecto de ley para que los universitarios indocumentados dejen de pagar tarifas de colegiatura correspondientes a residentes texanos.
El proyecto de ley presentado por gonathan Strickland, representante estatal por el Distrito 92 con sede en Bedford, propone derogar la llamada Ley Noriega que desde principios de la década pasada incluye a los estudiantes indocumentados, también conocidos como dreamers, en la tarifa preferencial de las universidades públicas de Texas.
"El cumplimiento de las leyes es importante para la supervivencia de cualquier república constitucional", afirma Strickland en su sitio web.
"Más allá de asegurar nuestras fronteras, debemos tener en cuenta que la razón por la cual los ilegales vienen aquí es por los beneficios gratuitos que les da tanto el Estado como la Federación. Es hora de eliminar imanes como la educación y cuidado médico gratuito, y la beneficencia", agrega.
Esta es la segunda ocasión en que Strickland propone derogar la Ley Noriega que ha permitido a miles de jóvenes indocumentados con buenas calificaciones obtener una carrera universitaria. El legislador en noviembre del 2015 presentó la propuesta por primera ocasión, la cual pasó al comité de Asuntos de Estado, donde los demócratas lograron bloquearla.
Casi dos años después y en un ambiente donde posturas ultraconservadoras disfrutan un segundo aire gracias a Trump, los republicanos esperan un resultado diferente.
“Es tiempo de poner a los jóvenes de Texas primero. No más precios reducidos a quienes quebrantan la ley”, tuiteó Strickland esta semana, al dar a conocer su propuesta.
Activistas latinos ya comienzan a movilizarse en contra de esta propuesta, y tienen de aliados a algunos de los representantes demócratas que derrotaron la iniciativa en el 2015 y regresarán a la Legislatura en enero, tras haber sido reelectos.
“Pudimos frenar el cambio la vez pasada, incluso con menos aliados”, recalcó Roberto Alonzo, representante del Distrito 104 con sede en Dallas.
El legislador señaló que Strickland se contradice al expresar su oposición a la Ley Noriega.
“Ellos pueden decir lo que quieran, pero la ley aquí en Texas dice que a los jóvenes se les cobra como residentes del estado; esa es la ley”, enfatizó.
Alonzo dijo no temer que Strickland y los republicanos más conservadores perseveren en esta ocasión, aunque tanto la gubernatura como la Cámara de Representantes texana y el Senado estatal estén bajo control de ese partido.
Mientras tanto, dreamers como Flor Valdés a partir de enero –mes en que toma posesión Trump como presidente y mes en que inicia su sesión bienal la Legislatura estatal– tendrán que vivir con más preocupaciones.
“Si no hubiera estado disponible [esa tarifa], no me hubiera sido posible estudiar la universidad”, reflexionó Valdés, oriunda de la Ciudad de México y estudiante de último semestre de producción y radio en la Universidad de Texas en Arlington.
Para Valdés, la educación superior inició en el Colegio Comunitario del Condado de Tarrant, pagando la tarifa de residente texana que Strickland quiere desaparecer para los indocumentados.
Y, señala Valdés, la tarifa de residente estatal no es gratuita; ella tuvo que trabajar para costearse sus estudios del colegio comunitario, y al mismo tiempo pagar sus gastos de vida y ahorrar para la universidad.
Derrota nacional, esperanza estatal
La propuesta en contra de la Ley Noriega resurge en un ambiente de incertidumbre alimentado por el triunfo de Trump, quien durante su campaña prometió eliminar el alivio migratorio conocido como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que ha amparado de la deportación y otorgado permisos de trabajo a más de 700 mil jóvenes indocumentados.
Pero Alonzo explicó que a pesar de haber “perdido” a nivel nacional, los demócratas ganaron terreno en Texas, y sus rivales –cuando menos aquellos que no se ciegan ante los cambios demográficos– lo saben.
“La gente cree que en Texas se está acabando el mundo, pero ganamos cinco diputaciones a los republicanos, una Dallas, una en Houston, y tres en San Antonio”, señaló el veterano legislador y abogado.
The Center for American Progress calcula que eliminar DACA le restaría por lo menos 433.4 billones de dólares al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos en la próxima década.
El estado enfrenta un austero presupuesto por el colapso de la industria petrolera, por lo cual legisladores de ambos partidos tendrán que tomar en cuenta cualquier acción o ley que le cuesten dinero al estado.
“Todo se vigila, todo se va a tomar en cuenta”, explicó Alonzo.
Además, el impacto económico al estado de “descontarle” la colegiatura a los jóvenes indocumentados es menos de lo que la gente pensaría.
Según archivos de la Legislatura, en el 2013 unos 24 mil 760 indocumentados pagaban colegiatura preferencial en las universidades y colegios comunitarios de Texas. Ese número equivale solamente al 1.87 por ciento de la población estudiantil total.